Venezuela hoy: la libertad amenazada

CEDICE

Durante la primera quincena de agosto se discutió y sancionó la polémica Ley del Deporte en la Asamblea Nacional, continuó la discusión sobre las graves consecuencias que tendrá para la economía del país la aprobación    -en el marco de la Ley Habilitante que la Asamblea Nacional le otorgó al Presidente de la República- de la Ley de Costos y Precios Justos, y se emitieron algunas declaraciones muy preocupantes por parte de un grupo de generales afectos al Gobierno, las cuales comprometen la estabilidad de la democracia y ponen en riesgo la realización de las elecciones nacionales previstas para el año que viene.

En relación con la Ley del Deporte, Cedice emitió una declaración por intermedio de su presidente, Rafael Alfonzo, que reproducimos a continuación. En torno de la Ley de Costos y las intervenciones de los oficiales chavistas expresamos nuestra propia opinión.           

Ley del Deporte

Cedice Libertad manifiesta su preocupación y desacuerdo con la forma como fue finalmente aprobada la Ley Orgánica del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física. El procedimiento revela la utilización de la Asamblea Nacional como instrumento para imponer, por la vía legislativa, impuestos y contribuciones parafiscales, sin que previamente se hubiese efectuado la negociación y concertación entre los agentes sociales afectados por esa norma, especialmente, los empresarios. La consulta y los acuerdos entre las partes constituyen el mecanismo idóneo de toda democracia para lograr consensos.

La creación del Fondo para el Desarrollo del Deporte contemplado en la Ley, con recursos provenientes del 1% aportado por las empresas cuyo ingreso neto anual supere las 20.000 Unidades Tributarias, viene a sumarse a la larga lista de exacciones de la que es objeto la actividad empresarial, de las cuales hay que destacar las que se realizan para financiar la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica Antidrogas. En ambos casos los fondos son manejados por el Estado. El día 18 de julio, el Presidente de la República aprobó, en el marco de la Ley Habilitante, la Ley de Costos y Precios Justos, sin la debida intervención de los actores involucrados. Ese es un nuevo instrumento jurídico punitivo, persecutorio y burocrático, que desincentiva aún más la producción y la productividad, y penaliza de forma desproporcionada a los productores y suministradores de bienes y servicios, que incurran en alguna de las faltas, muchas de ellas arbitrarias, que señala la mencionada ley.

La confiscación de los ingresos que obtienen las empresas y la sanción de leyes policiales perjudican el desempeño económico del país, y castigan con especial severidad a los trabajadores, quienes pagan con mayor desempleo, inflación, escasez y bajos salarios estas políticas autoritarias, destinadas a cercenar  la libre iniciativa y la propiedad privada, y a menoscabar a democracia.

Para resolver los graves problemas económicos y sociales existentes, Venezuela necesita leyes que garanticen el Estado de Derechos, los derechos de propiedad, incentiven el diálogo y la confianza, y acaben con la discrecionalidad de una burocracia que cada vez se torna más  agresiva, arrogante y antinacional.

La ley sádica

La Ley de Costos y Precios Justos  mostró, de nuevo, el talante policial de los comunistas vernáculos. De los 88 artículos que la integran, 44 están dedicados a establecer las sanciones, la mayoría desmedidas y arbitrarias, que se le aplicarán a los infractores, y los recursos que estos podrán interponer frente a la burocracia arrogante e indolente que se encargará de garantizar la aplicación de semejante adefesio.

El artículo 60, que se refiere a las “medidas preventivas”, señala que “si durante la inspección o fiscalización, el funcionario actuante detectara indicios del incumplimiento de las obligaciones del presente Decreto …, podrá adoptar y ejecutar en el mismo acto medidas preventivas …” que podrían consistir en: suspensión del intercambio, distribución o venta de los productos, o de la prestación de los servicios; requisición u ocupación temporal de los establecimientos o bienes indispensables para el desarrollo de la actividad o para el transporte o almacenamiento de los bienes comisados; cierre temporal preventivo del establecimiento, suspensión temporal de las licencias, permisos o autorizaciones …”Imaginen el poder de ese funcionario a quien, en la fase “preventiva” la ley le enviste de la autoridad para suspender, ocupar, cerrar establecimientos o suspender licencias, permisos y autorizaciones para suministrar determinados servicios, digamos, médicos, odontológicos, psiquiátricos, etcétera.  Los exrojos –ahora tornasoles- piensan según la vieja pedagogía: la ley, no la letra, con sangre entra.

El comandante  exiliado despoja a los gobernadores y alcaldes de las competencias que la Constitución les confiere, sin embargo, a los funcionarios designados por él les concede numerosas facultades. La ley crea –Art. 28-  la Superintendencia Nacional de Costos y Precios con 20 atribuciones –Art. 31- la mayoría sancionatorias. El cumplimiento de esas competencias debe ser garantizado por el Superintendente Nacional de Costos y Precios –Art.34- quien es designado, no cabe dudas, por Chávez. Este personaje, además de las obligaciones de la Superintendencia tiene a su cargo, ocho atribuciones específicas –Art.36- que lo convierten en una especie de superministro. ¿Qué hace falta para convertirse en Superintendente, Art. 35?: ser venezolano por nacimiento; mayor de 30 años; estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y no haber cometido ningún delito que lo inhabilite. En resumen: ni siquiera se requiere saber leer y escribir, o poseer algún tipo de experiencia en el campo. Basta con ser incondicional de Chávez y manifestar una sólida vocación de comisario en el sentido bolchevique del término; es decir, de caporal.

Monta una estructura burocrática engorrosa: el Sistema Integrado

La ley es sádica porque las palabras que más aparecen son: multas, inhabilitaciones, cierre temporal, ocupación temporal, suspensión temporal, cierre definitivo. Es un texto que se regodea con la sanción. Se plantea controlar la inflación, lograr “precios justos”, proteger a los consumidores y evitar la especulación, solo que lo hace apelando al castigo. La ruta punitiva siempre ha conducido a la escasez, el desabastecimiento, el incremento constante de precios y, por añadidura, el desempleo porque la inversión se estanca.

La amenaza militar: ¿cuán grave es?

La batería de declaraciones dadas durante los días recientes, por algunos de los oficiales más connotados del régimen, seguramente forma parte de un plan diseñado por el Comandante Presidente, bajo la tutela de Fidel Castro, para atemorizar a los votantes opositores. El ministro de la Defensa, general Carlos José Mata Figueroa; el Comandante del Comando Estratégico Operativo, general Henry Rangel Silva, y el nuevo Comandante de la Guardia de Honor Presidencial, general Wilfredo Figueroa Chacín, cada uno a su manera, le han jurado lealtad a Hugo Chávez y al proyecto socialista, sugiriendo al desgaire que no ven con buenos ojos un eventual triunfo de la alternativa democrática en las elecciones del próximo año. Se trata de una amenaza nada velada contra la oposición.

Las manifestaciones de fervor revolucionario de ese sector del generalato hay que conectarlas con las afirmaciones de Chávez en su más reciente entrevista con José Vicente Rangel, caricaturizada magistralmente por Rayma con la imagen de la lombriz y el alacrán. En esa conversación el Presidente enfermo deploraba no haber triunfado el 4-F y mostraba un cierto desdén por los comicios, en general. La revolución no está casada con las elecciones, ni con las de 2012, ni con ninguna otra. Esas consultas son un requisito impuesto por las condiciones nacionales e internacionales, pero los verdaderos revolucionarios, como él, no se atan a esos eventos. El objetivo supremo reside en alcanzar el poder por cualquier vía, y una vez lograda esta meta, preservarlo de cualquier modo, también.

El mensaje resulta claro: va a las elecciones porque las circunstancias lo obligan, pero hay que tener en cuenta que si las pierde arrebata, pues para eso cuenta con el Alto Mando. Intimida con su guardia pretoriana en el caso de que las masas populares terminen de divorciarse definitivamente de él, por la calamidad del gobierno que preside y porque su enfermedad no conmueve la fibra de ese pueblo que lo acompañó en sus excesos y errores con conmovedora lealtad. Chávez, en vista de que ve en serio peligro la continuidad de su régimen más allá de 2012, optó por la política de la provocación y el chantaje. Pero, ¿será verdad que los generales que lo rodean estarán dispuestos a concretar sus amenazas en el caso de que Chávez o el chavismo pierdan la consulta del año entrante? El mundo actual es muy distinto al que surgió en la cabeza  del comandante. Muchos déspotas que durante décadas convocaron a elecciones amañadas o que se negaron durante  muchos años a realizarlas, hoy se encuentran  fuera del poder y están siendo juzgados por los organismos jurisdiccionales.

Un caso emblemático es el del ex dictador egipcio, Hosni Mubarak, gravemente enfermo de cáncer y tras las rejas, acusado de ser responsable de las muertes que se produjeron durante los sucesos de enero y febrero pasado. Al Assad,  el déspota de Siria, renuente a convocar elecciones libres, encara una protesta que se ha extendido durante varios meses. Abdulá Saleh, el mandón de Yemen del Sur, tuvo que quedarse en Arabia Saudita después del atentado que casi le cuesta la vida. Ben Alí, presidente de Túnez, salió disparado luego de las protestas masivas exigiendo cambios democráticos. El coronel Muhamar Gadafi dejó de ser el líder de la Revolución Verde, para convertirse en el carnicero del pueblo libio y navegar sobre un charco de sangre roja y espesa.

Los militares venezolanos deben estar tomando debida nota de lo que ocurre en esa región del planeta, que parecía dominada por tiranos más sólidos que el macizo guayanés. Además, el Estatuto de Roma pende sobre la cabeza de los autócratas como una sombra de la que no pueden desprenderse. Los oficiales saben diferenciar entre las declaraciones de ocasión pronunciadas para complacer al jefe y los comportamientos concretos cuyo propósito se dirige a desconocer la voluntad popular y reprimir. Las Fuerzas Armadas que acompañaron a Marcos Pérez Jiménez el 30 de noviembre de 1952, cuando desconoció los resultados de las elecciones de esa fecha, fueron las mismas que lo abandonaron el 23 de enero de 1958, solo cinco semanas después de haber convalidado el fraude del 15 de diciembre de 1957.Lo mismo ocurrirá si la oposición triunfa en la consulta de 2012. La institución armada acatará esos resultados y los hará respetar ante quienes pretendan desconocerlos, incluido Hugo Chávez. El peso del uniforme y de la tradición institucionalista será decisivo. Los militares, a la cabeza quienes hoy vociferan a favor  del socialismo, no respaldan a los perdedores, ni a los alzados. Eso sí: tenemos que ganar.