Guatemala: Más buenas intenciones

Prensa Libre

La llamada Ley de Extinción de Dominio sigue “discutiéndose” en el Congreso, y cada vez que le echo un vistazo encuentro que las buenas intenciones sobre las que supuestamente está fundamentada no justifican el riesgo que representa para los derechos constitucionales de los ciudadanos inocentes y para nuestro sistema de justicia en general.

La idea es quitarles los bienes a los criminales, “sin necesidad” de encontrarlos culpables de delito alguno. El problema es que ello equivale a asumir que todos somos culpables hasta que seamos nosotros quienes demostremos nuestra inocencia. En su versión original, cualquier propiedad que proviniese de una “actividad ilícita” sería confiscada sumariamente.

Y cualquier actividad que produjese un “incremento patrimonial injustificado” daba origen a una “actividad ilícita”. Con una definición tan amplia, prácticamente cualquier cosa podía ser calificada de “origen ilícito”…

En una versión posterior se “corrigió” este horror jurídico y se sustituyó por una serie de delitos específicos. Ahora le podrían confiscar sus bienes si, a juicio de la autoridad, usted comete delitos como el narcotráfico. Pero curiosamente agregaron muchos otros como, por ejemplo, alteración de linderos y estafa. No parecieran delitos graves que vayan atados al “crimen organizado”. Más bien pareciera que se agregaron para facilitar la confiscación express, sin necesidad de tener que probar la comisión de tales delitos. Gire un cheque sin fondos o tenga un lindero mal puesto y la autoridad lo despojará de su propiedad sumariamente.

También es preocupante que el fruto de todas esas confiscaciones se pretenda repartir entre la Policía, el Ministerio Público, los tribunales de justicia y otras entidades del Estado. Suena bonito que del dinero de los criminales se fondee la justicia, ¿no? Pero es un grave error promover el “incentivo de lucro” entre esas instituciones. Es el equivalente de pagarle al árbitro un bono por cada gol que mete el equipo local. Se desnaturaliza totalmente la equidad y la neutralidad. Cuanta más propiedad sea confiscada, más jugosos serán los presupuestos. La justicia y los derechos ciudadanos habrán pasado a un segundo lugar. Lo importante será confiscar, confiscar y confiscar, para tener mejores prestaciones.

De nuevo: las buenas intenciones no sustituyen el sentido común; son un camino seguro al infierno. La decisión de proveer de presupuestos adecuados a nuestras fuerzas de seguridad y operadores de justicia debe ser una decisión política, reflejo de las prioridades nacionales. Pagarles “por comisión” es un grave error que no solo crea incentivos perversos, sino que institucionaliza la corrupción. Por estas y tantas otras razones la ley de extinción de dominio debe ser extinguida.