Una receta contra la corrupción policial

El Nuevo Herald

CIUDAD DE MEXICO. — Durante una visita a México, me enteré de una interesante idea para ayudar a combatir la oleada de asesinatos, secuestros y otros problemas de seguridad que está azotando a la mayoría de los países latinoamericanos: crear grupos de auditoria independientes para monitorear a las fuerzas policiales.

En México, la corrupción policial es un problema muy antiguo, que ha empeorado con el creciente poderío de los carteles de narcotráfico. Muchos mexicanos creen que las fuerzas policiales son el problema, más que la solución. No es sorprendente que un viejo chiste mexicano diga: “Si te asaltan en la calle, no grites. ¡Puede venir la policía!”.

Pero ahora, con la violencia relacionada con el narcotráfico que ha causado unas 40,000 muertes en los últimos cinco años, los mexicanos están desesperados por encontrar una solución que acabe con el derramamiento de sangre. El 8 de mayo, alrededor de 70,000 personas se reunieron en el centro de Ciudad de México para exigir al gobierno terminar con la ola de violencia, y pedir la renuncia del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Al igual que marchas similares que se han producido en los últimos años en Argentina, Colombia y varios países centroamericanos, la protesta del fin de semana fue encabezada por un padre cuyo hijo fue asesinado en un crimen que atrajo la atención nacional. Como en los casos anteriores, fue un estallido de frustración masiva ante los estratosféricos índices de criminalidad.

Pero Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia de México, argumentó en una lucida columna del diario El Universal que la mayoría de estas manifestaciones públicas serán fútiles si los países no crean comisiones civiles independientes para monitorear la acción de fuerzas policiales que a menudo protegen a los criminales, o están involucradas directamente en actos criminales.

“Hay un consenso mundial según el cual la inseguridad y la violencia son fenómenos multifactoriales que deben atacarse con estrategias multidimensionales . . . Pero creo que nadie con intereses legítimos dudaría siquiera que una de ellas es transformar radicalmente nuestras policías”, escribió. “Si no las arreglamos, cualquier otra medida será ineficiente e ineficaz”.

López Portillo propone la creación de un grupo civil de vigilancia para inspeccionar el accionar de las fuerzas policiales, algo muy semejante a la Comisión Independiente de Quejas Policiales de Inglaterra, el Ombudsman Policial de Irlanda del Norte, o grupos similares de Los Angeles, Nueva Orleans, Miami y docenas de ciudades estadounidenses.

Intrigado por su propuesta, le pregunté a López Portillo que diferencia hay entre las instituciones que él está proponiendo y las Comisiones de Derechos Humanos, Oficinas del Defensor del Pueblo que ya existen en varios países latinoamericanos.

Según me señaló, mientras las comisiones de Derechos Humanos y las Defensorías del Pueblo sólo pueden hacer recomendaciones, los grupos independientes de monitoreo policial tienen mayores poderes investigativos, que en muchos casos incluyen poderes de emplazamiento judicial a testigos, así como también mayor influencia para exigir cambios en las fuerzas policiales.

“La tendencia internacional es fortalecer al máximo posible el control externo”, me dijo. “America Latina está muy a la zaga en esto”.

Según los líderes de varios grupos de monitoreo policial estadounidenses, el secreto de su éxito es que no dependen de los departamentos de policía. En el caso de Miami, el Panel de Investigación Civil es una agencia dependiente de la ciudad de Miami, y envía los resultados de sus investigaciones directamente al administrador de la ciudad, que está a cargo de la policía. El panel está compuesto por 13 miembros y lleva a cabo un promedio de 200 investigaciones anuales. Aunque sus opiniones no son de cumplimiento obligatorio, a menudo son acatadas, según me dicen sus funcionarios.

“El hecho de que tengamos el poder de emplazar judicialmente a testigos, incluidos funcionarios policiales, hace toda la diferencia”, me dijo Thomas J. Rebull, el presidente del Panel de Investigación Civil. “Cuando los departamentos de investigaciones internas de la policía sienten que alguien los está vigilando, se vuelven más cuidadosos”.

Mi opinión: A la larga, la reducción de la criminalidad en Latinoamérica —que según la Organización Mundial de la Salud se ha convertido en una de las regiones más violentas del mundo— dependerá, entre otras cosas, de la mejora de los estándares educativos, de terminar con la impunidad de los criminales, y de lograr que Estados Unidos reduzca su adicción a las drogas y acabe con el contrabando de armas pesadas que van a los carteles de narcotráfico.

Pero nada de eso bastará si los países no limpian la corrupción de las fuerzas policiales. La creación de comisiones de auditoria externa de la policía es una idea que México y otros países de la región deberían considerar muy seriamente.