¿Costa Rica dolarizada?

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Mientras un parlamentario colombiano propone eliminar tres ceros a la moneda nacional (cosa que ya hizo Venezuela con su signo monetario), la Asociación Nacional de Fomento Económico (Anfe) de Costa Rica presentó el proyecto de Ley de Responsabilidad Monetaria y Dolarización, en cuya exposición de motivos declara que se trata de responder a las intervenciones del Banco Central, que durante sesenta años, a juicio de los autores, "han servido para crear, de manera artificial, ganadores y perdedores en el sistema económico". Consideran que esas decisiones de política monetaria y cambiaria han servido para transferir riqueza de un grupo a otro de la sociedad, y que en ocasiones, esa transferencia de riqueza ha sido de los grupos en la sociedad que menos tienen hacia los que más tienen.

La propuesta comporta una severa crítica a la discrecionalidad de la que goza el Banco Central, ya que no se encuentra obligado a rendir cuentas a nadie por sus decisiones. A juicio de los autores de la propuesta, en varias oportunidades la intervención del Banco Central ha respondido más a prioridades políticas que a criterios técnicos, perjudicando el bienestar y la competitividad; y consideran que la creciente migración de los agentes económicos desde el colon hacia el dólar se explicaría por las decisiones desacertadas del Banco Emisor.

Desde su nacimiento como nación, Panamá utiliza el dólar estadounidense, al igual que Ecuador y El Salvador, que han adoptado esa misma moneda: en estos casos ello ocurrió en medio de situaciones de desborde inflacionario causado por el abuso de la emisión inorgánica. Al dolarizar la economía, esos países han renunciado al señoreaje monetario, de modo que no podrán emitir moneda nacional en casos de crisis recesivas, y tampoco podrán adoptar medidas anticíclicas, y tendrán que recurrir al endeudamiento externo para obtener los medios de pago necesarios. En el caso de Ecuador, es evidente que la dolarización ha implicado un aumento de sus costos comparativos de producción, pero aunque el presidente Correa la criticó como candidato, ya en el Gobierno decidió mantenerla por el temor al retorno de la inestabilidad.

El Banco Central perderá la facultad de fijar una política cambiaria y perderá también la capacidad de emisión monetaria, aunque en los casos de Ecuador y Panamá, sus bancos centrales emiten moneda fraccionaria y se concentran en su papel de banqueros de última instancia como respaldo a los bancos privados y siguen cumpliendo las funciones de manejo del encaje bancario.

Los promotores de la propuesta en Costa Rica sostienen que con ello se logrará eliminar el impuesto inflacionario, se propiciará la convergencia entre las tasas nominales de interés en moneda local y las tasas de interés en dólares (pues no haría riesgo cambiario), y así, se avanzaría hacia la reducción de la inflación. Todo ello debería reducir el riesgo país y los costos de transacción, porque desaparecería el margen de intermediación entre las monedas; y suponen también los autores, que ese clima de mayor estabilidad estimulará la inversión.
También consideran que las tasas de interés nacionales convergerán con las internacionales, pero en los casos de los países mencionados, que ya adoptaron la dolarización, dicha convergencia no ha ocurrido.