Portabilidad numérica en El Salvador: el problema es que lo olvido
"El problema no es lo que haces, el problema es que lo olvido". Esa es la forma en que Ricardo Arjona reconoce su debilidad ante los caprichos de una mujer fatal. A ese mismo texto, desafortunadamente, la mayoría de los latinoamericanos podríamos recitarlo para hacer referencia a nuestros legisladores. Que son fatales. Y entre los cuales los de El Salvador no constituyen excepción alguna.
Es indudable que la portabilidad de los números telefónicos cuando se cambia de operador, sea de línea fija o de celular, dista de ser el principal problema que afronta la sociedad salvadoreña. Alguien pudiera decir, sin temor a equivocarse, que la gente tiene problemas mucho más graves que perder su número de teléfono. Y es absolutamente cierto: puede perder la vida si a algún marero se le ocurre incendiar el microbús en que viaja.
Ello no significa, sin embargo, que legisladores y reguladores deban seguir ignorando, con una rémora sospechosa, esa barrera que el sistema impone a la hora de renovar el contrato con un operador: el Estado nos coloca a los clientes en una artificial posición de desventaja.
Los legisladores ya habían insinuado hace unos meses una particular predilección por la telefonía para hacer sus acostumbrados alardes de populismo, aprobando el decreto 250 que eliminaba el "cargo básico" de la telefonía fija. La torpeza no hizo distingos: fue exhibida por los que dicen ser de izquierda y por los que dicen ser de derecha. Ambos se llenan la boca hablando de ideología. Primero deberían tener ideas.
Y ahora, con el decreto 379, quieren borrar de un plumazo su prolongada inacción, indicándole a la SIGET que efectúe "el estudio de factibilidad para la selección de los tipos de portabilidad … y emitir el reglamento correspondiente … en un plazo no mayor de seis meses".
Se equivocan quienes, haciéndole un dócil eco a la posición de los operadores telefónicos, se refieren con desdén a la portabilidad numérica indicando que "es tan famosa por los beneficios que promete como desconocida por las cifras reales de uso". Alegan que en los mercados donde existe la portabilidad apenas el 3% de los clientes ejerce ese derecho.
El punto no es cuántos clientes efectivamente cambian de operador ("lo que se ve"), sino cuántos no necesitan cambiarse porque el operador, sabedor de la competencia potencial que representa la portabilidad, debe mejorar la oferta de sus competidores para no perder al cliente. La portabilidad hace su labor, incluso, sin necesidad de ser ejercida. Bastiat en estado puro: lo que se ve y "lo que no se ve".
El decreto 379 exige también que el servicio sea tasado y facturado al segundo exacto, "donde el tiempo sería la unidad de medida", como si la tecnología no hubiese desarrollado diferentes alternativas de prestación del servicio: tarifas planas, descuentos en ciertos horarios, etc.
Habría que informarles a los legisladores que en materia económica la "unidad de medida" es, precisamente, el dinero. Se quedaron en la prehistoria, jugando al trueque. En palabras de Arjona podríamos decirles "el problema no es que juegues, el problema es que es conmigo".
Por su parte, se equivocan también los operadores telefónicos cuando en su campo pagado califican de "antidemocrática" a la práctica de legislar en forma inconsulta. En todo caso bien podrían haberla calificado de mal informada, poco profesional, irresponsable y populista.
Pero los legisladores no dejan de ser "democráticos" por abstenerse de pedir una opinión. Los abogados que redactaron ese campo pagado debieran revisar el diccionario. Parece que el populismo es contagioso.
Son muy lamentables estos mensajes de inseguridad jurídica, que como en un dominó hacen caer la confianza, las inversiones, el empleo y el desarrollo económico. En síntesis, el bienestar de la gente.
Ante tantos signos negativos deberíamos reflexionar sobre la verdadera naturaleza del problema. ¿Diagnóstico? "El problema no es que mientas, el problema es que te creo". Quizás, también, el problema es que nos gusta.
Hasta la próxima.
El autor es Ingeniero, Máster en Economía (ESEADE, Buenos Aires) y columnista de El Diario de Hoy.
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