Contra la expulsión de gitanos

Instituto Juan de Mariana

Desde julio de 2010, el Gobierno francés ha desmantelado al menos 51 campamentos ilegales y repatriado a 1.230 gitanos a sus países de origen. Sarkozy arguye que los campamentos eran fuente de “tráfico ilegal, explotación de niños para la mendicidad, prostitución y crimen, con miserables condiciones de vida”. Estas drásticas medidas, que algunos han comparado con las deportaciones de judíos por parte del régimen de Vichy, se han introducido después de que un grupo de gitanos atacara una estación de policía y vandalizara el pueblo de Saint-Aignan.

Los defensores de Sarkozy suelen contentarse argumentando que la iniciativa está perfectamente encajada dentro de la legalidad francesa. Los gitanos europeos no necesitan visado para entrar en Francia gracias a la libertad de movimientos reconocida por la UE; pero bajo las leyes de inmigración francesas, si al cabo de tres meses no pueden demostrar que tienen empleo, estudian o disponen de ingresos suficientes, pueden ser expulsados. Por tanto, cualquier comparación con políticas de deportación genocidas está fuera de lugar.

Pero este recurso al positivismo legal (“justicia es lo que dice la ley”) implica que no hay principios éticos desde los que enjuiciar la legislación vigente de forma independiente. Eso puede ser así para quienes no tienen otra moral que la que dicte (y revoque) el Estado en cada momento. Pero quienes tenemos convicciones liberales debemos poder tachar la legislación vigente de injusta si no se atiene a los derechos individuales. La libertad de expresión no es legal en Cuba y el adulterio está penado en Irán, pero a nadie se le ocurriría apelar a sus leyes escritas como prueba de que no están haciendo nada injusto. De modo que vayamos a enjuiciar estas medidas, legales, de expulsión de gitanos sin papeles.

¿Qué crímenes han cometido los gitanos de esos campamentos para que sea justo expulsarles del país? Desde un punto de vista liberal sólo cuentan los crímenes con víctima, y entre ellos no se incluyen ni la prostitución, ni el comercio de drogas, ni tampoco la ocupación de un terreno comunal deshabitado y de titularidad pública. Si hay gitanos que roban o vandalizan los pueblos vecinos, que se les expulse por eso, se les encierre entre rejas o se les fuerce a trabajar para la comunidad.

Los términos “inmigrantes ilegales”, “asentamiento ilegales” etc. son invenciones del Estado que no deberían ser aceptadas acríticamente. El Gobierno tiene su propia agenda y hace un uso interesado de las etiquetas. No hay razón para pensar que esta política de expulsiones tiene una motivación racista (no se está expulsando a todos los gitanos de Francia, sino a aquellos que no cumplen con determinados requisitos legales). Pero tampoco es razonable pensar que a Sarkozy le mueve el afán de justicia y no las ansias de captar votos derechistas exhibiendo una imagen de mano dura que en Francia tiene ahora rédito electoral.

La noticia entronca con el debate sobre la libertad de movimientos. Es difícil reconciliar una postura favorable a la libertad de inmigración con el respaldo a las expulsiones de gitanos. Cabe preguntarse qué sucedería en una sociedad libre donde no existieran fronteras políticas y se respetara escrupulosamente la propiedad privada. Se penalizaría a los inmigrantes que vandalizaran propiedad ajena, sin duda, pero ¿con qué derecho se les iba a expulsar de un terreno yermo que no era previamente de nadie?

La mayoría de los “campamentos ilegales” no están ni en fincas privadas ni en terrenos donde los contribuyentes pueden reclamar cierto derecho de propiedad por haber sufragado gastos de conservación o cuidado (como sería el caso de un parque). Tampoco estamos ante casos más problemáticos como el de una reserva natural o una zona de patrimonio histórico. Hablamos del mismo terreno baldío que en el viejo oeste: cuando el Estado apenas se arrogaba prerrogativas, se consideraba apto para ser colonizado. Lo contrario implica conceder al Estado un derecho de propiedad sobre todo el territorio no ocupado por particulares y empresas. ¿Cómo se justifica desde el liberalismo semejante derecho? Apelando al principio de apropiación lockeano seguro que no.