Deportaciones: Ver para creer

El Nuevo Herald

Washington. – Tras la intensa presión de grupos pro inmigrantes y más de un millón de deportados después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuncia que llevará a la práctica lo que puso en papel hace unos meses y lo que debió hacer desde un principio: priorizar las deportaciones para centrarse en quienes realmente suponen una amenaza a nuestra seguridad y no en estudiantes, padres o madres.

Lástima que el alivio llegará muy tarde para muchos que ya fueron removidos sin tener historial criminal y otros que serán removidos en tanto se afinan las directrices.

Es sin duda un paso importante, pero no hay que cantar victoria tan pronto. Como bien dicen, el papel todo lo aguanta y la prueba de fuego estará en la práctica.

Con programas como Comunidades Seguras y 287(g) vigentes queda por ver cómo las directrices de arriba se hacen cumplir sobre el terreno y si el gran anuncio se queda corto en el día a día de las diversas agencias que tienen injerencia en la detención y eventual remoción de inmigrantes.

Hay sectores de esta nación donde, por ejemplo, la Patrulla Fronteriza opera con impunidad y casi con sus propias reglas. Hay familias que viven lejos de la frontera pero casi en estado de sitio con temor incluso a salir de sus hogares para las necesidades básicas para no convertirse en una estadística más.

Y las estadísticas ignoran el drama que vive cada familia cuando uno de los suyos es deportado sin remedio.

Este anuncio ha generado además mucha confusión. Aunque aplica a unos 300 mil casos de personas en proceso de deportación, también puede potencialmente beneficiar a miles, no como grupos sino de manera individual: estudiantes, menores de edad, familiares de personal militar, residentes legales, parejas del mismo sexo, víctimas de violencia doméstica, discapacitados, padres o madres que sean el único sostén en la crianza de sus hijos, personas con profundos lazos en la comunidad. En fin, una larga lista de condiciones que podrían evitar que una persona sea deportada.

Pero hay que aclarar que eso no supone que si una persona cae en una de esas categorías automáticamente no es deportable.

Tampoco supone que se haya declarado una moratoria a las deportaciones. Estas seguirán. Supuestamente habrá mayor cuidado al decidir quién es deportable, pero las deportaciones seguirán.

Mientras no haya una solución amplia, como una reforma migratoria integral, el riesgo a la detención y eventual deportación siguen presentes.

Se hacen presentes también los usureros y notarios inescrupulosos que comienzan a venderle falsas expectativas de ajuste migratorio a personas desesperadas por una solución. Este caso no será la excepción.

En nada contribuyen los sectores opuestos al cambio como los demagogos republicanos que tal y como se anticipaba, tildaron el anuncio de “amnistía” solapada.

Pero también seguirán en pie los programas que han contribuido a disparar esa cifra de deportados. Con todo y los cambios anunciados, Comunidades Seguras se apresta a nacionalizarse y de manera obligatoria.

Muchos de los deportados bajo este programa no tenían historial criminal.

Curiosamente el anuncio de la administración se produjo la misma semana en que una audiencia pública en Los Ángeles, California, en torno a Comunidades Seguras resultó en ruidosas protestas. A pesar de haberse integrado una junta asesora que se supone presente al DHS recomendaciones para atender las quejas de quienes aseguran que, entre otras cosas, el programa mina la confianza entre las agencias del orden y las comunidades haciéndolas irónicamente inseguras, el DHS se adelantó a las recomendaciones, anuló los acuerdos vigentes en diversas ciudades y anunció que sigue adelante con sus planes de nacionalizar el controversial programa.

La administración sabe que hay frustración en la comunidad hispana ante la falta de una reforma; sabe que hay dolor en esa comunidad porque los deportados son familiares o conocidos incluso de votantes latinos que con tanto entusiasmo ayudaron a que Barack Obama ganara la presidencia en el 2008.

La administración sabe que en las elecciones de 2012 necesita cada voto para reelegirse y compensar por quienes abandonen el barco ya sea por la economía o por el mismo tema migratorio. Sabe que tiene que demostrar con algún hecho tanta promesa pendiente.

Queda por ver si los cambios sólo buscan aplacar ese descontento entre algunos sectores hispanos o si realmente resultarán en algún alivio.

No quiero ser pesimista. Pero sé que los cambios toman tiempo sobre todo cuando se trata de poner un hasta aquí a las malas costumbres arraigadas de algunas agencias migratorias.

Como Santo Tomás, tendré que ver para creer.

La autora es asesora ejecutiva y analista de America’s Voice.