¿Por qué Sindicatos de Periodistas apoyan la mordaza a los medios?

En el manifiesto, la FesP sostiene:

Los medios del Reino Unido, alineados peligrosamente con trincheras políticas, como sucede en España, se han convertido en censores y dictaban la agenda de los políticos, que han mirado para otro lado ante los repetidos casos de corrupción ética en el mundo de la comunicación.

La FeSP llama la atención ante el riesgo de que se produzca una situación similar en España.

Tras mostrar su oposición a la autorregulación de los medios, dicen:
Ante esa situación, la FeSP hace un nuevo llamamiento a los partidos políticos para que en España constituyan organismos de corregulación independientes, en los que la ciudadanía debe participar porque es la legítima propietaria del Derecho a la Información.

El peligro de que en España se reproduzcan situaciones como la vivida en el Reino Unido hace urgente la puesta en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) y la creación del Consejo de Corregulación de la Información, un órgano previsto en la propuesta de Ley Orgánica de Garantías del Derecho de la Información de la Ciudadanía (LOGDIC), que defiende el Foro de Organizaciones de Periodistas -el único colectivo unitario y el más representativo de la profesión periodística- y que ha presentado a todos los partidos parlamentarios.

Periodista Digital ha pregunta al secretario general de la FeSP sobre quiénes deberían formar parte de esos organismos. Ha explicado:

Estarían integradas las organizaciones de periodistas (asociaciones de la prensa, colegios de periodistas y sindicatos de periodistas), las organizaciones de empresas de medios, los usuarios de la comunicación, en sus diversas organizaciones, ya se vería, las universidades vinculadas a las organizaciones de la comunicación y dos autoridades del Estado que representaran por un lado a la judicatura y por otro lado al Ministerio del Interior. Estamos hablando de dos técnicos, no de dos políticos.

A estos técnicos les nombraría el Gobierno que esté en ese momento, como ocurre en otros países del mundo.

Como en España todos los medios pertenecen a alguna trinchera política, esas posibilidades democráticas están abortadas.
Al margen del evidente carácter político que podrían tener los "técnicos" nombrados por el Gobierno, por mucho que la intención que se buscara fuera otra, otras organizaciones que estarían presentes en ese organismo tienen una marcada tendencia política o, incluso, cierto nivel de control Estatal o de las administraciones autonómicas.

Consultado sobre cómo se evitaría la probable politización de estos organismos, ha dicho:

Todas las cosas se garantizan por la idoneidad de las personas y la decencia de las organizaciones. No hay otra forma de garantizarlas.

En cuanto al sostenimiento económico de estos organismos de control, recaería en los propios medios controlados y en los ciudadanos, a través de sus impuestos:

Tendría que haber, como en muchos lugares del mundo, aportaciones del Estado y aportaciones de las empresas.

En palabras de Gómez, el "control democrático de los medios" (expresión muy usada por el Gobierno de Hugo Chávez en sus enfrentamientos con la prensa crítica):

Es el control a través de las personas que participamos en esto: las empresas periodísticas, los trabajadores de la información y, en última y primera instancia, los usuarios.

Considera que esto no choca con el derecho de propiedad de los dueños de los medios, porque seguirían siendo los propietarios. Al hecho de que sí se reduce por el hecho de restarles capacidad de poder decidir sobre ellos, el presidente de la FeSP responde que "la propiedad del Derecho a la información es de los ciudadanos".

Los organismos de autorregulación tendrían "los poderes que se les den". Añade que:

Se propone un poder de actuar de oficio ante vulneraciones evidentes y el poder de aceptar y tratar las denuncias que hagan los usuarios con respecto a la vulneración que se haga.

La capacidad sancionadora habría que verlo. ¿Qué tipo de sanción? Si esto entra por una ley, algún tipo de sanción tiene que haber. No existe ninguna ley en el mundo que quien la vulnere no responda de ninguna manera.

Lo que se propone es que el medio esté obligado a publicar el dictamen que de el Consejo de Información. Lo que se propone es que el público sepa qué es lo que ocurre.