Los Demócratas: propiedad de los sindicatos
"El impacto inmediato del estímulo sobre la economía no era tan inmediato como esperábamos", observaba el Presidente Obama esta semana, poniendo sonrisa ahogada al infeliz destino de su estímulo de casi un billón de dólares. Por supuesto, Obama también viene promoviendo un remedio menos divertido al anémico crecimiento y el elevado paro: la exportación. En el discurso del Estado de la Nación este año anunciaba a los cuatro vientos el objetivo nacional de duplicar las exportaciones antes del año 2014.
Una forma evidente de elevar las exportaciones es mediante acuerdos de libre comercio. Pero no son del gusto de los sindicatos. No sorprende pues que Obama lleve dos años mareando la perdiz de tres acuerdos de libre comercio — con Colombia, Panamá y Corea del Sur — ya negociados por su predecesor.
Bajo la presión de condiciones económicas pésimas y de la repercusión de dispensar un trato duro a tres aliados valorados, Obama aparentaba estar dispuesto a ceder — sólo para levantar un obstáculo de última hora. Exige la ampliación del programa de Asistencia al Ajuste Comercial — dinero del contribuyente (más allá de la compensación por desempleo) que se entrega al trabajador desplazado por la competencia exterior, algo negado a los estadounidenses que se quedan en paro a causa de la competencia nacional. Es una idea de dudosa justicia pero estupendamente diseñada para retrasar indefinidamente los procesos de ratificación, al tiempo que se achaca la culpa a la crueldad Republicana en lugar del sabotaje político obra de Demócratas en deuda con los sindicatos por los millones que ellos destinan a las arcas Demócratas. (Presuntamente estaría próximo un acuerdo. Pero los años de retraso han salido caros).
Nada nuevo bajo el sol. En el año 2009, Obama tramitó un concurso de acreedores administrado federalmente, de naturaleza legal cuestionable, a las compañías automovilísticas que robaba a los acreedores con derecho a cobro preferente con el fin de rescatar al sindicato de trabajadores del sector del automóvil. En otros sectores, la plantilla de Aerolíneas Delta ha votado cuatro veces a favor de rechazar la sindicalización. Una agencia federal, como es natural, está investigando y el economista Irwin Stelzer destaca que puede ordenar por ley la celebración de otras elecciones con la esperanza de que produzcan la respuesta que quiere obtener el equipo de campaña de Obama.
Pero la lealtad Demócrata a los sindicatos no acaba ahí. Boeing acaba de finalizar la construcción de una planta de fabricación de su nuevo 787 Dreamliner en Carolina del Sur. La Junta Nacional de Relaciones Laborales, trufada de Demócratas — incluyendo a un antiguo abogado sindicalista considerado tan partidista que exigió un nombramiento en período de receso legislativo después de que el Senado se negara a refrendar su elección — intenta que la planta sea declarada ilegal. ¿Por qué? Porque al elegir como emplazamiento el estado de Carolina del Sur que reconoce el derecho al trabajo con independencia de la homologación sindical, Boeing es acusada de adoptar represalias contra su plantilla sindicalizada de Washington a cuenta de anteriores huelgas.
En realidad, Boeing ha elevado en más de 2.000 trabajadores la plantilla sindicalizada de sus instalaciones de Puget Sound. Además, la idea de que a una empresa radicada en un estado que exige que sus trabajadores estén afiliados al sindicato de la empresa le pueda ser prohibido expandirse a estados que reconocen el derecho al trabajo con independencia de la homologación sindical por parte de una instancia reguladora partidista es bastante demencial. Vulnera el principio fundamental en el seno de una economía de libre mercado que dice que las empresas pueden desplazarse y construir en respuesta a las condiciones del mercado, en lugar del capricho administrativo. Ello pone en peligro la recuperación económica, no sólo al poner las miras en el exportador de América por excelencia en su intento de competir con Airbus por un mercado global considerable, sino también al amenazar a cualquier otra empresa a la que se le pueda ocurrir expandirse de alguna forma que no sea del gusto de los sindicatos y de sus patrones de la Junta de Relaciones.
Obama ha mantenido un silencio sepulcral en el asunto Boeing. Lo que es interpretado por todos como aprobación tácita. El año que viene se enfrentará a la reelección. Y los Demócratas necesitan a los sindicatos.
Por supuesto, los sindicatos necesitan a los Demócratas – que cumplen de forma religiosa. Durante la "paliza" nacional a los Demócratas el año pasado, por ejemplo, Wisconsin dio a los Republicanos el control de ambas cámaras legislativas y eligió a un gobernador Republicano que dejó clara su intención de poner orden en el poder sindical del sector público.
Cuando los Republicanos intentaron hacer lo prometido, los Demócratas, faltos de votos, trataron de impedirlo por todas y cada una de las maniobras extraparlamentarias a excepción del siniestro provocado. Los Demócratas del Senado del estado abandonaron Wisconsin para evitar el quórum. Manifestantes ocupaban la legislatura durante días y noches enteras. Y cuando el anteproyecto fue tramitado finalmente no obstante, el fiscal Demócrata del distrito de Dane County acudía a los tribunales para tumbar la medida por razones de procedimiento.
Encontraron un juez complaciente para invalidar la ley. Una victoria celebre, pero corta. El martes, el Tribunal Supremo de Wisconsin anulaba el veredicto, reprendiendo al magistrado por "haber usurpado competencias legislativas que la Constitución de Wisconsin dispone exclusivamente en la Legislatura". La ley es restituída.
Casos instructivos todos, que ponen de relieve la forma en que aquellos que pierden el apoyo popular — los Demócratas en las urnas, los sindicatos en su afiliación en caída libre — pueden corromper y saltarse la voluntad popular mediante usurpación judicial de competencias (Wisconsin) o mediante decreto administrativo caprichoso (Boeing).
La maniobra de Wisconsin fracasó finalmente, como probablemente fracase el ataque a Boeing. En el ínterin, sin embargo, se producen daños colaterales — a la exportación estadounidense, a la economía en general, a la ley de concurso de acreedores, al libre comercio y al sistema constitucional en el seno del que las legislaturas promulgan las leyes en lugar de los magistrados de intención premeditada y los reguladores partidistas.
¿Pero qué más dan cuando hay sindicatos que apaciguar y elecciones que ganar?
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