En un Estado de Derecho no existen expropiaciones

El Heraldo, Tegucigalpa

Las instituciones internacionales de desarrollo, tanto como la comunidad internacional en sí, observan desde hace bastante tiempo muy de cerca y con mucha preocupación los gobiernos autoritarios de Latinoamérica que poco a poco han excavado y debilitado al estado de derecho de sus países.

La lista de estos gobiernos está encabezada por los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, en los cuales las expropiaciones ocurren frecuentemente: Hugo Chávez amenaza a la empresa privada cotidianamente con expropiaciones, Daniel Ortega hace lo mismo insultando a los medios de comunicación como representantes de la empresa privada en sus discursos en cada oportunidad posible. Como ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace pocos días le exigió a Ortega respetar las normas internacionales y el estado de derecho en su legislación. Por las prácticas no transparentes que violan al estado de derecho, estos países han puesto en duda su reputación internacional.

Afortunadamente, el caso de Honduras es otro. Los gobiernos actuales de Honduras –excluyendo el gobierno de "Mel" Zelaya- siempre se han resistido a la tentación de las expropiaciones ya que se ha respetado a la propiedad y a la empresa privada.

Hasta ahora.

La "nacionalización" de la frecuencia del canal 8 pone en riesgo esta buena tradición de respetar la propiedad privada que ha mantenido Honduras durante estos años. Por supuesto que cada gobierno tiene el derecho de tener un canal televisivo propio. No se trata de negarle al Congreso Nacional sus propios medios de publicidad.

Se trata de la forma en que el Congreso está violando los derechos de la empresa privada hondureña. La imagen de Honduras no se mejora si este Congreso se incorpora mediante esta actitud en la lista de los congresos de Nicaragua y de Venezuela que han aprobado expropiaciones frecuentemente.

El Congreso Nacional debe ser uno de los veladores del estado de derecho en Honduras. La forma en la que se está tratando a los dueños del canal 8 estos días demuestra que el Congreso se está alejando de esta función.