El epílogo del exdictador Noriega

El Heraldo, Tegucigalpa

Hace más de un mes que el primer ministro de Francia, Francois Fillon, informó que su despacho había ratificado la extradición a Panamá del exdictador Manuel Antonio Noriega, pero hasta el momento de escribir esta nota aún no se conoce de manera oficial la notificación del gobierno galo a su homólogo panameño sobre la fecha de la extradición de Noriega.

Más allá del reporte oficial acerca del día de la extradición de Noriega, lo que sí es claro en Panamá es que su inminente retorno ha crispado el ambiente político y ha calentado el debate sobre si pasará el resto de su vida en una prisión o por el contrario la pasará en una de sus lujosas mansiones. Como se sabe, Noriega fue derrocado y capturado durante la invasión militar de Estados Unidos en 1989. En una prisión de Florida purgó 20 años de cárcel por el delito de narcotráfico y en abril del año pasado fue extraditado a Francia, en donde fue procesado por el blanqueo de dinero.

En Francia Noriega alegó que los dineros no provenían del narcotráfico, sino de malversación de fondos del Estado panameño. Cínicamente dijo: "fui cleptócrata, pero no narcotraficante". Ahora pese a los argumentos que esgrimió Noriega de haber robado al Estado, el Gobierno panameño no ha podido recuperar los 4.2 millones de dólares que le confiscó la banca francesa. Lo controvertido del asunto es que Francia se niega a transferir dichos dineros al Estado panameño con el argumento que la reclamación la debe hacer directamente a Noriega, pero lo delicado del caso es que los delitos por los cuales podría ser procesado este cleptócrata ya prescribieron en Panamá.

En Panamá nadie se atreve a pronosticar sobre lo que ocurrirá con Noriega cuando pise suelo panameño. La ministra de Gobierno, Roxana Méndez, ha dicho que "el gobierno a considerado como una de las opciones que a su llegada a Panamá sea trasladado a una prisión que queda a 40 kilómetros de capital panameña por los problemas de movilidad que lo afectan". Sin embargo, el reto es grande, tanto para el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli como para la justicia panameña, porque a pesar de que gran parte de la población panameña quiere ver a Noriega tras los barrotes de una prisión no será una tarea fácil para los tribunales panameños.

Por un lado, aún existen redes de beneficiarios de la narcodictadura reencauchados en el Poder Judicial durante el gobierno de Martín Torrijos. Por el otro, los beneficios que otorga la ley 14 del 2007, que se expidió durante el gobierno de Torrijos. Ley que establece que cuando un condenado tenga más de 70 años podrá beneficiarse del arresto domiciliario.

Norma promulgada a la medida con el fin torticero de beneficiar a Noriega, un personaje siniestro que tiene pendiente cinco condenas por más de 60 años, una por 20 años por el asesinato del líder político Hugo Spadafora, otra de dos décadas por los crímenes de nueve militares y una más por otros 20 años por el asesinato del mayor Moisés Giroldi. Pero de acuerdo con el código penal panameño en la práctica solo purgará 20 años.

Sus abogados no solo han emprendido una batalla jurídica para demostrar que por los 77 años de edad y los quebrantos de salud que padece tiene derecho a beneficiarse del arresto domiciliario, sino que han desplegado todo un arsenal jurídico para recuperar los bienes que le confiscaron a él, a su señora y a sus dos hijas, valorados en 24.8 millones de dólares.

Este es el epílogo de un exdictador que causa profunda inestabilidad política en su país por la corrupción, el terror, los crímenes, las desapariciones y las restricciones de las libertades que impuso durante su narcodictadura de 1981 a 1989.