Colombia: El proyecto reformista de Santos comienza su andadura
Por Rogelio Núñez
Juan Manuel Santos aspira a imprimir a su gobierno un sello reformista que convierta a Colombia en un país con una economía moderna, menores índices de pobreza (45%), desempleo (12%), desigualdad y un estado fuerte.
La semana pasada se inició esa senda reformista con la presentación de un primer paquete de medidas, que vienen a marcar una nueva etapa en Colombia, caracterizada no tanto por la lucha contra las Farc (que fue el sello distintivo del ejecutivo de Álvaro Uribe) sino por el impulso a reformas estructurales en los ámbitos político, judicial, social y económico.
Julio María Sanguinetti expresó claramente en un artículo en el diario El País la diferencia entre la época uribista y la que se abría con el santismo: “los hombres siempre ponen su sello aunque las circunstancias son las que les elijen la tarea. A Uribe le tocó rescatar el Estado, recuperar el territorio, poner a los enemigos en retirada. Lo logró… A Juan Manuel le toca conducir una etapa distinta. Al enemigo en retirada deberá seguirlo acotando… Pero su desafío hoy mayor es que esta Colombia más segura pueda enfrentar mejor esos desafíos sociales que siguen pidiendo con urgencia atención. Para la tarea anterior se precisaba de ese compromiso vital temerario, casi mesiánico, que mostró Álvaro Uribe desde su primer día. Para este momento, se requiere dela flexibilidad del político y de la madurez del estadista”.
Y estas palabras de Sanguinetti han cobrado vigencia desde la semana pasada cuando Juan Manuel Santos dio un fuerte impulso a sus proyectos reformistas reuniéndose por primera vez con la llamada mesa de la ‘Unidad Nacional’ (el Partido Conservador, Fernando Araújo; el Partido Liberal, Rafael Pardo Rueda; el Partido de La U, Juan Lozano Ramírez y los representantes de Cambio Radical, Fuad Char y Germán Varón) para discutir, impulsar y coordinar la agenda legislativa con sus aliados de gobierno.
En esta cita se decidió que fueran cuatro las primeras reformas en ser enviadas al legislativo: la reforma a la ley de regalías, muy unida a su vez al proyecto de ordenamiento territorial; la ley de víctimas, la ley de tierras y la reforma a la salud. Quedarían para una próxima etapa las reformas judicial, política, electoral, el estatuto anticorrupción y el estatuto de oposición. Todo este paquete reformista se inserta dentro de un objetivo mayor perseguido por el gobierno: impulsar una legislación de claro talante reformador y modernizador que adapte a Colombia a los retos de esta década.
La reforma económica
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, es uno de los hombres claves de la reforma santista junto al de Interior, Germán Vargas Lleras. Echeverry se enfrenta al problemas de administrar un inminente boom económico, lo cual no siempre es fácil: “vamos a tener la atención internacional y vamos a tener un ingreso de recursos de petróleo y carbón que todavía está por determinarse si son muchos o demasiados…hoy podemos soñar con que por primera vez, en muchas décadas, podemos replicar lo que le pasó a China, a Chile, a Brasil y lo que le está pasando a Perú, es que podemos tener cinco o diez años de crecimiento continuo y sostenido”.
Pero el propio momento dulce lleva en su interior un reto. Echeverry ha advertido de que es necesario ahorrar para evitar una recesión en 2015 ó 2016 como pasó tras el auge de 1977-79 que ”nos mandó a la recesión del 82-84; el boom del 92-96-97 nos mandó a la recesión del 98-2001; el boom de 2010-2014, no nos puede mandar a la recesión de 2016″.
El principal cambio al que aspira el gobierno, a corto plazo, es en el terreno de las regalías, es decir, cómo se distribuyen los ingresos provenientes del auge minero y petrolero. Hasta ahora iban a las regiones y el ejecutivo aspira a que sean centralizadas para repartir los beneficios con criterios generales -de ámbito nacional- para equilibrar las finanzas públicas.
Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, impulsa paralelamente un Proyecto de Ordenamiento Territorial, a través del cual se crearía el Fondo Territorial de Regalías, que coordinaría los nuevos ingresos. Esta centralización ha creado resistencias en los departamentos que acusan a la reforma de centralista.
Oposición local a la reforma
Así, el gobernador de Santander, Horacio Serpa consideraque “no es cierto que los que ganan con las explotaciones del oro y del petróleo son los municipios y las gobernaciones. Primero, ganan las empresas que van a hacer esa exploración. Segundo, gana la Nación, porque le pagan impuestos y reparte las regalías. De los 87 municipios que tiene Santander, 6 producen regalías, y la ley dice: ‘ustedes no pueden repartir más del 15% en el lugar donde se producen las regalías”.
El proyecto de reforma a las regalías, según ha dicho Echeverry, será “la transformación más importante en Colombia en los últimos 20 años” y aspira a que esas regalías se redistribuyan por todo el territorio y no se queden en las zonas que poseen los yacimientos mineros.
La propuesta elimina la distinción entre regalías directas e indirectas, incorpora criterios de equidad regional y de equidad intergeneracional. Dentro del nuevo proyecto el Ejecutivo propone la creación de un fondo de ahorro y estabilización y establecerá un mecanismo de asignación de recursos para proyectos que tengan impacto regional.
En el medio plazo, Echeverry ha anunciado que “estaremos consolidando programas de formalización de empleados y empresarios y calibrando la estrategia fiscal de ahorro público. Un nuevo enfoque del mercado de capitales, que acostumbre a los ahorradores a conocer y tener apetito por riesgo privado, y no sólo público. Finalmente, el tema crucial para el largo plazo es poner a Colombia en la senda de la innovación, que es ubicua a todos los sectores económicos”.
Junto a la reforma a las regalías, la consolidación de la estrategia de Regla Fiscal y la reforma al sistema de salud, el otro gran reto es modificar la estructura tributaria para lograr una mayor simplificación y una mejora en la administración tributaria. El Gobierno de Santos apuesta por no subir los impuestos e incluso recortar otros, como el impuesto del 4 x 1.000, (o de transacciones financieras).
“El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos no presentará una reforma tributaria en el presente año, pero no se puede descartar a corto plazo”, ha asegurado Echeverry, quien ha vuelto a subrayar que “la iniciativa estará orientada a no incrementar los impuestos, si no que por el contrario la idea es una reducción en el IVA y la renta.
Colombia no tendría, en principio, que elevar los impuestos gracias a que está a las puertas de vivir ese auge hasta ahora desconocido de los ingresos, gracias a la exportación de productos mineros y por la previsible llegada de inversión extranjera. Carlos Rodado Noriega, el ministro de minería, asegura que se debe evitar “que se vayan a presentar efectos perversos sobre otros frentes de la economía, vía revaluación de la moneda nacional, lo que perjudicaría a otras actividades….Se está haciendo medicina preventiva para evitar que se produzcan efectos adversos sobre ciertas variables macroeconómicas que afecten la estabilidad del país. Son efectos adversos que, además, pueden golpear actividades diferentes de los sectores energético y minero”.
La reforma social
Los altos niveles de pobreza, desigualdad e informalidad obligan al gobierno de Santos a afrontar el tema social. Durante la reciente asamblea de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), el presidente pidió a los industriales un acuerdo para combatir la pobreza: “sueño con que los pobres dejen de ser pobres; con un país sin desempleo y sin pobres; creo que lo lograremos con ayuda de ustedes”.
Juan Manuel Santos consiguió el respaldo del sector privado para presentar al Congreso una iniciativa para reducir la pobreza y crear empleo formal. Se trata del proyecto de Ley de Formalización y Primer Empleo: ”esos más de 3,5 billones de pesos que van a ingresar al fisco con la eliminación de la deduccion al capital se van a traducir en capital social, en inversión en la gente y en más oportunidades”.
Con ese incremento de los ingresos, “vamos a dar otros estímulos tributarios ya no enfocados en el capital, sino en el trabajo, que es el reto que tenemos todos los colombianos…Gracias a los gremios por comprometerse a trabajar por el empleo…Lograr 3 millones de empleos formales por lo menos, unidos a los cinco sectores que hemos llamado las locomotoras para generar un crecimiento sostenido cercano al 6% en los próximos años, es una meta ambiciosa, pero posible; no en unos meses, no es fácil, pero sí en unos años”.
Santos sostiene que la iniciativa busca “demostrar” que existe “una unidad en torno a los temas para generar empleo y combatir la pobreza. para generar prosperidad democrática para todos los colombianos…Tenemos todas las condiciones para convertirnos en un milagro económico y social”.
El plan persigue crear 2,5 millones de empleos formales hasta 2014 mediante estímulos a las empresas de menos de 50 trabajadores, las más propensas a desaparecer en los primeros tres años de vida o caer en la informalidad. Echeverry quiere, como Santos, hacer de Colombia un país de clases medias: “la clase trabajadora y la clase pobre va a estar haciendo una transición, a lo largo de estos próximos diez años y 20 años, a ser clase media…pero sobre todo un país en el cual, la clase trabajadora y la clase pobre va a estar haciendo una transición, a lo largo deestos próximos diez años y 20 años, a ser clase media, es decir un país donde el ingreso de las familias va a subir”.
La reforma agraria
Una de las reformas sociales más difíciles será la agraria a la que Juan Manuel Santos se comprometió cuando dijo que quería que “los campesinos del país se convirtieran en los verdaderos dueños de las tierras más productivas y los encargados de explotarlas”. Es una reforma agraria que busca que aquellas tierras que cayeron en manos de los paramiliares, narcotraficantes o la guerrilla por medio de la violencia vuelvan a ser propiedad de los campesinos desplazados.
Algunos cálculos señalan que unos 5 millones y medio de hectáreas fueron abandonadas de forma forzada, de las cuales fueron expulsadas 385.000 familias. A dar respuesta a esto vendría el proyecto de Ley de Tierras, que impulsa el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y que tendrá como propósito el desarrollo de políticas que permitan “romper con la cadena detestaferrato” que se apoderó de las propiedades de campesinos desplazados.
Restrepo se plantea que la Ley de tierras vaya unida a una Ley de Víctimas y a la creación de una “jurisdicción especial” para la extinción del dominio de bienes de grupos ilegales, los cuales serán restituidos a las víctimas. Según Restrepo, “Colombia tiene el deber ético y moral de saldar esa deuda con aquellos despojados injustamente por los violentos de todos los pelambres”.
El propio Santos prometió el sábado devolver a los campesinos las tierras usurpadas por narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y latifundistas:
“Toda la tierra de (campesinos) desplazados por la violencia, esté hoy en manos de quién esté, se devolverá a sus dueños originales…es una política crucial de este gobierno,,,Si solucionamos ese problema de las tierras, eso tiene unos efectos en materia de seguridad, medio ambiente, producción agrícola, y en materia de evitar zonas de confrontación y conflicto, y por eso le damos tanta importancia”, aseguró ayer que “toda la tierra de (campesinos) desplazados por la violencia, esté hoy en manos de quién esté, se devolverá a sus dueños originales”.
La reforma de la vivienda y de la salud
Otros dos pilares de la reforma social serán la construcción de viviendas para afrontar el déficit habitacional y la reforma del sistema de salud.
Beatriz Uribe, ministra de Vivienda, es consciente de que la construcción de un millón de viviendas en cuatro años es un reto muy complicado pero ineludible: Colombia sufre un acusado déficit de viviendas, en el periodo 2005 – 2009 se formaron 285 mil hogares, y tan sólo se construyeron 140 mil viviendas, es decir, en torno al 50% de las necesidades.
La ministra de Vivienda ha asegurado que “es una prioridad (la construcción de viviendas), pero no estaremos enfocados sólo en vivienda, sino en los diferentes usos de la construcción que, como sabemos, es un sector generador de empleo. Será necesario que los municios estén más comprometidos en proveer suelo. Las entidades territoriales nos deben dar la mano habilitando tierra urbanizable para gestionar grandes intervenciones de vivienda y una oferta integral, es decir, con servicios adicionales (centros de salud, educación y comedores comunales, entre otros)”.
La reforma del sistema de salud es uno de los grandes debes de la gestión de Álvaro Uribe. Por eso, el Ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría Salamanca, propone una reforma al Sistema de Salud que buscará regular la calidad y sostenibilidad del sistema, y atacar temas como la atención primaria en salud, promoción y prevención, vigilancia y control, tema presupuestal y calidad en la prestación de los servicios: “creemos que la reforma, aunque urgente, debe tener el proceso de discusión que se merece y el debido trámite ante el honorable Congreso de la República”, dijo Santamaría.
La reforma que aún no se ha puesto en marcha es la de la eduación, como recuerda Sergio Fajardo, quien fuera candisato a vicepresidente con Antanas Mockus, en un entrevista en la revista Semana: “no ha pasado nada. No hemos oído una sola palabra de parte del gobierno. No concibo una unidad nacional en la cual la educación no sea un punto central. El tema de la educación siempre es una tema de campaña, pero usualmente cuando alguien es elegido se repite la historia y para la educación solo quedan las buenas intenciones”.
Reformas políticas
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, es el principal protagonista del reformas políticas y de justicia. Su papel es, junto a Echeverry, determinante en la reforma del régimen de regalías. Además, Vargas Lleras deberá pelear con los departamentos donde están localizados los recursos naturales ya que no desean perder los fondos que ahora reciben para redistribuirlos con un criterio nacional.
Vargas Lleras impulsará asimismo que el Congreso apruebe las facultades extraordinarias necesarias para que el Ejecutivo pueda, vía decreto, crear tres nuevos ministerios -Justicia, Medio Ambiente y Trabajo- y reestructurar el polémico DAS. También deberá negociar con el Polo Democrático y el Partido Verde el estatuto de oposición.
Y no sólo eso, en la agenda de Vargas Lleras está el trabajo de coordinar la redacción del texto de una ley que desarrolle la reforma política aprobada en 2009: “como ley, se puede tramitar el tema de financiación de campañas, la reglamentación de las bancadas, la democracia interna en los partidos, el estatuto de oposición, el acceso a los medios de comunicación, la financiación preferentemente pública”.
Asimismo, el Gobierno buscará la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, impedir la llegada de dinero sucio a las campañas políticas e instaurar las listas cerradas para Congreso y Senado.
Pero la reforma más importante será la del sistema de justicia. El gobierno propone acabar el Consejo Superior de la Judicatura, reformar la acción de tutela y que los congresistas tengan doble instancia en juicios.
Según el diario El Tiempo “la propuesta, que contempla cambios a algunos artículos de la Constitución, recoge iniciativas anteriores y agrega otras que, según les dijo ayer el Presidente a los magistrados, asegurarán la armonía entre los poderes y la buena marcha de la Justicia…se establece una veda de cinco años para que los magistrados de las altas cortes, el Fiscal, el Procurador, el Contralor, el Registrador y el Defensor del Pueblo puedan salir a hacer política. Como estaba previsto, se eliminaría la Judicatura, que hace las veces de gerente de la Rama Judicial, y se reemplazaría por un Consejo Superior Judicial en el que estarían representados los tribunales y funcionarios”.
Para Santos su objetivo es “llegar a un consenso con todas las cortes sobre las reformas que la justicia necesita”…dentro del espíritu de la necesaria armonía que la propia constitución supone, preservando por supuesto la independencia de los poderes…es bien importante que no solamente esta discusión se haga dentro del ámbito del Ejecutivo con el poder judicial sino que también contribuya el poder legislativo…el propósito fundamental del gobierno es acertar en la reforma que el país necesita”.
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