Internet, otro campo de batalla ganado por el gobierno bolivariano

"Internet no puede ser una cosa libre donde se haga y diga lo que quieran", dijo entonces al referirse a un portal local al que acusó de publicar una información falsa. Pero su orden no fue cumplida por la Asamblea Nacional por la gigantesca polémica que suscitó tal medida.

Los parlamentarios decidieron esperar un momento más conveniente, en un context de víspera navideña y suspensión de clases por emergencia lluviosa, para incluir en un paquetazo de leyes aquellas normas que buscan regular los medios audiovisuales y digitales.

Fue así como aprobaron esta semana en primera discusión las reformas a la ley de responsabilidad social en radio, televisión (ley Resorte) y a la ley de telecomunicaciones, a pesar de las múltiples críticas que esto ha provocado en el país y en el extranjero.

Las críticas a esta medida legislativa se han multiplicado por doquier, incluso con fuertes repercusiones internacionales, desde Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa o la Asociación Interamericana de la Radiodifusión, entre otras.

Pero en las afueras del Congreso no son bienvenidas las protestas pacíficas. Ayer fue golpeado duramente en la cabeza el director de Espacio Público, Carlos Correa, mientras hacía entrega de una carta a la Asamblea Nacional en nombre de la "Alianza por la libertad de expresión", la cual agrupa a varias ONG, gremios y centros de investigación de la comunicación social en el país. "Lanzaron un cono que me pegó directamente en la cabeza", declaró Correa, con heridas visibles en su frente.

Horas antes, el activista de los derechos humanos había publicado un comunicado donde argumentaba por qué la nueva ley Resorte limita seriamente la difusión de ideas, el debate y el pluralismo en Internet. "Establece sanciones agravadas que alimentan la inhibición y la autocensura", destacó en el texto.

Una de las regulaciones de la reforma de la ley de medios que ha causado mayor conmoción es el artículo 8, el cual extiende a Internet la prohibición de difundir "en ningún horario" mensajes que "pudieran incitar o promover al odio y la intolerancia, incitar al delito, que puedan constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía, que puedan inducir al magnicidio, que atenten contra las buenas costumbres", entre otros.

La ley establece que serán los proveedores de Internet los responsables de los contenidos prohibidos. Se aplicarán multas del 10% de los ingresos brutos del año anterior y la suspensión del servicio por 72 horas.

El presidente de la Comisión de Medios del Parlamento, Manuel Villalba, aseguró que estas reformas "contribuyen con el desarrollo del país".

Al comunicólogo y director del posgrado de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Marcelino Bisbal, esta reforma le recuerda aquel proyecto de ley de delitos mediáticos que quiso introducir la fiscalía hace unos meses y que no se discutió por el rechazo que produjo. El problema, explicó a La Nacion, es la discrecionalidad con la que se decidirá cuál de los mensajes constituye un delito.

"La razón detrás de estas leyes es política, no técnica. Es obvio que la medida va dirigida a censurar a los medios privados, pues los medios oficialistas o públicos están exentos de esta ley. ¿Quién va a penalizar a aquellos funcionarios o al propio presidente, cuando inciten al odio o a la intolerancia en los medios?", se preguntó Bisbal.

Para el analista, la consecuencia más grave es la autocensura porque teme que de ahora en adelante tanto los proveedores como los medios digitales y los usuarios se inhiban al emitir una opinión o información que pueda ser incómoda para el gobierno. Advierte además que la ley dicta en su artículo 1 que quedan sujetas a las prohibiciones otras modalidades de difusión electrónica, como las redes sociales (Facebook y Twitter).

Por otra parte, aunque se suavizó la reforma de la ley de telecomunicaciones al eliminar el artículo que permitía crear el punto de acceso único para Internet controlado desde el Estado, la normativa es aún rechazada pues se cambió el carácter jurídico de las telecomunicaciones; ahora pasan a ser un "servicio público" regulado desde el Estado.