Guatemala: Tiempos de intolerancia

Prensa Libre

La situación sería cómica si no fuera por la gravedad de las acusaciones. El Gobierno “peló cables” y en total violación a la Constitución ha iniciado una campaña de ataques contra las opiniones disidentes. Como si fuera un proto Hugo Chávez, el presidente Colom dice que están “en guerra” contra él. Atrás quedaron los tiempos de solidaridad. Vienen los tiempos de intolerancia.

Primero fue el Comité Ejecutivo de la UNE el que anunció una “campaña de desestabilización” en los medios de comunicación. No es que la “denuncia” dejara de ser relevante. Simplemente ya aburrieron con que cada crisis provocada por su incompetencia traten de apañarla diciendo que es una “conspiración” en su contra. Un par de días después, sendos campos pagados del Gobierno igualaban a las críticas públicas con ataques armados en contra de las fuerzas de seguridad. Ciertamente el tono oficial se había “salido del guacal”. Ahora, tener una opinión desfavorable de la gestión gubernamental es “atentar contra la institucionalidad del Estado”; es participar en una “guerra sicológica”; es “perpetuar la corrupción”. ¿Qué mosca les habría picado?

Esa misma tarde, el presidente Colom nos dio la respuesta. Dijo que consideraba las opiniones de Dionisio Gutiérrez, sobre su gestión oficial, como una “declaración de guerra”. Al señor presidente no le gustó que Gutiérrez dijera que “este gobierno no ha hecho nada”. Esa crítica provocó la conferencia de prensa del Comité Ejecutivo de la UNE, los campos pagados de prensa, radio y televisión, y las amenazas públicas del propio presidente. Emitir una opinión no es una declaración de guerra, pero esa actitud pendenciera de toda la maquinaria gubernamental sí lo es.

¿Y ahora quién podrá defendernos? El presidente controla las fuerzas de seguridad y un presupuesto de propaganda prácticamente ilimitado. La Constitución protege a los ciudadanos de ser molestados por sus opiniones, en su artículo 5. A pesar de ello, el Gobierno y el partido oficial amenazan indiscriminadamente a los disidentes. En las palabras de campo pagado son “prácticas comunes durante la época del conflicto armado”, y para ello tienen la escuela de Hugo Chávez, quien cuenta con grandes admiradores en este gobierno.

Adiós, tiempos de solidaridad. Malvenidos, tiempos de intolerancia. Aquel presidente Colom que llamó“infamia” a las falsas acusaciones por el caso Rosenberg, ya no puede alegar inocencia porque la criminalización de las opiniones ciudadanas es, también, una infamia. “No constituyen delito las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios públicos”; lo dice el artículo 35 de nuestra Constitución. Respetarlo no es una opción. Es una obligación legal y moral.