Inflación de derechos en Chile: ¿Y los «magníficos deberes»?

La Tercera, Santiago

En una época en que existe inflación de derechos, el gobierno ha anunciado su intención de añadir otro a la lista. En su propuesta para la educación incluyó la idea de "incorporar como garantía constitucional el derecho a una educación de calidad, estableciendo el deber del Estado de velar por el mismo". A nadie puede escapársele la ironía de que la autoridad promueva un derecho que la realidad misma de las movilizaciones estudiantiles demuestra que no está en condiciones de garantizar. Porque una cosa es ofrecer derecho a la educación (ya consagrado en la Constitución) y otra muy distinta es definir qué es "una educación de calidad" y obligarse a proveerla.

¿Asegura, por ejemplo, el paquete de medidas propuesto por el gobierno el cumplimiento de ese objetivo? Es obvio que los estudiantes no creen que lo haga. La ironía me recuerda una conversación con una historiadora concertacionista, quien, luego de promulgada la reforma previsional por el gobierno de Michelle Bachelet, comentó muy seria que "ahora vamos a tener que ver la manera de financiar todos estos magníficos derechos que hemos aprobado".

Los "magníficos derechos" a los que se refería mi interlocutora se manifiestan hoy en toda clase de formas, desde el de los colectiveros a interrumpir el tránsito ayer en Santiago en reclamo por el alza de la bencina, hasta el de los mineros de Escondida a hacer un paro ilegal por considerar insuficiente el regalo de $ 2,8 millones que la empresa les ofreció fuera de toda obligación laboral; desde el de los estudiantes a marchar hoy por la Alameda, pese a la prohibición de la autoridad, hasta el de los secundarios a tomarse los colegios como una vía de exigir mejor educación o el fin del lucro.

Al invocar para sí esas libertades, los manifestantes rara vez tienen en consideración el hecho de que la esfera de la libertad lo es también de la responsabilidad. Si quisieran tomar conciencia de ello, se darían cuenta de que sus derechos les imponen deberes consigo mismos (un escolar sensato sabe que la calidad de su educación no sólo pasa por el financiamiento que entregue el Estado, sino que, de manera mucho más decisiva, por el esfuerzo que dedique a sus estudios) y con otras personas, desde su familia a la sociedad.

Pese a esta realidad, el discurso que hemos venido escuchando desde hace tiempo es que debemos avanzar hacia una "sociedad de derechos", los cuales deben ser garantizados incluso si ello significa una pérdida para quienes sufren los efectos del ejercicio de esas garantías. Así, los comerciantes cuyos negocios son saqueados luego de cada manifestación o los alumnos que no pueden ir a clases a los colegios que están en toma, sufren las consecuencias de aquellos que utilizan su derecho a protestar.

Corresponde al gobierno resguardar que la inflación de derechos no termine ahogando la convivencia y la seguridad. Por eso, es un buen primer paso que haya negado permiso a la marcha por la Alameda. Para recuperar la autoridad que se ha dejado arrebatar en las últimas semanas, La Moneda debe ejercer sus atribuciones, preocupándose más de preservar los derechos de la mayoría afectada que de resguardar los de la minoría ruidosa.