¿Quién debe pagar la cuenta de la educación?
Las cuentas en la Asamblea Legislativa registran que a los diputados viajeros se les debe 200 mil dólares; se trata de viáticos utilizados por los "padres de la patria", más allá de lo presupuestado para tales fines, en viajes por el mundo con fines de "trabajo legislativo". No me cabe duda de que tarde o temprano les condonarán la deuda y que ésta saldrá de las arcas del Estado, de los impuestos que pagamos los salvadoreños.
En Chile también hay un debate sobre el destino de los fondos del Estado, por supuesto de mucha mayor trascendencia, importancia y relevancia porque está relacionado con el financiamiento de la educación. Y es que el fondo del conflicto que padece Chile en la actualidad, tiene que ver con la incógnita: ¿Quién debe de pagar por la educación de los chilenos?
Tal como lo señalaba la semana pasada en este espacio, las protestas masivas, que están a punto de hacer perder el año escolar, han tumbado a un par de ministros e incluso han puesto en jaque al mismo presidente Sebastián Piñera, tienen un triple eje: uno, la calidad de la educación que exigen sea un mandato constitucional; dos, el financiamiento de la educación que implica el componente estructural, de abandonar el financiamiento privado y que sea el Estado quien pague la educación desde los niveles de parvularia hasta los estudios superiores, y, tres, dejar de lado la municipalización de los estudios y que sea el Estado, en su conjunto, quien tome la directriz del sistema.
Los tres planteamientos son polémicos y hay razones en favor y en contra de cada uno, sin embargo que una nación entera discuta estos temas es importante y demuestra, de alguna manera, que el tema de la educación es fundamental y responsabilidad de todos los sectores de la sociedad,
Si no fuera por los brotes de violencia que han generado las masivas manifestaciones y lo prolongado del conflicto, habría que señalarlos como movimientos paradigmáticos en América Latina, porque se busca hacer del sistema educativo un elemento esencial para el desarrollo presente y futuro de una nación. Esto, sin contar con que la educación chilena es una de las más sólidas del Continente: casi cero analfabetismo, cerca de total cobertura escolar, altos niveles de calidad de los liceos que sobresalen en los exámenes internacionales de lenguaje y matemática y, por supuesto, una educación superior vinculada estrechamente al auge económico de este país que ha sido administrado, después de Pinochet, por varios gobiernos de izquierda y, en los últimos años, por un presidente de derecha.
La presidenta socialista saliente, Michelle Bachelet se enfrentó a estos problemas educativos, pero no quiso entrarle de lleno a las soluciones; ahora, al gobernante Piñera no le ha quedado otra opción que intentar hacer las reformas y, al parecer, lo está haciendo, tratando de no olvidar que se trata de procesos graduales en los que debe prevalecer el realismo, además de no desestimar la dinámica privada, sobre todo dejando claro que alguien tiene que pagar la cuenta.
Y aquí volvemos al eterno problemas: ¿Quién debe de financiar la educación en su conjunto? ¿El Estado a través del Gobierno, lo que implica fortalecer al Estado benefactor? ¿La empresa privada, los beneficiarios de la educación, regulada por el Estado o un sistema mixto donde se combina lo privado con lo público?
No hay fórmulas mágicas que digan cuál es el mejor sistema, lo que sí queremos recoger y reconocer de lo qué está sucediendo en Chile, es que la población ha puesto en tema en discusióny el gobierno no le ha quedado otra que entrarle al tema y encontrar una salida democrática.
El autor es Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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