Calificadoras de riesgo en la silla de los acusados

Ante la actual crisis de deuda soberana desatada en Europa y la reciente crisis económica 2008-2009 en Estados Unidos, incrementan las críticas sobre el rol de las agencias de calificación de riesgo.

Aunque nadie pondría en duda la naturaleza de su existencia, la transformación que ha experimentado la industria y su creciente conflicto de interés obliga hacer una revisión de la situación actual de la industria.

La razón de su existencia

Personas jurídicas, -llámese, gobierno soberano, municipio, compañía, agencias público privadas- venden instrumentos financieros para financiar sus prácticas. Algunas venden acciones, otras venden bonos. Todas ellas necesitan dinero y los inversionistas — ahorristas- necesitan invertir su dinero.

Históricamente, ha existido una asimetría entre el comprador y el vendedor de un título financiero. El emisor del instrumento financiero conoce lo que tiene y lo que no tiene. El comprador depende de lo que el comprador le diga. O sea, esto pone en desventaja al comprador porque el vendedor "se vende por lo que dice que vale".

Pero, ¿Quién certifica que lo que dice que vale es?

Es aquí que surgen las agencias de calificación de riesgo. Ellas son los intermediarios de información entre el comprador y vendedor. Las agencias recolectan la información necesaria e independiente. Basado en modelos estadísticos, ellos hacen una estimación de cuán probable es que el emisor del título pagará o no. A esa probabilidad ellos le dan una calificación. Más baja la probabilidad de fallar en su pago (default), más alta la calificación y viceversa.

Su función no es decirte si debemos invertir o no en esa compañía. Su objetivo es ponerle una calificación de acuerdo a lo que ellos consideran es la probabilidad de que paguen o no paguen.

La transformación

Hasta la década de los 70, el modelo de las agencias era recolectar información demandada por los inversionistas. Su reputación y negocio estaban condicionados a la calidad de sus opiniones.

Pero, a partir de 1973 el gobierno comienza a exigir a las instituciones financieras llevar títulos de alta calificación a condición de disminuir su nivel de reservas. Un nuevo cliente entra a escena: el gobierno. Sin querer — o queriendo- las agencias pasan a tener una función de reguladores. El modelo del "inversionista es el que paga" se transforma así en un modelo de "los emisores son los que pagan". ¿Por qué? Tener una buena calificación implica confianza. Confianza se traduce en más dinero. Para las agencias había oportunidad de expandir el negocio de la calificación y los emisores tenían necesidad de emitir mejores calificaciones.

Al gobierno exigir que los títulos financieros tenga una calificación antes de salir al mercado, se intensifica la relación emisor-agencia afectando la relación inversionista-agencia.

La automatización y conflicto de interés

No sólo los instrumentos financieros necesitaban de la aprobación de las calificadoras como requería el gobierno, sino que el mismo gobierno le daba la protección legal.

Como las calificaciones son consideradas como opiniones, las agencias se han amparado bajo la cobertura de la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos que es el derecho de libertad de expresión. Por tanto, están exentas de responsabilidad legal si hacen una calificación errada.

Con el desarrollo de la industria financiera haciéndose más creativa en la generación de nuevos productos, las agencias vieron un aumento en la demanda de sus servicios.

Poco a poco, el alto volumen llevó a una automatización de la calificación lo que significó afectar la calidad. Así, las agencias calificadoras sólo metían el hierro al fuego y marcaban la producción con alta calificación sin asegurarse que los instrumentos tenían la calidad que implicaba la nota.

Las tres agencias más importantes, Standard and Poors, Moody's y Fitch, fueron controlando cerca del 90% del mercado de las calificadoras de riesgo, vendiendo "permisos" en vez de "información". Ya no emitían opiniones sobre la probabilidad de riesgo de un instrumento, sino actuaban como "peaje regulador" antes de entrar a la autopista del mercado financiero.

Sin responsabilidad legal y un subsidio implícito del gobierno, las agencias no enfrentaban mucho riesgo por equivocarse en su calificación. Al contrario, a pesar de las fallas, las ganancias seguían aumentando. A pesar que se equivocaron con Enron, Parmalat, Worldcom y tantos otros, las agencias reportaron ganancias históricas durante el boom hipotecario en Estados Unidos. Así le dieron alta calificación a Countrywide, Washington Mutual, Fannie Mae y Freddie Mac que hoy están en manos del gobierno o del olvido.

Nadie pone en duda la necesidad de un intermediario entre el comprador y el vendedor de títulos financieros.

Pero, el modelo tiene que cambiar. No se puede gozar de subsidio económico y a la vez cobertura legal. Mientras ellas mantengan estos privilegios, sus opiniones y calificaciones serán cuestionadas.

Al final, tú decides.