Sufre el bolsillo y la mente de Arizona con la ley SB1070

La Opinión, Los Angeles

PHOENIX – Grupos de activistas en contra de la ley de inmigración en Arizona (EE.UU.) sostienen que un mes después de que entrara en vigor la medida, ya se empiezan a sentir los efectos sociales y económicos en el estado, pese a que las demandas en contra de la controvertida legislación continúan.

Un mes después de que la ley entrara a regir, se han perdido cerca de $12 millones  debido a la cancelación de cerca de 40 convenciones y reuniones por el boicot nacional en contra de Arizona, de acuerdo con las estadísticas de la Asociación de Hoteles y Moteles del estado.

Asimismo, los negocios en ciudades como Phoenix y Tucson continúan arrojando cuantiosas pérdidas debido a la combinación de la mala economía, la falta de clientela y el miedo a la ley SB1070 que han dejado un alto número de locales a la venta, en alquiler o simplemente vacíos.

La medida, que fue implementada el pasado 29 de julio, también ha tenido un fuerte impacto social dentro de la comunidad hispana, especialmente entre los inmigrantes con o sin documentos migratorios.

“Vemos que la gente sigue viviendo sumida en el miedo, temor a ser arrestados por la Policía que continua deteniendo gente”, dijo a Efe Salvador Reza, activista y líder comunitario de la organización Puente en Phoenix.

En julio, la jueza Susan Bolton de la Corte Federal suspendió temporalmente algunos de los elementos más controvertidos de la ley estatal, entre ellos una sección que obligaba a la Policía a verificar el estatus migratorio de las personas sospechosas de estar de manera ilegal en Estados Unidos.

Reza agregó, que a pesar de la anulación realizada por Bolton, la Policía en Arizona sigue teniendo la opción de cooperar con las autoridades de Inmigración a través del programa federal 287(g).

“Creo que el mayor impacto que ha tenido la SB1070 es el temor, el miedo que obligó a mucha gente a dejar el estado, pero también este miedo nos ha obligado a organizarnos mucho mejor”, enfatizó Reza.

Por su parte, Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona, indicó que aún existe mucha confusión sobre la ley y las cláusulas que se encuentran vigentes, entre ellas, las que sancionan a las personas que alberguen y transporten inmigrantes indocumentados.

En su opinión, el efecto de la implementación de la ley puede ser medido también en el alto índice de alumnos hispanos que no regresaron este año a las escuelas públicas de Arizona a mediados de agosto.

“En las escuelas hemos tenido un impacto muy serio, hay escuelas en el condado Maricopa que reportaron un descenso de alumnos de hasta un 30 por ciento”, enfatizó la directora ejecutiva de ACLU.

También aseguró que el miedo y la confusión es tan grande, que existen muchas familias hispanas en el estado que no solicitan beneficios públicos a pesar de ser ciudadanos o residentes legales.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, presentó una apelación tras la decisión de Bolton de suspender algunas de las secciones de la SB1070 ante el Circuito Nueve de la Corte de Apelaciones de EE.UU. con sede en California.

“A finales de septiembre ACLU presentará un documento por escrito ante la Corte de Apelaciones para pedir la oportunidad de presentar argumentos durante la audiencia que se llevará a cabo la primera semana de noviembre”, finalizó Soler Meetze.

Un total de siete demandas se han presentado en contra de la SB1070 y que fueron interpuestas ante la Corte Federal en Arizona desde que fue ratificada por Brewer, en abril pasado.