¿Dos guatemalas pero una justicia?

Siglo XXI

Estamos más lejos que nunca de la impartición de una justicia igual para todos.

Desde el punto de vista del análisis económico del derecho, su costo sería relativamente fácil de computar en nuestros miserables y en nuestros analfabetas, en nuestros jóvenes emigrantes, en lo endeble de nuestra infraestructura, el envilecimiento de nuestra independencia, la desmoralización generalizada por el diluvio de pésimos ejemplos que nos llueven a diario desde los impunes en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial… 

Quiero aducir un caso entre muchísimos de mi conocimiento personal: el del químico farmacéutico y catedrático universitario de economía Jorge Mario Nufio, hombre sumamente capaz y productivo, docente muy popular entre sus alumnos por la claridad de sus exposiciones y el entusiasmo con que las dispensa, empresario exitoso y asesor muy apreciado. Pero con el defecto de una excesiva confianza —muy “sancarlista”— en el potencial del Estado para hacer bien y reducir el mal. 

Por un tiempo fue asesor económico de Ríos Montt en el Congreso. “Crimen” imperdonable a juicio de los adversarios políticos de ese caudillo, y también de algunos columnistas de opinión en la prensa escrita. 

Su “castigo” no se hizo esperar. El 21 de mayo del 2003 salió a la luz pública el desfalco a un fideicomiso que administraba el Banco Uno con fondos por Q350 millones procedentes del IGSS, supuestamente avalado por los cinco miembros de su Junta Directiva. Por ello purga cárcel desde entonces el gerente general, César Sandoval Morales. Su probado dolo, inexplicablemente, se hizo extensivo a todos los miembros de la Junta Directiva, incluidos su presidente, un dirigente sindical, un médico representante de la Usac, y el ya para entonces director por Guatemala del Banco Centroamericano de Integración Económica, el licenciado Nufio. 

Resultó que sin haber aprobado ese fideicomiso posteriormente abusado se le acusó (junto a los demás) de los delitos de lavado de dinero y estafa propia por el juez décimo de Primera Instancia Penal. Tales imputaciones fueron descartadas en la Audiencia de Primera Declaración del 27 de diciembre de 2005 y sustituidas por las de abuso de autoridad, peculado y fraude, que le valieron su reclusión “preventiva”, donde permanece por decisión de la jueza del mismo Tribunal, Patricia Gámez Barrera. 

Las sentencias para los demás encartados han sido absolutorias, no así para Nufio. El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal señaló el inicio del debate ¡para tres meses después! (el Código Procesal Penal fija un plazo no mayor de quince días).  Se llevó a cabo en su último día hábil de trabajo antes de las vacaciones (¡en la impartición de justicia!) navideñas y fue condenatoria. Interpuesta una apelación especial de fondo y forma, la Sala Segunda ordenó repetir el juicio. 

Otras acciones de amparo fueron denegadas. 

Se integra nuevo tribunal de sentencia penal. La audiencia se realiza este 29 de junio, tres años, un mes, y 27 días transcurridos después de que la Sala de Apelaciones había ordenado el reenvío y la repetición del debate oral, y a cuatro años, seis meses y siete días desde que se hubiera iniciado acción penal contra su persona. 

Lo más infamante es habérsele acusado por delitos sólo imputables a funcionarios públicos (aquellos que devienen salarios del erario nacional), no a quienes se les paga dietas por hacerse presentes a sesiones a las que se les convoque, su caso. 

Irónicamente, aquel año 2009 fungió de Presidente de la Corte de Constitucionalidad el respetado jurista Francisco Flores, quien a la hora de tomar posesión del cargo recordó de viva voz que “justicia que no es pronta no es justicia”. 

Honra, tiempo, producción, ahorros, malgastados todos porque jueces y magistrados, con las excepciones de rigor, ni siquiera son capaces de ceñirse a los plazos de ley, cuanto menos al fondo y a la forma de los procesos de la justicia.

¿Voluntarios para colaborar con el sector público?…