De mal en peor: EE.UU. expande las medidas contra empresas que contratan a ilegales

En una entrevista, John Morton, jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) una oficina del Departamento de Seguridad Interna, dijo que el Centro de Inspección de Cumplimiento de la normativa laboral va a "enfrentar la necesidad de realizar auditorías incluso de los empleadores más grandes con una cantidad muy significativa de inspectores".

Morton dijo que el centro contará con especialistas que analizarán la documentación I-9 de las compañías que son seleccionadas para las inspecciones.

En el año fiscal que terminó el 30 de septiembre pasado, el ICE realizó inspecciones en más de 2.740 empresas, casi el doble que en el año anterior. La agencia aplicó un récord de US$ 7 millones en multas a empresas que empleaban trabajadores ilegales.

La actividad de la agencia durante el gobierno del ex presidente George W. Bush se concentró en redadas de alto perfil en los cuales eran detenidos miles de inmigrantes ilegales con los que se comenzaban luego procedimientos de deportación. Relativamente pocas compañías y ejecutivos fueron acusadas.

En contraste, el gobierno Obama ha hecho que los empleadores sean el foco de su política inmigratoria con "redadas silenciosas". Los críticos dicen que esta política ha penalizado a los pequeños empleadores y no se ha centrado en los grandes.

Morton dijo que el nuevo centro tendrá la "intención expresa" de proveer apoyo a las oficinas regionales de inmigración realizando grandes inspecciones. "No nos vamos a limitar por el tamaño de la compañía", dijo.

Las inspecciones, que han afectado a fabricantes de prendas de vestir, productores de frutas y empacadores de carne, resultan en el despido de cada inmigrante ilegal que esté en la plantilla de la compañía. Las compañías dicen que esto las perjudica, especialmente si no pueden atraer trabajadores estadounidenses incluso durante una depresión económica.

El año pasado, por ejemplo, Gebbers Farm, un grupo agrícola de Brewster, estado de Washington, despidió a alrededor de 550 trabajadores –alrededor de la cuarta parte de la población local- luego de que ICE dijera a la compañía que la cantidad de documentos sobre contratación de empleados era sospechosa. La compañía no quiso hacer comentarios para este artículo.

Tom Roach, un abogado especializado en temas de inmigración de Pasco, estado de Washington , dijo que uno de sus clientes perdió más de la mitad de su fuerza de trabajo debido a una inspección. "Había pagado cada centavo de los impuestos que debía pagar por ellos", dijo. Pero los empleados habían presentado tarjetas de la seguridad social que la empresa de paisajismo no podía discernir que eran falsas, explicó Roach.

Los dueños de pequeñas empresas, en particular, saben que no tienen la capacidad de controlar a sus trabajadores. También temen las demandas por discriminación, como las que han experimentado algunas compañías, si piden documentos adicionales a trabajadores de los cuales sospechan que están en el país ilegalmente.

Angelo Paparelli, un abogado especializado en inmigración en Nueva York y el sur de California, dijo que " necesitamos que los empleadores no tengan que cumplir las funciones del gobierno, como el control de la inmigración".

"Al final, está en el interés financiero de las compañías cumplir proactivamente con la ley ahora más que enfrentar en el futuro potenciales multas o acusaciones criminales por no cumplir las normas", dijo una portavoz de ICE.

Morton dijo que ICE también está buscando expandir un programa que permite a las empresas trabajar con el gobierno federal para asegurar que están empleando a personas autorizadas a trabajar en Estados Unidos. Llamado Acuerdo Mutuo entre Gobierno y Empleadores (o IMAGE, por sus siglas en inglés), el programa voluntario incluye capacitación y evaluaciones para ayudar a las compañías a no contratar trabajadores ilegales.

Morton también anunciará este jueves que Tyson Foods Inc, que emplea a 100 personas y ha enfrentado problemas derivados de la inmigración ilegal, se unió al programa, aceptando una inspección de "cierta parte de la documentación existente". El procesador de carne de aves, dijo que ya ha dado pasos para asegurar que su fuerza de trabajo sea legal y también acordó establecer un proceso de control interno, agregó Morton.

El funcionario dijo que Morton podría abrir el camino a otras grandes compañías para que se unan al programa. Tyson enfrentó varias acusaciones de contrabando de personas en un juicio de alto perfil que terminó en su absolución en 2003.

"Creemos que esta asociación va a incrementar nuestra capacidad de colaborar con los funcionarios del gobierno en asuntos vinculados a la inmigración", dijo el jefe de Recursos Humanos de Tyson, Ken Kimbro.

"Tyson se dio cuenta de que emplear a trabajadores no autorizados suponía un riesgo para sus operaciones y dio un paso adelante para administrar ese riesgo", dijo Mark Reed, un ex agente de inmigración que dirige Border Management Services, una empresa de consultoría que ha asesorado a Tyson.

Desde que ICE comenzó el programa IMAGE en 2006, solamente 115 compañías se integraron, ya que muchas son renuentes a abrir sus documentos al análisis del gobierno y a invertir en capacitación y nuevos sistemas para mejorar sus sistemas de verificación, explican los expertos.

Alrededor de 11 millones de inmigrantes ilegales viven en Estados Unidos, de acuerdo con cálculos del gobierno. Sin ellos, sostienen los expertos, sectores como la construcción, la hotelería y la agricultura se verían forzados a radicalmente cambiar la forma en que operan, lo que aumentaría fuertemente sus costos o limitaría los servicios que proveen.