También Rafael Correa arremete contra la libertad de opinión

El Diario Exterior

En América Latina, los llamados países “bolivarianos” evidencian la existencia de un grave denominador común entre todos ellos: el de estar empeñados en deformar perversamente las instituciones centrales de la democracia. Hasta hacerlas irreconocibles.

En paralelo, están asimismo restringiendo severamente la vigencia de las libertades individuales. Especialmente, la de la libertad de opinión.

Desgraciadamente, también la República Argentina parece transitar ese camino. Con simulaciones, disimulos y cortinas de humo de todo tipo. Desde el Poder Ejecutivo (que opera envuelto en un chocante “culto a la personalidad”) se utiliza el poder de policía administrativo para presionar a todos quienes no se alinean con los objetivos del gobierno.

El Poder Legislativo, en expresión inédita de sumisión, ha delegado sus facultades al Poder Ejecutivo, incluyendo hasta las presupuestarias, concentrando así, en la presidencia, la “suma del poder público”.

En la justicia, hay magistrados que carecen de independencia e imparcialidad, en todos los niveles, lo que se evidencia de mil maneras: en las demoras procesales que permiten la prescripción de las causas, incluyendo las que tienen que ver con una ola de burda corrupción oficial, sin precedentes entre nosotros; en el rincón de impunidad que se ha estructurado a favor de quienes pueden haber cometido delitos aberrantes contra civiles inocentes que son crímenes de lesa humanidad, en la década de los 70; desde la subversión, a los que se califica de meros delitos comunes, ya prescriptos; y la selección torcida de los magistrados a través de la reforma del Consejo de la Magistratura que condujera la propia Sra. Fernández de Kirchner, cuando se desempeñara como senadora nacional, con su marido en la presidencia, que permitió controlar políticamente ese mecanismo.

A todo ello cabe agregar: (i) la perversión de todos los principios de la ética pública, que ha llegado hasta a falsificar las estadísticas públicas, para así esconder problemas y exagerar los logros; (ii) el uso indebido de los fondos públicos para publicitar constantemente al gobierno nacional; y (iii) las restricciones constantes a la libertad de opinión, en procura de instalar un discurso único.

No es poco. Pero en octubre venidero los argentinos demostrarán en las urnas si han advertido -o no- la grave encrucijada frente a la que se encuentran. Con las libertades centrales en juego.

En ese patológico escenario argentino, los ataques a la libertad de prensa y de opinión son arteros y constantes. Los medios y periodistas que no se pliegan al discurso oficial o que, peor, se animan a disentir son constantemente demonizados, perjudicados y agredidos.

Lo mismo que sucede desde hace rato entre los bolivarianos. La intimidad y coincidencia que existe entre estos regímenes -en esta peligrosa política- acaba de hacerse notoria al conferirse, por parte de una Universidad pública argentina, un premio al “mérito periodístico” nada menos que a Hugo Chávez, en una demostración de hipocresía y cinismo realmente muy poco común.

Mientras tanto, en Ecuador, el “bolivariano” Rafael Correa hace lo propio. De todas maneras. Acaba de demandar penalmente al diario “El Universo”; a su Director, Carlos Pérez Barriga; al editor de la sección de opinión, Emilio Palacio; y a un articulista, alegando haber sido objeto de “mentiras”, presuntamente injuriantes, lo que es más que dudoso. Solicita se condene al medio referido a pagarle una indemnización de 30 millones de dólares y que se condene asimismo, en 50 millones de dólares más, a los otros demandados, personalmente. Además, no conforme con la búsqueda de dinero, solicita se los condene a cuatro años de prisión.

Como si los funcionarios públicos, simplemente por su carácter de tales, no tuvieran que ser objeto de seguimiento y críticas especiales desde los medios, en una función de vigilancia, seguimiento y control que hace a la esencia de las instituciones republicanas. Como si todos debieran, en cambio, asegurarle la más completa impunidad. En todos los órdenes y frentes de su actuación.

Uno podría, no obstante, señalar que parece que “en todas partes se cuecen habas”. Y es así. Que por ejemplo, en Turquía se acaba de condenar al Premio Nóbel, Orhan Pamuk, a pagar una indemnización de 3.000 euros a quienes se consideraron perjudicados u ofendidos por sus declaraciones calificadas de “atentado contra la “turquicidad”. ¿Cuál fue, en este caso, el presunto e imperdonable atentado? Haberle dicho a un semanario suizo: “aquí (en Turquía) se han matado 30.000 kurdos. Y un millón de armenios. Y nadie se atreve a hablar de ellos.” Lo que se consideró como un ataque al honor de los turcos. Aunque sea decir estrictamente verdad.

Los esfuerzos por silenciar a los medios e impedir las críticas y las disidencias se multiplican. Por todas partes. Frente a ellos, no debe olvidarse que garantizar la libertad de opinión tiene una importancia absolutamente fundamental, puesto que, cuando ella desaparece, las demás libertades quedan en peligro. Sin excepciones.

Emilio J. Cárdenas fue Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.