El Salvador: Concesiones, entre confusiones y confesiones

¿Se tratará de una torpe confusión?, ¿o será una franca confesión? Me refiero a las sorprendentes revelaciones que surgen del nuevo sainete en el que se han entreverado diputados, partidos políticos e incluso funcionarios del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), con motivo de la licitiación para contratar a la empresa que en el futuro emitirá el DUI.

En efecto, en los próximos días se aprobará el llamado a licitación para seleccionar al oferente con quien se firmará un "contrato de concesión de servicios". Se trata de una figura que, según los asesores legales, le pondría candado al concesionario que pretendiese recurrir a la justicia para hacer respetar sus derechos (¡!) en caso de que su contraparte, el Estado, decidiese cambiarle las reglas del juego.

Dejando de lado un hecho que no es menor, tal como será eliminar del concurso a quienes no estén dispuestos a aceptar ese candado (¿qué empresa renunciará alegremente a la protección de las leyes?, ¿lo hará a cambio de nada?…), analicemos el mensaje que se envía a la sociedad.

Es algo que sería cómico si no fuese porque es trágico: es el propio Estado, que a través del Poder Legislativo aprueba las leyes y que mediante el Poder Judicial las aplica, el que se opone a que quienes con él tratan tengan la osadía de hacer respetar sus derechos contractuales. Diabólico.

En verdad, el Estado no deja de tener la autoridad que le corresponde, ni pierde en absoluto el control sobre los temas que le competen, se trate de la emisión del DUI o de cualquier otro asunto, por aceptar someterse a la justicia. En todo caso, la justicia nunca le haría perder al Estado el control sobre la emisión del DUI, sino que lo obligaría a cumplir con sus obligaciones económicas contractuales. Por cierto, están muy confundidos.

Por el contrario, la voluntad implícitamente manifestada por esquivar la justicia no hace más que debilitar la seguridad jurídica, un concepto sutil de importantes implicancias económicas, que excede cualquier interpretación simplista. Las leyes tienen espíritu, y sería bueno que no fuese diabólico.

Claro que hay otras confusiones más burdas, como la puesta de manifiesto recientemente por un joven político de un partido minoritario, homónimo de su padre, un conocido diputado, cuando expresó que "la parte más sustancial es el tema de la concesión, que una empresa no pueda meter (sic) una demanda civil o comercial…". No, niño. El contrato de concesión es un asunto técnico: debe redactarse bien y punto.

Pero "la parte más sustancial", en un tema tan crítico como es la emisión de documentos de identidad, es darle absoluta certeza a la sociedad de que no votarán los muertos. Y también que el sistema será inviolable, auditable y transparente. De eso se trata, niño.

Por su parte, un respetado abogado, diputado del partido que dice ser de derecha, afirmó que "una concesión es cuando le cedo una facultad que tengo a una empresa, un muelle o la telefonía, no emitir el DUI".

El diccionario de la Real Academia Española no parece estar de acuerdo, pues define que concesión es un "negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones". Emitir el DUI es hacer la gestión de un servicio público.

Pero mientras el niño se confunde, y el respetado abogado hace afirmaciones que no tienen el aval del diccionario, somos privilegiados testigos de inesperadas confesiones. Por ejemplo, la aprobación del concepto de concesión hecha por los diputados del partido que dice ser de izquierda.

Es un buen primer paso. Y naturalmente sería muy saludable que esta novedosa adhesión a los criterios de concesión se diera también en otro proyecto, vital para el desarrollo de El Salvador, como es el puerto de La Unión. ¿Será mucho pedir?

Hasta la próxima.

El autor es Ingeniero,  Máster en Economía (ESEADE, Buenos Aires) y columnista de El Diario de Hoy.