Piedad y los olvidados

El Tiempo, Bogotá

Apenas se conoció la sanción que el procurador Ordóñez le impuso a la senadora Piedad Córdoba, los medios de comunicación fueron sacudidos por un vendaval de reacciones contrarias. Sus amigos y ella misma calificaron su destitución y su inhabilidad para ocupar cargos públicos durante 18 años de abierta persecución política. En cambio, una franja mayoritaria de colombianos (más del 60 por ciento, según los sondeos de opinión) consideró que la medida era justa por las vinculaciones que la senadora tendría con las Farc.

Desde luego, el Procurador tiene a este respecto un buen número de pruebas. Provienen de los mensajes encontrados en el computador de 'Raúl Reyes', a los cuales seguramente se añadirán los que aparezcan en los computadores del 'Mono Jojoy'. Pese a lo que dice la senadora y sustentan sus abogados, es difícil dudar de que no sea ella la 'Teodora Bolívar', 'Dorotea' o 'la Negra' mencionadas por 'Reyes' en sus correos. Los desplazamientos o salidas del país del personaje encubierto por estos seudónimos corresponden a los que en esas fechas hacía la senadora.

Ella tiene, de igual modo que Gloria Cuartas, el padre Javier Giraldo o el Partido Comunista, una filiación ideológica muy cercana a las Farc, lo cual en sí no es delito en un país donde existe y se respeta la libertad de opinión. No creo, por otra parte, que la vistosa senadora del turbante apruebe crímenes y secuestros de la organización guerrillera. Inteligente, sospecho que no le ve porvenir alguno a la lucha armada como medio de llegar al poder. En cambio, su concepción debe de ser la misma o muy cercana a la del presidente Chávez, de Correa, Evo Morales y Daniel Ortega, llegados al poder por la vía electoral y empeñados en sentar las bases de un sistema muy cercano al castrismo, identificado como "socialismo del siglo XXI".

¿Dónde estaría entonces el delito que justificaría la destitución de doña Piedad y su inhabilidad para ocupar cargos públicos durante 18 años? En la ley que castiga nexos con organizaciones armadas ilegales, sean las guerrillas, los paramilitares o los narcotraficantes. Y esos nexos, en el caso de la senadora Piedad Córdoba, existen y no sólo -como ella debe aducir- para obtener el rescate de los secuestrados o las opciones de diálogos de paz. Lo suyo, según lo ha explicado con claridad el procurador Ordóñez, va más lejos. Es algo que tiene ribetes de complicidad y alianza en torno a objetivos comunes con la guerrilla.

No obstante, Piedad Córdoba se propone acudir a foros y tribunales internacionales para denunciar una supuesta persecución política contra ella. Y no sería raro que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atendiera favorablemente su reclamo. Lo aberrante y escandaloso es que quienes merecían tal atención de esos tribunales son los militares, ex senadores y funcionarios del gobierno de Uribe víctimas, ellos sí, de una real persecución política por parte de la Corte Suprema de Justicia. Detenidos o condenados sin pruebas, con base en falsos testigos y falsos testimonios, hoy son para mí los olvidados del pabellón Ere de La Picota. Así los llamo, los olvidados, porque sin que nadie los recuerde se encuentran recluidos en el mismo pabellón donde antes se hacinaban leprosos, tuberculosos y enfermos mentales. Espero recoger su drama en un informe para el cual pediré la hospitalidad de este diario.

Son los casos escandalosos de Álvaro Araújo Castro, del coronel Plazas Vega, del general Uzcátegui, de Mario Uribe, de Gómez Gallo, Jorge Noguera, Ciro Ramírez, Gonzalo García, Miguel Ángel Bermúdez, Jaime Bravo Motta y tantos otros. Las medidas, fallos o condenas de que han sido víctimas merecerían una cuidadosa revisión.

Triste realidad: los falsos acusados por 'parapolítica' no suscitan solidaridad ni la misma atención que hoy tiene el caso de Piedad Córdoba. Y dígase lo que se diga, en torno a él se abre al fin el expediente de la 'Farcpolítica', una realidad que hasta ayer no más nuestra justicia había pasado por alto.