La agenda antiperforaciones de Obama cuesta empleos por todo el país

Heritage Libertad

En Illinois se gastaron en los tres pasados años $376.2 millones en perforación de aguas poco profundas, según un análisis de 14 compañías de petróleo y gas que invierten dinero en proveedores y subcontratistas. El grueso de ese dinero —$242.2 millones— se empleó en el distrito de Chicago al que representa el congresista Danny Davis (D–IL).

Esto constituye pruebas frescas de que la agenda antiperforaciones está teniendo un efecto dominó en todo el país desde el derrame de petróleo del año pasado, perdiéndose empleos no sólo en Luisiana y Texas sino también en comunidades muy alejadas de los astilleros del Golfo de México. 

El estudio de Shallow Water Energy Security Coalition dibuja una imagen de ramificaciones económicas de alcance nacional. Ni siquiera se puede culpar a Obama de politiquear. Cinco de los estados que más se benefician de la perforación en aguas poco profundas respaldaron su candidatura en 2008. Y los demócratas representan muchos de esos distritos electorales que pueden perder millones.

El costo en empleos es tremendo. Un nuevo análisis del profesor Joseph Mason de la Universitad Estatal de Luisiana, calcula que las pérdidas de empleos en todo el país debidas a la moratoria de perforaciones serán 19,000 y las pérdidas de salarios $1,100 millones. Alrededor de un tercio de estos empleos están fuera de la región del Golfo.

Casi un año después de imponer su agenda antiperforaciones, queda bastante claro que Obama está llevando a cabo una política equivocada que causa amplios perjuicios.

Y las pérdidas de empleo no son la única consecuencia. El deliberado retraso de la administración Obama para conceder permisos de perforaciones tanto en aguas profundas como poco profundas ha llevado a un fuerte descenso de la producción de petróleo en el Golfo de México este año. La Agencia de Información de la Energía (EIA) calcula que son 240,000 barriles menos cada día.

Con precios de la gasolina a un promedio de $3.56 por galón, no es el momento de producir menos. La única manera de disminuir la dependencia de América del petróleo extranjero es generar mayor cantidad en casa.

La reciente aprobación de nuevos permisos de perforación en el Golfo de México es una iniciativa de esta administración que es bienvenida y que debía haberse tomado hace mucho, pero tampoco es para tirar cohetes. El ritmo de concesiones es muy inferior al promedio histórico y no hay indicios de que la Oficina de Administración, Regulación y Supervisión de Energía Oceánica (BOEMRE) tenga ningún deseo de llevar la producción de nuevo a niveles anteriores al derrame.

Hasta que eso ocurra, espérese más malas noticias como las circunstancias desafortunadas de Seahawk Drilling, que tuvo que acogerse a la protección del Capitulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos como resultado directo de los retrasos burocráticos de BOEMRE. El presidente y director general de Seahawk, Randy Stilley, en un artículo en el Washington Post, esbozaba una funesta imagen:

La drástica ralentización de la concesión de permisos por el gobierno para operaciones de perforación en aguas poco profundas —en las que las compañías trabajan en formaciones geológicas conocidas, típicamente con menos de 500 pies de agua, sobre todo para extraer gas natural— casi ha paralizado a la industria. Los sobrevivientes (por ahora) como Hercules permanecen a flote en gran medida gracias a los ingresos que obtiene en sus operaciones fuera de aguas de Estados Unidos. Dicho de otra forma, una industria antaño orgullosa, nacida en el golfo durante la administración Truman ya no puede sobrevivir sólo gracias a operaciones en su propio patio trasero.

A no ser que algo cambie pronto, Seahawk Drilling no será la única en esa tesitura. Las empresas radicadas en Illinois, Pensilvania, Wisconsin, California y Nueva York —principales receptoras de la inversión en perforación en aguas poco profundas— también se enfrentarán a consecuencias económicas.

Es hora de que los legisladores se den por enterados. El congresista John Sullivan (R–OK) que representa un distrito con inversiones de $87.2 millones en aguas poco profundas estos tres años, se da cuenta del impacto. Nos dijo: “Continuar manteniendo bajo llave los recursos nacionales energéticos por no dar permisos de perforación sólo sirve para poner en riesgo empleos americanos, hace subir los precios de la gasolina y aumenta nuestra dependencia del petróleo importado”.

Las cosas no tienen por qué ser así. La Cámara de Representantes debe continuar su rigurosa supervisión de la administración Obama, enfrentándose a las excusas que pone esta y presionando cuando sea necesario. El futuro energético de América depende de ello.

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org