Honduras: La mano en la conciencia (I)

El Heraldo, Tegucigalpa

La experiencia en varios países de América del Sur es que las reformas políticas son tan necesarias como las reformas económicas y sociales. De hecho, la percepción generalizada entre la sociedad civil de que hay ineficiencia, indiferencia y corrupción en los partidos y en la administración pública ha conducido a un gran desencanto con los partidos tradicionales, produciendo la caída continua en el número de votantes y la aparición de candidatos independientes. También ha ocasionado el surgimiento de mesías con gobiernos populistas dictatoriales.

En Honduras necesitamos que la clase política se dé cuenta de estas realidades y de la necesidad de transformación para evitar su propia extinción. Necesitamos partidos inclusivos y políticos que busquen el beneficio de las grandes mayorías, que promuevan el respeto a la ley, y castiguen a los corruptos.

Sin embargo, lo que estamos viendo es lo mismo de siempre, con el agravante que los políticos tradicionales ahora han adoptado una actitud demagógica-populista. No se dan cuenta que si un gobierno actúa como un eterno Santa Claus, entonces también tiene que vivir con las consecuencias económicas y sociales que ello envuelve. No se puede repartir la riqueza que no se ha construido.

La reciente experiencia de la deformación de la política tributaria con el afán de obtener más recursos bajo el pretexto de fortalecer la seguridad, no hace más que confirmar las afirmaciones anteriores. Ante la reacción negativa por parte de los agentes económicos, los políticos han recurrido al discurso demagógico de que los "empresarios y los ricos son mezquinos y avaros" y que tienen que ponerse la mano en la conciencia. También nos han inundado de anuncios publicitarios, pagados con nuestros impuestos, para hacernos creer que los nuevos tributos solo van a afectar a los pudientes.

La realidad es que estas reformas y el clima de incertidumbre están colocando a nuestro país en una situación de desventaja competitiva para atraer inversiones. Adicionalmente, se está promoviendo la desintermediación financiera y forzando a los depositantes a volver al efectivo como medio de pago, poniéndolos en una situación de mayor riesgo ante la delincuencia. También encarecerán el crédito al aplicar un impuesto a los préstamos nuevos y sus pagos, que afectará a las instituciones microfinancieras y cooperativas de ahorro y crédito que atienden las necesidades de los micros y pequeños empresarios, que no son ricos y pudientes. La mayoría de las empresas medianas y grandes acreditan los sueldos de sus empleados en cuentas de cheques planilleras y cuando ellos retiren sus fondos para cubrir sus necesidades básicas, se les aplicará el impuesto. Y la mayoría de estas personas tampoco se puede clasificar como ricos.

También habrá un efecto sobre los depósitos que los Institutos de Pensiones mantienen en el Sistema Financiero, reduciendo la rentabilidad de las reservas actuariales que respaldan las obligaciones previsionales de dichos institutos.

Las empresas que han sido castigadas con impuestos directos, como la telefonía móvil, comidas rápidas, instituciones financieras, minería, tendrán que pagar adicionalmente el impuesto al momento de realizar sus transacciones bancarias de pago, costos que probablemente se trasladarán a los consumidores, incrementando las presiones inflacionarias.

A pesar de que los defensores de estas reformas acusan a la misma masa de contribuyentes de no querer tributar más, la ciudadanía no ha visto ningún gesto del gobierno por reducir su gasto burocrático y focalizar los recursos escasos en mejorar los servicios básicos que se ofrecen a las mayorías pobres en educación, salud y otros, sin distingos de colores políticos y sin intereses electoreros. La mano en la conciencia también deberían ponérsela los políticos para iniciar ese proceso de transformación política, económica y social que nos lleve por la senda del bienestar general.

En una segunda entrega ampliaré el tema y comentaré sobre el presupuesto del gobierno central que en los últimos cinco años se ha incrementado fuertemente, pero casi todo para gasto corriente.