Ley reproductiva argentina, una «lotería»

BBC Mundo

Se estima que cada año unas 500.000 mujeres se someten a abortos clandestinos en Argentina, lo que representa cerca del 40% del total de los embarazos en el país. Según la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), esa tasa duplica la cifra de otras naciones de la región.

En un informe presentado este martes en Buenos Aires, HRW denuncia los obstáculos que enfrentan las argentinas para acceder a la información y la medicación necesarias para prevenir un embarazo.

La autora del estudio, Marianne Mollmann, dijo a BBC Mundo que estas dificultades hacen que muchas mujeres "utilicen el aborto como método anticonceptivo".

El hecho de que la práctica sea ilegal en Argentina significa que un gran número de estas mujeres se someten a abortos clandestinos mal realizados, lo que explica por qué ésta es la principal causa de muerte materna en el país.

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"Lo curioso del caso de Argentina es que el país cuenta con las leyes necesarias para prevenir muchas de estas muertes, ya que la legislación vigente obliga al Estado a garantizar el acceso gratuito a los anticonceptivos", señaló Mollmann.

"El Código Penal argentino también permite el aborto en caso de violación o cuando peligra la salud de la madre", agregó.

"El problema es que falta liderazgo político para implementar lo que dice la ley", aseguró.

"Lotería"

Según HRW, la salud reproductiva y sexual de las argentinas depende de una especie de "lotería".

"Según su suerte, les puede tocar un médico o servicio de salud que las atiende y les da anticonceptivos o les realiza un aborto en caso de abuso o peligro a su salud, o les puede tocar alguien que se rehúsa a tratarlas", afirmó Mollmann.

El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina (OSSyR) dijo a BBC Mundo que muchas mujeres que llegan al hospital con complicaciones por haberse realizado un aborto clandestino son maltratadas en los hospitales, "por una cuestión de estigma".

Eso también explica por qué Argentina tiene una de las tasas de decesos por aborto más altas de la región: el 25% del total de las muertes maternas, comparado con el 11%, que es el promedio en América Latina.

Parte del problema es que existe gran ambigüedad respecto a la interpretación de las leyes: algunos constitucionalistas afirman que el aborto en caso de violación sólo es aplicable si la persona abusada sufre una deficiencia mental.

Expertos consultados por este medio también dijeron que es poco clara la norma que permite el procedimiento cuando "corre peligro la salud de la mujer", ya que diversos médicos difieren sobre qué constituye un peligro para la salud.

Asunto histórico

De acuerdo con Mollmann, la reticencia para garantizar a las mujeres el control sobre su vida reproductiva tiene una causa "histórica y demográfica".

"Hasta 1985 en Argentina estaba prohibido el uso de anticonceptivos y es común aún hoy encontrar funcionarios que se oponen al planeamiento familiar por considerar que es malo frenar el crecimiento demográfico, cuando hay muchas áreas del país aún sin poblar", señaló la investigadora.

Para revertir este tipo de actitud "machista" y aportar claridad ante las ambigüedades de la ley es que HRW considera "fundamental" que el Poder Ejecutivo imponga su autoridad.

"El gobierno ha abdicado su responsabilidad de proveer liderazgo", consideró Mollmann.

Polémica

Recientemente el Ministerio de Salud causó una polémica al dar a conocer una nueva guía que estipula el protocolo que deben seguir los médicos en casos de interrupciones legales del embarazo.

La disposición indica que los expertos en salud deben realizar interrupciones del embarazo a toda mujer violada que así lo solicite y que presente una declaración jurada en la que afirma haber sido abusada.

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La difusión de la guía causó un escándalo en el país, donde muchos la acusaron de ser una legalización de hecho del aborto.

Un día después del revuelo, el ministerio emitió un comunicado aclarando que el jefe de esa cartera no había firmado una resolución al respecto, lo que convertía a la guía en una simple "recomendación" y no una ley que debe ser seguida.

Confusión

Para Mollmann ese tipo de "mensajes mixtos" sigue agregando a la confusión y hace que no sólo los médicos estén confundidos respecto de cómo deben proceder, sino que genera que las propias mujeres desconozcan sus derechos.

El Ministerio de Salud no respondió a las solicitudes de BBC Mundo para dar a conocer su punto de vista respecto al informe de HRW.

No obstante, una vocera de la cartera destacó a este medio la reciente implementación por parte del gobierno de una línea telefónica gratuita para responder consultas sobre salud sexual y reproductiva, una iniciativa recibida con beneplácito por HRW.