Otra explicación sobre la alta criminalidad en México

América Economía

“La transición  supone -dice Joaquín Villalobos- desmontar aparatos represivos, reconstruir instituciones, aprender a usar las leyes y proteger al ciudadano en vez de vigilarlo”.

La transición política abrió un nuevo espacio de libertad para la ciudadanía y competencia para los partidos políticos. En el proceso, alteró la estructura de un sinnúmero de instituciones, modificó las relaciones de poder en la sociedad mexicana y entre los distintos niveles de gobierno- y creó fisuras en los mecanismos de control que antes habían servido para impedir que los ciudadanos actuaran por su cuenta. El problema es que también le hizo la vida fácil al crecimiento del crimen organizado.

Sus estudios lo han llevado a desarrollar diversas hipótesis que intentan explicar el fenómeno más amplio. En el camino ha logrado dar una perspectiva mucho más comprehensiva del fenómeno de la criminalidad en la región, ofreciendo un punto de vista que explica otros componentes de lo que ha acontecido en estos países. Según su análisis, hubo factores que en los 90 coincidieron en varios países de América Latina: la descentralización del poder, la demanda de bienes de consumo por parte de clases medias bajas, la aparición del crimen organizado dispuesto a satisfacer esa demanda y la aparición de China como fuente de productos de bajo precio que satisfacían ese mercado.

En la perspectiva de Bergman, el mundo cambió en los 90 porque la fragmentación del poder y la aparición de clases medias emergentes crearon condiciones para que los otros dos factores incidieran y crearan un espacio de oportunidad para que surgiera la criminalidad como el que no había existido por décadas.

Cada país es distinto, pero varias naciones del subcontinente experimentaron profundos cambios en sus estructuras políticas y gubernamentales en el mismo periodo. En algunos casos el cambio se dio por el fin de dictaduras militares y el inicio de gobiernos civiles, en tanto que en otros el cambio se debió a procesos de democratización. En ambos casos, el factor medular de cambio fue que el poder se desconcentró. Esa desconcentración de poder implicó la transferencia de los otrora mecanismos de control hacia otros niveles de gobierno, mismos que, al menos en términos legales, eran responsables de la seguridad pública. Es decir, lo que antes estaba de facto en manos de las autoridades centrales ahora pasó a las estatales y locales. El problema es que esas autoridades no estaban capacitadas para lo que súbitamente les cayó y, en muchos casos, no tenían los instrumentos o la comprensión del reto que ahora era suyo. Países como Chile y Uruguay, que tienen sistemas de gobierno centralizado (unitarios como les llama Bergman), no experimentaron la desconcentración del poder y tampoco vivieron súbitos ascensos en la criminalidad.

El segundo componente del cuadro que ha desarrollado este estudioso es quizá el más significativo y novedoso. La existencia de una demanda reprimida de bienes de consumo por parte de clases medias incipientes es un factor de trascendencia no sólo económica, sino también social y política, porque demuestra tanto la mejoría de estas sociedades como el fracaso de la política económica estatista en las décadas anteriores que había impedido el desarrollo. Las clases medias emergentes observaban cómo consumían las clases medias altas, pero no tenían la capacidad económica para adquirir los mismos bienes. Esta fuente de demanda fue satisfecha por el crimen organizado.

La primera oleada de criminalidad surgió con el robo de automóviles, que con frecuencia se deshuesaban para venderlos como partes, o se exportaban a otros mercados de la misma región. Con el tiempo surgieron otros mercados: discos compactos y DVDs piratas, bienes de consumo robados y así sucesivamente. El gran corolario de este proceso fue la aparición de China como proveedor de bienes de consumo baratos y atractivos para un mercado disponible. El contrabando no se hizo esperar. Con gran celeridad, los bienes chinos inundaron los mercados de ropa, zapatos, electrónica, computación y juguetes. El consumidor de estos bienes quizá no tenía acceso al aparato de sonido o video más sofisticado o a la película de mejor calidad, pero tenía la misma diversión y oportunidad que el más encumbrado de los consumidores.

En su artículo seminal “Ventanas Rotas”, James Q. Wilson y George Kelling, argumentaban que cuando las ventanas rotas de un edificio no se reponen o reparan, no tardará un vándalo en romper todas las demás. Con esta metáfora desarrollaron una teoría de la criminalidad que argumentaba que cuando no se atiende o ataca el crimen más básico, éste comienza a florecer y a diversificarse hasta convertirse en un fenómeno ubicuo e incontenible.

Lo que Bergman ha observado en estos países sigue esa lógica: en lugar de atacar el problema cuando comenzó, los países que se democratizaron y sus poblaciones estaban demasiado preocupados con los grandes temas políticos de la transición y descuidaron lo más elemental: la seguridad de sus habitantes. El robo de coches vino seguido por la piratería, ésta del consumo de drogas y hoy estamos endrogados en un mar de violencia para el que los instrumentos del Estado siguen siendo insuficientes o inadecuados. A esta historia le falta el final feliz, pero la interpretación de Bergman deja mucho que pensar.

La desarticulación de un sistema político semi autoritario no necesariamente entraña el crecimiento de la criminalidad. Esa situación se dio en México y en otras naciones al sur del continente, porque la transición no vino acompañada del desarrollo de instituciones sólidas, capaces de contribuir al crecimiento y maduración de un sistema policiaco, de justicia y, en general, de gobierno. Ahora los mexicanos tenemos que encontrar la forma de lograr lo que los actores y autores de la transición nunca comprendieron que era central a la edificación de un país no sólo democrático, sino también moderno y civilizado.

Luis Rubio es Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), una institución independiente dedicada a la investigación en temas de economía y política, en México.