Un secuestro nada insulso
El Universal – CEDICE
La escandalosa habilitación por año y medio concedida al presidente de la República por una Asamblea Nacional a la que le faltaban pocos días para expirar, sacudió hasta la dura caparazón de José Miguel Insulza, el acomodaticio secretario general de la OEA. La tesis del Primer Mandatario según la cual requería esa ley para atender las calamidades causadas por las lluvias no engañó a nadie. A este exabrupto hay que sumar la aprobación, a última hora, del Reglamento Interior y de Debate que amputó varios miembros del nuevo Parlamento. En Latinoamérica todo el mundo político democrático sabe que los torrenciales aguaceros fueron la excusa del Mandatario para alcanzar varios propósitos, ninguno ligado al bienestar de la gente castigada por la Naturaleza. Las razones que preocupan a Insulza hay que reforzarlas. Insólito: la vieja AN secuestró a la nueva.
La LH era innecesaria. La catástrofe pudo atenderse con la Ley Orgánica de Crédito Público, la cual prevé que ante calamidades naturales o de otro género, el Gobierno puede proveerse de recursos financieros extraordinarios para satisfacer las demandas ciudadanas.
Las decisiones de la Asamblea fueron ilegítimas. La inmensa mayoría de los diputados moribundos (90%) no repetiría en la nueva Asamblea, aparte de que muchos habían sido electos con algo más de 1.000 votos en 2005. Eran tan raquíticos que carecían de representatividad. A duras penas expresaban el cuadro político de hace un quinquenio, ya completamente modificado. Maniataron a la actual AN para complacer los caprichos de un autócrata insaciable con el poder.
Se buscó concentrar más autoridad en el Presidente. La LH no se restringe a la atención de la emergencia causada por las lluvias, sino que regula otros sectores. El Artículo 1, numeral 4, dice: el Presidente podrá dictar leyes "en el ámbito de la ordenación territorial, el desarrollo integral y el uso de la tierra urbana y rural". Se busca introducir la "Nueva Geometría del Poder", rechazada en el referendo constitucional del 2-D. Además, le otorga competencias en los siguientes ámbitos, ninguno ligado directamente con los aguaceros: seguridad ciudadana y jurídica, seguridad y defensa integral de la nación, cooperación internacional y sistema socioeconómico de la nación. En prácticamente todas las esferas de la vida del país la AN le confiere competencias al Presidente para que dicte decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, aumentando así la capacidad discrecional de un Primer Mandatario que ya detenga excesivo poder.
Se trató de minimizar el triunfo de la oposición el pasado 26-S. La resonante victoria obtenida por la alternativa democrática en las elecciones legislativas, cuando obtuvo 52% del total de las papeletas emitidas y 67 diputados, quedó opacada por la arbitrariedad de la AN anterior. Se intentó desconocer la voluntad popular y reducir el peso del voto como instrumento de cambio. Si el pueblo hubiese querido que el Presidente gobernara por decreto le habría entregado la mayoría de los sufragios. En esa cita los ciudadanos se pronunciaron por una AN plural que sirviera de balance y contrapeso al Ejecutivo. El Mandatario escamoteó esta decisión. Se repite su comportamiento con los gobernadores y alcaldes opositores electos en los comicios regionales de noviembre de 2008.
La LH constituye un acto de usurpación y un ataque a la autonomía de los poderes. En la práctica esos diputados y el presidente de la República allanaron al Parlamento naciente. Fue un "fujimorazo" sin tanques. El jefe del Estado se propuso marginar a los diputados entrantes y al Poder Legislativo, y arrogarse atribuciones propias de los legisladores. La AN quedó despojada de contenidos esenciales y sometida, en la práctica, a los dictados del jefe del Ejecutivo Nacional.
La arremetida global contra el sistema democrático busca desmoralizar, atemorizar e introducir el miedo en la fibra más íntima de los ciudadanos, con la finalidad de que sientan que ningún esfuerzo vale la pena, ninguna elección tiene sentido, ninguna victoria es trascendente y que el único e imperecedero poder es el del Presidente.
El clima internacional que se ha creado con la aprobación de la Ley Habilitante, el nuevo Reglamento Interior y de Debates y el nombramiento de un exguerrillero que no cree en el Poder Legislativo, debería aprovecharlo el Bloque Democrático para que el Parlamento recobre sus funciones plenamente. Para esto votaron los demócratas el 26-S.
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