Bienvenida la competencia fiscal

La Prensa, Panamá

El pasado mes de agosto, Andrew Quinlan, presidente del Centro para la Libertad y Prosperidad, dirigió un conversatorio con miembros de Fundación Libertad acerca de la competencia fiscal.

Quinlan explicó que la competencia fiscal tiene implicaciones conflictivas para países en vías de desarrollo, como Panamá, y para naciones de altos impuestos como muchos países europeos, lo que hace que esta competencia sea rechazada por este último grupo. El mensaje del expositor es claro: “No hay nada malo con ser un paraíso fiscal. Panamá no debe ceder a las exigencias de la OCDE, porque esta organización representa nuestra competencia”.

Los inversionistas internacionales buscan los países con mejores leyes fiscales, es decir, que les cobren menos impuestos por los servicios de marcos institucionales y protecciones legales, para depositar su capital en el mejor ambiente posible. De esta forma, la competencia fiscal existe cuando los políticos se sienten presionados para bajar los niveles de impuestos, para así atraer capital o retener los trabajos y la inversión dentro de la nación.

La competencia fiscal comenzó en los años 80, en la era Reagan y Thatcher. Desde entonces, los impuestos personales y corporativos en el mundo desarrollado han disminuido progresivamente, permitiendo que una parte creciente de los capitales internacionales se mantenga en manos productivas y promoviendo la competencia en la eficiencia gubernamental global. Los paraísos fiscales o jurisdicciones de bajos impuestos son buenos para la prosperidad mundial, porque fomentan la competencia fiscal. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) califica como dañina la competencia fiscal, porque permite que inversionistas muevan las operaciones o registros de sus compañías a otros países con el propósito único de minimizar el pago de impuestos.

Quinlan invitó a los presentes a examinar la estructura de la OCDE para entender mejor sus intenciones. Dicha organización está formada por 34 de los países más ricos y con impuestos más altos del mundo, a los que no les conviene que jurisdicciones de bajos impuestos, en su mayoría países en vías de desarrollo, compitan con ellos por el capital internacional. Estos países ricos, en vez de mejorar sus leyes fiscales, amenazan con proteccionismo financiero a naciones más débiles para que incrementen los impuestos a los inversionistas. Quinlan cataloga a la OCDE como una “OPEC para políticos”, que en vez de fijar precios, busca homogeneizar las leyes fiscales a nivel mundial para poder aumentar los impuestos uniformemente en una escala global.

Además, señaló ambigüedades dentro de las exigencias de la OCDE y refutó algunos mitos que existen en contra de paraísos fiscales. El centro financiero de Panamá compite directamente con las jurisdicciones de Delaware y Miami, que cumplen con todas las características de un paraíso fiscal, mas no reciben las mismas presiones por parte de la OCDE. Esto no es de extrañarse, ya que Estados Unidos contribuye con el 25% del presupuesto de la OCDE.

Uno de los mitos más comunes acerca de los paraísos fiscales es que son jurisdicciones deshonestas que poseen marcos legales inestables. Sin embargo, el Banco Mundial da a paraísos fiscales como Suiza, Singapur y Hong Kong una mejor calificación en cuanto a efectividad gubernamental, respeto a la ley y control sobre la corrupción que la que reciben países miembros de la OCDE como Francia, Estados Unidos y España.

Otra acusación es que los paraísos fiscales son centros de lavado de dinero. Sin embargo, todos los paraísos señalados por la OCDE forman parte del Egmont Group, un grupo exclusivo de jurisdicciones que poseen unidades de inteligencia financiera efectivas. Aún más, según estudios del Departamento de Estado y la CIA, los criminales no mueven dinero sucio a través de fronteras, ya que esto deja indicios sospechosos. El dinero, generalmente, es lavado dentro del mismo lugar donde se obtiene y, por tanto, no es cierto que los paraísos fiscales sean foco de lavado de dinero. Finalmente, esta acusación es un tanto hipócrita viniendo de los países de la OCDE, quienes utilizan sus bancas centrales para inflar la base monetaria, lo que es una acción equivalente.

Ser un paraíso fiscal no es algo dañino. De hecho, según estudios del Banco Mundial, los paraísos fiscales generan estándares de vida más altos. Investigaciones académicas de la Universidad de Michigan, también, confirman que los paraísos fiscales crecen más rápidamente y crean más prosperidad para sus poblaciones. El tema crucial en esta controversia es que las exigencias y amenazas de la OCDE representan una afrenta en contra de la nación panameña, que al ser soberana, debería de ser libre de implementar las leyes fiscales que considere más beneficiosas. Este es, precisamente, el urgente mensaje de Quinlan: “Las leyes deben velar por los intereses de los panameños y de nadie más”.