México necesita inyectar confianza y una nueva clase empresarial

América Economía

Hace no mucho se publicó en una revista que las autoridades de una población alemana se iban a abocar a realizar pruebas de ADN a todos los perros registrados para determinar cuáles de los propietarios de esos animales estaban ignorando el reglamento de recoger sus heces de la vía pública.Los alemanes tienen certeza e instrumentos para determinar dónde está el mal, porque parten de un principio de confianza. Cuando se trata de los problemas de pobreza, empleo y crecimiento en México, las teorías abundan pero las soluciones son siempre inadecuadas. Peor, no se reconoce que sin confianza es imposible resolver el resto.

Desde el fin de la segunda guerra mundial y bajo el amparo de la Cepal, entidad de la ONU dedicada al desarrollo de América Latina, el gobierno mexicano se dedicó a promover el crecimiento de la economía por medio de la inversión pública. La teoría era que la inversión privada seguía a la pública, de tal suerte que si el gobierno electrificaba una región o construía una carretera, las empresas comenzarían a construir fábricas y servicios que se traducirían en generación de riqueza, empleos, crecimiento y menor pobreza. El experimento fue muy exitoso y permitió que la economía mexicana creciera a niveles elevados por varias décadas. Lo que pocas veces se aprecia es que la inversión no fue lo único que aportó el gobierno. Acompañando a la inversión venía una concepción de la función pública que luego desapareció: el gobierno entendía que tenía que crear condiciones físicas (infraestructura) pero también políticas para que prosperara la inversión privada. Esas condiciones políticas, que los empresarios llaman confianza, son lo más importante para el funcionamiento de una economía.

En esa era del desarrollo económico el gobierno incorporaba a personas con experiencia empresarial o, al menos, con la sensibilidad necesaria para conferirle certidumbre al empresario. El gobierno había logrado construir un andamiaje institucional que garantizaba la estabilidad política y mantenía claridad y permanencia en las reglas del juego que hacían funcionar a la economía. Se trataba, hoy lo podemos evaluar con toda claridad, de un sistema autoritario que lograba la estabilidad no por la fortaleza de las instituciones, sino por la estructura de controles que lo caracterizaban. Sin embargo, desde la perspectiva de un empresario, el sistema garantizaba permanencia de las reglas (al menos por un sexenio) y eso generaba la confianza necesaria para invertir. El resultado era crecimiento económico y generación de empleo.

Las cosas cambiaron en los 70 por dos razones. Una, la principal, fue un relevo generacional en el gobierno. La otra fue un cambio en la estructura de la economía. El ritmo de crecimiento de la economía comenzó a disminuir porque las exportaciones de materias primas y granos dejaron de ser suficientes para importar insumos industriales, lo que exigía un cambio estructural importante. El problema fue que quienes decidieron la naturaleza del cambio estructural no entendían al empresariado, al inversionista ni al empleador: por eso minaron la base de confianza que había funcionado con tanto éxito por décadas y sentaron las bases para los grandes males que nos siguen acompañando.

Hoy, once años después de la primera alternancia política desde la Revolución, está de moda culpar a los panistas de su incompetencia en distintos ámbitos. El inicio de facto de la temporada electoral constituye una oportunidad excepcional para atacar a esos gobiernos y lanzar piedras sin ton ni son. Sin embargo, el problema no radica en los gobiernos recientes, por incompetentes que hayan sido, sino en el legado corporativista que dejaron los gobiernos anteriores y que estos no supieron desmantelar. Más allá de culpas, el problema del país reside en una estructura político-económica que arroja dos males: propicia la informalidad y desincentiva la inversión formal. La suma de los dos se traduce en una economía que crece poco, genera un nivel muy bajo de empleos formales y permanentes y deja a la población en un clima de desasosiego que retroalimenta todo lo demás.

El sistema propicia la informalidad de dos maneras. Por un lado, hace muy onerosa la formalización; por el otro, favorece la permanencia de la informalidad. Me explico: para una persona o familia que inicia un negocio –igual jugos que tortas, reparaciones o puestos de ropa, lo que sea- no tiene el tiempo ni los recursos para registrarse ante el fisco, cumplir los requisitos del IMSS, estar en orden ante las autoridades laborales y satisfacer las interminables declaraciones que exige cada una de esas burocracias, por lo que opta por hacer lo que sabe o puede hacer y nada más.

Así nace una empresa informal. En lugar de hacerle la vida fácil para formalizarse, las autoridades la hostigan, haciendo imposible su crecimiento y desarrollo. Al final del día, la informalidad resuelve (mal) un problema de empleo, pero no el del crecimiento. Una vez en la informalidad, es casi imposible formalizarse y mecanismos como el del seguro popular, necesarios y encomiables, pero concebidos esencialmente para quien vive en la informalidad, propician que esas personas permanezcan como están.

Para crecer, el país requiere empresarios que generen riqueza y empleos, requisitos ambos para acabar con la pobreza. La gran pregunta es cómo lograrlo. En la actualidad, desde los setenta aunque con algunos momentos de sol, el país vive en un entorno de incertidumbre y burocratismo que hace poco propicio el ambiente para la inversión privada. Para que ésta prospere se requiere un clima de confianza y certidumbre que haga atractivo asumir el riesgo inherente a iniciar una aventura empresarial. Irónicamente, la inversión prospera más en un clima de competencia y poca, pero efectiva, regulación, que en uno burocratizado y politizado. Digo irónicamente porque muchos empresarios encumbrados prefieren los favores, protección y subsidios que otorga la burocracia, pero lo único que propicia un clima así es empresarios quejosos y perezosos que no crean empleos ni riqueza. México necesita una nueva clase empresarial: aquella que está dispuesta a asumir riesgos y a competir con el resto del mundo. En lugar de culparse, nuestros políticos deberían dedicarse a construir un clima que haga propicia la inversión privada, que atraiga a los empresarios susceptibles de crear riqueza y generar los empleos que al país le urgen. Esto es mucho más difícil de lograrse de lo que suponen quienes se abocan a la retórica maniquea que no hace sino complicar la construcción del entorno de confianza que tanta falta nos hace.

Luis Rubio es Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), una institución independiente dedicada a la investigación en temas de economía y política, en México.