Uruguay: un paso atrás

La citada ley data de 1986, cuando recibió sanción por parte de las bancadas mayoritarias de los partidos Colorado y Nacional. Se trataba de una amnistía dictada para militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante el régimen que imperó en Uruguay entre 1973 y 1985, y que resultó compensatoria de la que un año y medio antes había favorecido a presos políticos y ex miembros de la guerrilla Tupamara.

Con posterioridad, la norma sería ratificada mediante dos referéndums que tuvieron lugar, respectivamente, en 1989 y 2009. Sin embargo, y a pesar aun de las opiniones autorizadas de juristas que cuestionaron su anulación y de las propias encuestas que expresaron también el rechazo de la ciudadanía, nada aparentemente detendrá a los Diputados que el jueves 19 emitirán su voto. Ni siquiera el ex mandatario Tabaré Vázquez ni el presidente en ejercicio, José Mujica (él mismo víctima en su momento de largos años de encarcelamiento y tortura), pudieron frenar la iniciativa. Mujica fue por demás elocuente al respecto al señalar que “no es bueno que se le diga al pueblo que no entiende cuando vota, que se le consultó por equivocación porque, en realidad, no tenía derecho a decidir nada”. Asimismo, en otra franca declaración expresó: “La explicación humana que me doy es que la siembra dolorosa que con sus procedimientos hizo la dictadura dejó no sólo la sed de Justicia, sino que construyó odio implacable que ciega el razonamiento”.

Resulta difícil de medir el costo político que tendrá la promulgación de la nueva ley. En todo caso, a la luz de la experiencia argentina de estos últimos años, no podemos sino lamentar que ahora también en Uruguay se reabra un capítulo que se creía cerrado. No es el mejor camino si lo que se pretende es esquivar la discordia y continuar por la senda del desarrollo.