El Salvador: El camino a descapitalizar el país
El presidente Mauricio Funes parece haber comprendido que la inversión es necesaria para generar empleo y crecimiento económico; ya ha comenzado a expresar su deseo de que haya inversión en el país. La idea es simple. Usted no contrata dos choferes si tiene sólo un carro. Para contratar otro chofer, usted necesita otro carro. La compra del carro es una inversión. Entonces, si usted quiere que haya más trabajo para choferes, usted necesita que se invierta más en carros. Lo mismo pasa en las fábricas. Para poder dar más empleo, usted necesita más máquinas. Es por eso, y otras cosas, que la inversión es tan importante. Esto parece que ya lo comprendió el presidente, y está pidiendo que se invierta.
Hay tres problemas en la manera en la que el presidente está pidiendo inversión, sin embargo: El primero es que lo hace prepotentemente, como si invertir no fuera el resultado de una decisión de comenzar o expandir un negocio y de un largo proceso orientado a volverla una realidad, sino una obligación que los inversionistas tienen con él, con el presidente Funes mismo.
El segundo problema que al mismo tiempo que exige que los inversionistas inviertan, el presidente Funes los culpa de todos los problemas del país por ser capitalistas (es decir, por haber invertido en el pasado). Este problema se complica con la verbosidad que el FMLN dedica a anunciar la revolución marxista que quiere llevar adelante en este país, la intensidad con la que inyecta el odio de clases y su sumisión a los regímenes cubano y venezolano.
Estas posturas abren el camino al tercer problema: la agresividad que esta administración tiene contra las empresas privadas, no ya sólo en palabras, sino también en hechos. Esta se manifiesta en la mentalidad que existe en el gobierno de bloquear lo más posible las operaciones de las empresas a través de innumerables controles innecesarios y requisitos burocráticos. Es como echarle arena a la gasolina de un carro.
Pero la peor idea que el gobierno ha planteado es la de poner un impuesto al capital. Como es su costumbre, el gobierno no ha dado cifras concretas de lo que piensa hacer, pero ha circulado una tabla que comienza con cero de impuesto a medio millón de dólares de capital, impone el medio por ciento de medio millón a un millón, el uno por ciento de un millón a cinco millones, y el uno y medio por ciento de allí en adelante. Cualquiera podría pensar que, con un máximo de uno y medio por ciento, es un impuesto muy bajo. Sin embargo representa cargos muy altos para las personas jurídicas y naturales que han ahorrado y han invertido sus ahorros en El Salvador. Esto es así porque el impuesto se aplica sobre todo el capital que ha acumulado una persona o una empresa, y es pagado con el flujo de utilidades de un solo año, cada año.
Para ver este punto, piense en que el rendimiento del capital anda alrededor del ocho por ciento, por lo que una empresa con diez millones de dólares de capital gana alrededor de ochocientos mil dólares de utilidades en el año. De esto, paga 200 mil dólares de impuesto sobre la renta. Según la tabla que el gobierno trata de vender como moderada, esta empresa tendría que pagar 117,500 dólares adicionales en concepto del nuevo impuesto, lo que representaría un aumento de casi 60 por ciento en su carga tributaria. Ese es un aumento enorme, no la cantidad ínfima que el gobierno quiere hacer parecer.
Como se ve en la gráfica adjunta, ese porcentaje aumenta con el capital. Aunque no se ve en la gráfica, el aumento llega a ser el 75 por ciento del impuesto sobre la renta actual al ir aumentando el capital. Es como si hubieran subido el impuesto sobre la renta a casi 45 por ciento. Esto reduciría aún más la inversión. Aun sin subir la carga tributaria, con su nivel actual, El Salvador es el país número 66 en término de los impuestos que pagan las empresas como porcentaje de sus utilidades, de modo que hay 65 países con menor carga, incluyendo Luxemburgo, Hong Kong, Chile, Singapur, Irlanda, Islandia, Canadá, Dinamarca, Corea, Suiza, Israel, Malasia y Nueva Zelanda (ver índice de DoingBusiness.org, Banco Mundial).
Por supuesto, esto discrimina más contra la inversión grande, que es esencial para generar electricidad, competir efectivamente en los mercados extranjeros y para transferir tecnología. Pero no es verdad que sólo los grandes pagarían este impuesto. Cualquier accionista de una empresa grande, por pequeño que sea, pagará por su parte del capital. Con esto, el presidente Funes no sólo estaría desincentivando no sólo la inversión en general sino también la democratización del capital de las empresas que debiera lograrse a través de la capitalización de las empresas en la bolsa.
¿Cómo puede decir el presidente que quiere fomentar el ahorro y la inversión si los quiere castigar de esta manera? En realidad, pasar este impuesto es la mejor manera de matar la inversión, descapitalizar al país y asegurarse de que no hay creación de empleo.
El autor es *Máster en Economía, Northwestern University y columnista de El Diario de Hoy.
- 28 de diciembre, 2009
- 28 de marzo, 2016
- 29 de mayo, 2015
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