Revoluciones inquisidoras

Siglo 21

La revolución ciudadana de Rafael Correa se asemeja cada vez más a la bolivariana de Hugo Chávez. En ambas, la crítica a la autoridad y el disenso se han convertido en delitos de opinión, castigándose con cárcel, multas millonarias o exilio forzado. 

Así como la iglesia del Siglo XIV, el Presidente ecuatoriano se siente dueño de la verdad, infalible y censor de sus críticos. Esta semana un ex columnista del diario El Universo, y sus directivos, pagaron muy caro la osadía de llamarlo “dictador” en una columna de opinión. En un trámite judicial vertiginoso un juez dictó sentencia en 12 horas tras leer 5 mil fojas de expedientes, condenando a los demandados a 3 años de cárcel y a indemnizar al mandatario con $40 millones. 

La desproporción entre el castigo y el delito de opinión, desenmascaran un juicio politizado. Similar al que hace días fue sometido el opositor venezolano Oswaldo Álvarez Paz, sentenciado a dos años de cárcel por declarar en TV que el narcotráfico corroe a Venezuela. Un entretejido sistema jurídico-legal, usado para castigar la crítica de políticos y periodistas, quienes ante la persecución, eligen el destierro antes que la cárcel. 

A este sistema perverso, Chávez y Correa lo completan con la estrategia del escarnio público. Dedican horas por semanas para satirizar e insultar a sus contrincantes. Correa consagró siete cadenas nacionales de más de una hora para atacar a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores de El gran hermano, un libro que denuncia nepotismo y corrupción de contratos millonarios entre el Estado y su hermano mayor, Fabricio. A la ofensiva verbal le sumó una demanda por $10 millones . 

Igual que el presidente de Venezuela, Correa se sirve de su estrategia integral, para expropiar y controlar empresas. Creó un emporio de 19 medios de comunicación, sin contar los que controla mediante presión de publicidad oficial, inspecciones impositivas y sanciones administrativas. En esa concentración mediática utiliza un ejército de periodistas militantes para defender su revolución, así sea con propaganda noticiosa o programas televisivos.

Su mayor anhelo es contar con una ley de comunicación que le permita “controlar los excesos de la prensa corrupta”. Introdujo su semilla en la Constitución de 2008, apenas asumió, aunque no pudo cristalizarla tras varios empellones en el Congreso. 

Pero en una coartada perfecta, Correa retomó el tema en la consulta popular de mayo, buscando el apoyo ciudadano para que se legisle “sin dilaciones”. Consiguió su sueño, y de un solo zarpazo contra la libertad de empresa y de prensa, logró que el proyecto de ley incluya una prohibición para que los dueños de medios no posean otro tipo de empresas y que se sancione la difusión de contenidos explícitos sobre violencia, sexo y discriminación. 

El Gobierno ecuatoriano se ha encargado de vender gato por liebre para que pasen desapercibidas esas violaciones. Los ciudadanos creen que se trata de una ley de comunicación o de medios; no obstante que la censura recaerá sobre todas las expresiones. 

Pero a Correa el tiro puede salirle por la culata. El costo político de estas estrategias inquisidoras contra medios, oposición y ciudadanía, será caro; lo que trata afanosamente de simular tras una falsa estampa de líder apegado a las leyes y la justicia. 

Ojalá que los legisladores, antes de votar la “ley Correa”, miren el mural que pende en el Palacio Legislativo, del extinto Oswaldo Guayasamín, quien al representar al populismo con rostro oscuro y adusto, explicó: “

Cuando el pueblo escucha estos cantos de sirena, se engaña, y forma la chusma con la que los populistas llegan al poder, para luego cargarle el peso de sus ambiciones”.