EE.UU. intensifica las auditorías a empresas sospechosas de emplear inmigrantes indocumentados

The Wall Street Journal Americas

El gobierno de Estados Unidos intensificó la persecución a los empleadores de inmigrantes indocumentados, notificando a 1.000 compañías que inspeccionará sus registros de contratación.

Estas cifras elevan el número de empresas auditadas por las autoridades de inmigración a 2.338 en el años fiscal iniciado el 1 de octubre, sobrepasando el récord del año pasado de 2.196. La cantidad total de multas impuestas contra los empleados por quebrantar las leyes laborales y de inmigración alcanzaron US$7,1 millones frente a US$6,9 millones para todo el año fiscal anterior.

"Estas inspecciones determinarán si estos negocios están infringiendo las leyes laborales en EE.UU. al contratar inmigrantes ilegales", dijo un comunicado de Gillian Christensen, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Ella indicó que los empleados de todos los tamaños y en cada estado del país fueron notificados de que deben entregar las formas de elegibilidad I-9 a la ICE, una unidad del Departamento de Seguridad Nacional, para que sean auditadas.

La agencia no reveló los nombres de los negocios "debido a la naturaleza sensible de las inspecciones", dijo Christensen.

Las firmas auditadas operan en áreas definidas como de infraestructura crítica y recursos clave, incluyendo producción de alimentos, tecnología de información, servicios financieros y construcción. Los negocios afectados podrían estar involucrados en el manejo de carga, servicios de alimentos para las fuerzas militares y la construcción de presas y autopistas, según abogados de inmigración.

Las auditorías, que han afectado a fabricantes de ropa, productores de alimentos y cadenas de comida rápida, podrían conducir al despido de cada inmigrante ilegal en la nómina de las empresas. Las firmas dicen que las auditorías socavan la productividad y les cuestan miles de dólares en costos legales.

"Debido a que estas auditorías pueden costar millones de dólares en productividad perdida y honorarios de abogados, el gobierno debería moverse con mayor cautela y sólo cuando tenga una base sólida de que de hecho existe un comportamiento ilegal", dijo Randy Johnson, vicepresidente de la Cámara de Comercio de EE.UU.

"Este tipo de acción es una invasión e interrupción costosa", dijo DeAnn Hilgers, un abogado de Mineápolis que se especializa en este tema. "Pese a sus esfuerzos por cumplir con las leyes, los negocios y sus empleados viven bajo la amenaza constante de acciones en su contra por parte de ICE, mientras que el gobierno no hace nada y no provee cambios sustanciales para ayudarles.