Carta abierta a periodistas

Siglo XXI

Desde el inicio de sus carreras, sus mentores les enseñaron la diferencia entre  la objetividad y la difamación. Les advirtieron sobre las consecuencias morales y legales de acusar a alguien falsamente, de despreciar la verdad con mala intención. Un reportero profesional, les dijeron, se asoma a la verdad desde distintos ángulos. Se esfuerza por vivir los principios de la imparcialidad y el desinterés. Intenta atenerse a los hechos y evita tomar partido. Un columnista profesional tiene licencia para interpretar los temas que analiza, pero siempre honra la verdad. 

Aprendimos que la Constitución enmarca nuestro trabajo, siendo la libertad de expresión una vital protección al sano desempeño del quehacer periodístico. El artículo 35 es nuestra garantía: podemos expresar nuestras opiniones respecto de hechos y personas, incluyendo de funcionarios públicos y sus actos oficiales,  sin censura, cabiendo un reclamo por el afectado si se ha incurrido en una falsedad demostrable. 

Eso aprendimos. Pero ya no es cierto. La Corte de Constitucionalidad ha emitido un dictamen contrario al espíritu de la norma máxima, en el sonado caso de Marta Yolanda Díaz-Durán y el vicepresidente Rafael Espada. Díaz-Durán expresó una opinión respecto de un gobernante en funciones basada en un testimonio a su entender veraz. Su percepción fue posteriormente confirmada por otros. 

¿Tenderá este fallo aberrante a redefinir el ejercicio del periodismo en el país?   ¿Es posible dar marcha atrás? Tenemos que plantearnos estas preguntas al margen de nuestra apreciación personal de los protagonistas del suceso y sus respectivas opiniones. 

Nos asusta la posibilidad de tener que laborar despojados de la protección a la libertad de emisión del pensamiento. Seríamos unos lisiados si tuviéramos que andar de puntillas, anticipando cómo éste u otro párrafo pudiera ofender a un susceptible funcionario poderoso. Sería un esfuerzo redactar una nota, temiendo represalias arbitrarias, imprevisibles, y casi inapelables. Sería durísimo tener que anteponer consideraciones políticas, a veces turbias y difíciles de interpretar, a las normas éticas de la profesión. 

Y nos asusta más porque sabemos que ya pasó y sigue pasando. Colegas en la historia y en otros países ya vivieron esta pesadilla. Santo Tomás Moro, Erasmo y Maquiavelo recurrieron a la sátira para salvar el pellejo de violentas represalias por sus rebeldes opiniones. Miles han recurrido al pseudónimo y al exilio. Las noticias que nos llegan de Venezuela y Cuba hoy, por ejemplo, son tambores de alerta: las autoridades no sólo pueden coartar la libertad de expresión, sino también perseguir a reporteros como si fueran delincuentes.  Además pueden sobrerregular, cerrar y hasta expropiar empresas dedicadas a la comunicación social. 

Unámonos en torno a esta causa. Semejantes restricciones a la libertad de emisión de pensamiento son veneno para el buen funcionamiento, no sólo del mundo periodístico, sino también de la tolerancia religiosa y del sistema democrático.