Venezuela vs Colombia: Una crisis que excede a la región

La Nación

La gravísima denuncia que Colombia acaba de formular ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que solicitó la cooperación de Venezuela y la conformación de una comisión investigadora para evitar que en el futuro los terroristas de las FARC sigan utilizando el territorio venezolano como santuario para lanzar sus operaciones, fue lamentablemente contestada con un rompimiento de relaciones por Hugo Chávez. En rigor, ésa es una admisión implícita de los cargos que se le formulan. Poco le costaba elegir la cooperación, si las denuncias no tuvieran ningún sustento.

El tema no es, sin embargo, sorpresivo. Cuanto menos la pasividad venezolana lucía evidente. Algo parecido sucedía con la actitud de Ecuador hasta no hace mucho. Desde hace rato las sospechas contra Venezuela se acumulaban. Inducidas, además, por la simpatía que Chávez nunca ha ocultado respecto de las FARC.

La cuestión es muy grave porque está claro que las FARC no respetan la protección de los civiles inocentes que, por razones humanitarias, pretenden garantizar las Convenciones de Ginebra de 1949, aplicables también a conflictos armados internos. Son entonces culpables de cometer crímenes de guerra, que no son otra cosa que delitos de lesa humanidad. Alguna vez sus responsables deberán responder por ello ante los tribunales.

Pero la cuestión excede el marco de la región. El Consejo de Seguridad tiene sobre este tema una norma que es obligatoria para todos los Estados: la resolución 1373, sancionada en 2001, que dispone explícitamente que los Estados deben abstenerse de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a quienes participen en la comisión de actos de terrorismo.

Dispone también que los Estados deben denegar cobijo a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo o prestan apoyo a esos actos e impedir que utilicen su territorio para esos fines.

Además, obliga a los Estados a proporcionar el máximo nivel de asistencia en lo que se refiere a investigaciones relativas al terrorismo, lo que no es lo mismo que agraviarse y romper relaciones. Y, finalmente, ordena impedir la circulación de terroristas por sus territorios, imponiendo controles eficaces en las fronteras. Si esos controles hubieran existido, posiblemente nada de lo que Colombia denuncia habría sucedido.

Colombia, aparentemente, trató de bajarle el tono a su denuncia, restringiéndola al ámbito de la región. Presumiblemente consciente de que la Convención Interamericana contra el Terrorismo, de 2002, dispone que los Estados parte deben promover la cooperación y el intercambio de información con objeto de mejorar las medidas de control fronterizo y aduanero para detectar la circulación internacional de terroristas.

Pero tiene, además, la obligación de dar cuenta a la comunidad internacional, poniendo lo sucedido en conocimiento del Comité Antiterrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU para que éste tome intervención. También dispone de la opción de denunciar lo sucedido ante el Tribunal Penal Internacional, ya que hay en juego toda una serie de crímenes de guerra que se han cometido contra civiles inocentes en un largo conflicto armado interno. Si hiciera esto, la determinación de responsabilidades por acciones criminales que se arrastran desde 1964 sería factible.

La cuestión excede el marco regional. No es sólo un problema entre hermanos y vecinos: es además una preocupación enorme de la comunidad internacional, que no debe ser silenciada ni minimizada. Nuestra región es proclive a encerrarse sobre sí misma y dejar así con frecuencia a la ONU de lado. Y esto es un error.

El autor fue embajador de la Argentina ante la ONU