Ecuador: Arremetida contra libertad
A raíz del referéndum arrecia el acoso de los gobernantes a las libertades públicas y la seguridad jurídica. La ciudadanía está en proceso de perder derechos y libertades que ganó con la revolución liberal.
Basado en que una mayoría simple de los sufragantes, 46,1%, acogió el planteamiento presidencial, se reforma la Constitución permitiendo que el Gobierno y su partido designen tres simpatizantes para que reestructuren la Función Judicial.
El partido mayoritario, que controla Ejecutivo, Legislativo, Función Electoral y organismos de control, también controlará las cortes.
De igual manera, con el 47,2% de los sufragios se reforma la Constitución conculcando derechos de los propietarios de bancos y empresas de comunicación de alcance nacional, quienes no podrán invertir en negocios distintos al financiero y de comunicación, respectivamente.
En todo país con seguridad jurídica se requiere una mayoría especial para reformar la Constitución. En Ecuador basta una precaria mayoría simple.
El presidente, bajo el marco jurídico vigente y antes del cambio de jueces, obtuvo una condena sin precedentes contra los directivos de EL UNIVERSO, que pone en riesgo la existencia de este Diario.
Pero aparentemente, este marco jurídico no le basta.
En la consulta que acompañó al referéndum, también una mayoría simple de electores, 45%, aprobó que la Asamblea cree un Consejo de Regulación que establezca criterios de responsabilidad ulterior a los comunicadores y medios emisores.
La Asamblea tramita esta ley mordaza. Sea cual fuere el texto que apruebe, el presidente legislará a través del veto parcial. Superar el veto parcial requiere una mayoría legislativa especial, la cual es imposible lograr dado el alto número de asambleístas que acatan sin reflexión las instrucciones superiores.
La barra es más alta para superar un veto presidencial que para reformar la Constitución.
Independientemente de cuál sea el objetivo final del presidente en su arremetida contra EL UNIVERSO, lo cual trascenderá cuando se tramite la apelación de los condenados, queda establecido que, con ley mordaza y jueces obsecuentes:
– Quienes hacen opinión y los periodistas de investigación corren el riesgo de ser condenados a largas penas de cárcel y despojados de todas sus pertenencias materiales;
– Los dueños de los medios de comunicación deben ejercer censura previa sobre sus columnistas, reporteros y cartas a la Dirección, de lo contrario correrán la misma suerte.
Como consecuencia, quienes reportan o escriben de temas controvertidos deberán hacerlo de manera oblicua o abstenerse: autocensura.
No solo se viola la libertad de expresión, sino el derecho de la ciudadanía a estar informada. No habrá contrapartida a la agobiante publicidad oficial.
Como en el Medio Oriente, será el momento de los medios sociales.
El presidente también pagará un precio, puesto que sin medios independientes, los corruptos dentro del Gobierno (los hay en todos los gobiernos) podrán desenfrenarse, puesto que no habrá quién alerte a la ciudadanía y al propio presidente. La libertad de prensa también le sirven al poder.
En el 2007, una nueva generación captó el poder. Se presentó como modernizante y garantista de derechos. Hoy se revela contraria a la independencia judicial y a la libertad de prensa.
Tendrá que rendir cuentas ante la Historia.
- 23 de enero, 2009
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