El Salvador: Los gasolineros, los enredos y los bancos

Todo comenzó hace dos semanas, cuando los consumidores nos desayunamos con la amenaza de un "paro de labores" de gasolineras (técnicamente es un paro patronal, o "lock-out", no un paro laboral), impulsado por una de las dos gremiales del rubro, bajo la excusa de que "están acorralados". Quizás lo estén, como también lo están muchos comercios de otros rubros.

El poco disimulado objetivo detrás de la amenaza de "lock-out" era conseguir que las autoridades les garantizaran márgenes de ganancia, como si todos los comercios que están acorralados tuvieran tal garantía.

Y como si en El Salvador existiera un esquema de precios controlados para los combustibles, pretensión que el propio ministro de Economía se encargó de desactivar rápidamente, diciéndoles que "con quien tienen que discutir la ganancia es con las petroleras, no enreden al ministerio".

Respuesta veloz e impecable de un hombre inteligente. Lástima que a contramano del mensaje que seguirá enviando, pésimamente asesorado, mientras no aborte la insólita quimera de una fórmula de precios, por definición incompatible con un esquema de precios libres como el vigente. No existen los "medio embarazos".

El ministerio de Economía no debiera seguir poniéndose la soga al cuello dictando "precios de referencia", y menos aún, intentar justificarlos con publicaciones oficiales en las que se habla de supuestos "rendimientos financieros aceptables en el mercado nacional" (!?), "en un rango del 11% al 15% de tasa interna de retorno" (¡?).

¿De qué proyecto de inversión está hablando? ¿De qué petrolera? ¿De qué gasolinera, de una propia, o de una arrendada? Más aún: ¿Por qué las autoridades deberían asegurarle el rendimiento a un rubro en particular?.

Es evidente que con semejante cantidad de cabos sueltos, y de preguntas sin respuesta, al ministro nunca le faltarán quienes lo quieran enredar. Además de sus asesores.

Días después, Julio Villagrán, referente histórico de la otra gremial, sugirió que sus asociados recargaran un 1.5% a los precios por pago con tarjeta de crédito, para resarcirse de la comisión que se les descuenta que, con los precios actuales, es de aproximadamente 7 centavos de dólar por galón. Claro, en la medida que el mercado se los permita.

Desde el punto de vista económico es absolutamente legítimo que un vendedor diferencie precios ante dos alternativas de cobro: una que le implica asumir un costo del 1.5% versus otra que no. El problema es que eso es ilegal en El Salvador. Desafortunadamente, legal y legítimo no siempre son sinónimos.

En efecto, la Ley del sistema de tarjetas de crédito (2009) menciona en su Artículo 35, inciso d), que entre las "obligaciones de los comercios afiliados" se encuentra la de "no aumentar el precio del bien o servicio por compras con la tarjeta de crédito ni tampoco diferenciar estos bienes o servicios por compras en efectivo".

Yendo más allá del caso puntual de las gasolineras, aceptemos la prohibición legal de "aumentar el precio por compras con tarjeta", aún cuando podamos decir que ilegítima.

Lo que resulta a todas luces indefendible es la segunda parte del inciso, que impide "diferenciar (precios) por compras en efectivo". Caramba, una ley que le cuida el negocio a las tarjetas de crédito. Que a otros rubros les cobran bastante más del 1.5%.

No vaya a ser que la gente exija seriamente descuentos por pago en efectivo…, y que a los bancos se les reduzca el negocio. ¿O no es clara la intención?.

Finalmente, hablando de leyes, sería oportuno que la Superintendencia de Competencia analizase si el "acuerdo" públicamente declarado de "no aceptar tarjetas de crédito en las bombas de autoservicio" no encuadra dentro del Artículo 25, inciso a) de la Ley de Competencia (2006). ¿O no es clara la intención de "establecer acuerdos" para fijar una "condición de venta"?

Hasta la próxima.

El autor es Ingeniero, Máster en Economía (ESEADE, Buenos Aires) y columnista de El Diario de Hoy.