Leyes de inmigración: Gobiernos locales desafiantes

La Opinión, Los Angeles

Washington. - El Gobierno del presidente Barack Obama ha dejado en claro, en sendas demandas contra Arizona y Alabama, que es el único encargado de aplicar las leyes de inmigración, pero eso no frena a gobiernos estatales que insisten en crear un infierno para los indocumentados.

Tal como lo hicieron contra la ley SB 1070 en Arizona en 2010, el Departamento de Justicia, y varios grupos cívicos y religiosos han entablado demandas paralelas para frenar la puesta en marcha de la HB 56 en Alabama el próximo 1 de septiembre.

La ley de Alabama, promulgada el pasado 9 de junio por el gobernador republicano Robert Bentley, supera con creces la SB 1070 de Arizona, porque además de convertir en criminales a los indocumentados, deja una huella indeleble en toda su vida cotidiana.

De continuar su rumbo, la HB 56 prohibirá a los indocumentados en Alabama el acceso al trabajo, la vivienda, el transporte y la escuela. También castiga a quienes les contraten u ofrezcan cualquier tipo de ayuda.

Si, por mala suerte, son detenidos en la calle por una infracción de tránsito y levantan sospechas de ser indocumentados, la policía podrá exigirles "papeles".

La HB 56 también exige que el empresariado participe en el programa federal "E-Verify" para confirmar el estatus migratorio de sus empleados, de manera que se cierren las fuentes de sustento para los extranjeros clandestinos.

El Gobierno del presidente Barack Obama ha vuelto a argumentar que es el único con la facultad para hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos, y que los estados no pueden crear sus propias leyes.

Los grupos cívicos, entre ellos MALDEF, la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) y el Centro Sureño Legal contra la Pobreza (SPLC), señalan que la HB 56 es "draconiana" y viola los derechos constitucionales de los residentes de Alabama, sin importar su estatus legal.