Colombia y el caso Arias Cabrales: Teorías en vez de pruebas

El Tiempo, Bogotá

Una monstruosidad jurídica, ha dicho el general Hárold Bedoya. Atroz, abominable, indignante son también algunos de los calificativos que llueven con toda razón sobre la sentencia que condena a 35 años de prisión al general Arias Cabrales.

Quien haya leído las 361 páginas de esta sentencia firmada por la jueza María Cristina Trejos no puede decir otra cosa. Como en el caso del coronel Plazas Vega, no hay una sola prueba que permita hacer responsable al general Arias de la desaparición forzada de 11 sobrevivientes del Palacio de Justicia.

Muchas fallas advierten los juristas en estas sentencias. La primera es la de no haber tomado en cuenta que en 1985 no existía el delito de desaparición forzada y que una ley posterior a esa fecha no puede tener un alcance retroactivo. Pero algo más perturbador: no se ha podido demostrar que quienes han sido señalados como desaparecidos lo fuesen realmente. Se han registrado falsos testimonios. Por ejemplo, René Guarín, antiguo secuestrador del M-19 y propulsor de manipuladas protestas públicas, dijo haber reconocido a su hermana Cristina entre quienes salían del Palacio, pero la persona por él señalada resultó ser una real sobreviviente, la ascensorista María Nelfy Díaz.

El libro 'Desaparecidos', del coronel Plazas Vega, presentado ayer, recuerda la reciente revelación de los 27 cadáveres sin identificar que desde el año 2000 están guardados en la Fiscalía. Además estudia, uno por uno, el caso de los 11 supuestos desaparecidos y concluye que, después de haber salido con vida del Palacio de Justicia, sólo Irma Franco fue una real víctima de agentes del Estado. "No fue desaparecida -escribe con toda honestidad Plazas Vega- sino asesinada, pero no por las fuerzas operacionales que rescataron al Palacio sino por integrantes de organismos de inteligencia". Este caso fue, por cierto, investigado por la Justicia Penal Militar.

En resumen: si no hubo reales desaparecidos, la sombra inquietante que uno advierte en los procesos y fallos puestos en manos de la jueza María Stella Jara, en el caso de Plazas, y de la jueza María Cristina Trejos, en el caso de Arias Cabrales, es el de una ciega presunción de culpabilidad. ¿Cómo se explica? Creo que un común desvío ideológico las lleva a ver comprensivamente a los asaltantes del M-19 y a los militares como movidos por un ciego afán represivo, el mismo que se hizo visible bajo las dictaduras de Chile y Argentina. A ese sesgo se suma el de los abogados del colectivo Alvear Restrepo, interesado, además, en configurar crímenes de Estado para obtener las cuantiosas indemnizaciones (500 mil dólares) que ahora deben pagarse a los familiares de cada supuesta víctima.

El dinero, en efecto, juega un gran papel en estos procesos. Es lo que debió mover a un extraño testigo para suscribir con un nombre falso (Villarreal en vez de Villamizar) una declaración también falsa contra el coronel Plazas, para luego desaparecer. ¿Quién le pagó? Por cierto, la jueza Trejos desechó a ese testigo y la jueza Jara la tomó como base de su condena. Es que la primera, en realidad, ha sabido maquillar mejor su desvío ideológico, vistiéndolo de especulaciones de alto nivel para lograr que la teoría cubra la falta de pruebas. Su sentencia, como bien lo señala Eduardo Mackenzie, recopila doctrinas de diverso origen; entre ellas, la cuestionada teoría del "actor mediato" o "del hombre de atrás", que extiende toda culpa a las máximas jerarquías.

Con estos argumentos, a tiempo que terribles asesinos pagan solo siete u ocho años de cárcel, el general Uscátegui paga 40 años, Plazas 30 años y ahora Arias Cabrales, 34. Tiene razón Rafael Nieto Loaiza: nuestro sistema judicial se debate entre el desastre y la vergüenza.