La ofensiva contra los indocumentados

El Nuevo Herald

Legisladores republicanos en el Congreso de Estados Unidos han lanzado su mayor ofensiva en mucho tiempo para lograr que millones de inmigrantes indocumentados se vayan de este país: un proyecto de ley que exigiría a los empleadores que verificaran electrónicamente el estatus legal de sus empleados. Suena como una idea muy razonable, pero la manera en que quieren hacerlo tendria consecuencias nefastas.

La semana pasada, el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Lamar Smith (Republicano de Texas) y otros 11 de sus colegas republicanos propusieron el proyecto de ley E-Verify, que exigiría a los empleadores usar una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional para comprobar el estatus inmigratorio de todo nuevo trabajador. Según fuentes legislativas, el proyecto de ley tiene buenas posibilidades de ser aprobado en la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano.

En el Senado, una ley semejante fue patrocinada por el senador Chuck Grassley (Republicano por Iowa) y respaldada por otros nueve colegas republicanos, incluyendo Marco Rubio de Florida. No se sabe cuál será su suerte en un Senado que esta bajo el control de los Demócratas.

Los partidarios del E-Verify argumentan que el sistema ya es obligatorio en estados tales como Arizona, Georgia y Alabama, y que funciona bien. El proyecto del congresista Smith daría a los empleadores hasta dos años para usar E-Verify con todo nuevo empleado, y les daría la opción de usar el sistema también para los empleados existentes.

“Con el índice de desempleo en 9 por ciento, los empleos escasean”, dice Smith en su portal de internet. “Sin embargo, pese al desempleo record, hay en Estados Unidos 7 millones de personas trabajan ilegalmente. Esos empleos deberían ser ocupados por trabajadores legales”.

Agrega que “el uso del sistema sólo requiere de unos pocos minutos, y rápidamente confirma la legalidad del 99.5 por ciento de los empleados elegibles”.

A primera vista, suena perfectamente lógico. Pero cuando uno empieza a ahondar un poco en el tema, resulta que —a menos de que el E-Verify vaya de la mano con otras medidas más amplias para resolver la crisis migratoria— la verificación electrónica obligatoria podría causar más problemas de los que solucionaría. He aquí algunos de los argumentos de los empresarios y grupos proinmigración que critican el proyecto:

• La base de datos E-Verify es imperfecta. El 99.5 por ciento de precisión mencionado por el representante Smith sólo se refiere a los trabajadores con sus papeles en regla. En cambio, cuando se trata de trabajadores indocumentados, el sistema falla en un 50 por ciento de los casos, porque los indocumentados presentan documentos válidos que pertenecen a otras personas.

Además, la base de datos erróneamente señala como indocumentados a muchos hispanos con apellidos comunes —como Pérez o Rodríguez— por errores confusiones de personas, o incongruencias entre sus diversos documentos. Según el Foro Nacional de Inmigración, un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes, los ciudadanos naturalizados tienen 32 veces más posibilidades de ser erróneamente vetados por el sistema E-Verify que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

• Si el sistema E-Verify se vuelve obligatorio, muchas empresas que dependen de los trabajadores indocumentados, como las empresas agrícolas de Florida y California, se irán a la bancarrota o trasladarán sus operaciones a otros países. La idea de que millones de estadounidenses desempleados harán fila para ocupar los empleos de los peones agrícolas mexicanos o centroamericanos indocumentados es poco realista, porque pocos estadounidenses están dispuestos a realizar esos trabajos.

• Si el proyecto de ley es aprobado, muchos empleadores les dirán a sus empleados indocumentados: “No puedo seguir teniéndote en mi nómina oficial, así que te pagaré en negro”. Eso hará que los trabajadores indocumentados sean aun más explotados, bajaría los salarios de todos, y haría que el gobierno dejara de percibir más de $17,000 millones en impuestos en los próximos diez años, según estimaciones de la oficina de auditorías del Congreso.

Mi opinión: E-Verify es una herramienta legítima que puede ser muy útil, pero sólo si se le implementa conjuntamente con una vía para la legalización de los indocumentados que estén dispuestos a pagar multas y aprender inglés. Si no va de la mano de un camino a la legalización, sólo servirá para empujar a millones de personas a la economía subterránea, y hará que miles de residentes legales pierdan sus empleos por errores en la base de datos.

Quien piense que 11 millones de indocumentados, muchos de ellos con hijos estadounidenses, simplemente dejarán a sus familias atrás para volver a su país de origen se está engañando, o está tratando de llevarnos a todos por el peligroso camino de culpar a los inmigrantes por la crisis económica estadounidense. Hay que verificar, al mismo tiempo permitir la legalización de muchos de quienes ya están aquí y contribuyen a la sociedad.