¿La mitología de la minería?

Siglo 21

El proceso político de Guatemala puede conducir a diversos escenarios futuros en relación con la minería. Dudo mucho que cualquiera de los más probables sea deseable, es decir, que conduzca al bien común o a mejorar la situación actual, sobre todo de los más pobres que viven en las regiones mineras. 

Hace poco un amigo me hizo llegar el Informe Anual 2010/2011 del Fraser Institute que contiene un sondeo sobre la minería en 79 jurisdicciones alrededor del mundo. Este estudio presenta un ranking de 0 a 100 del Índice de Política Potencial (PPI) que incorpora aspectos tales como los impuestos aplicables, la falta de seguridad jurídica, duplicaciones regulatorias, reclamos sobre tierras ancestrales, reglamentaciones ambientales, infraestructura y gestión de las administraciones públicas, entre otros. 

En aquellas jurisdicciones en las que el PPI se acerca a 100 puntos existen los mayores atractivos para invertir en proyectos mineros y en las que se acercan a 0 puntos, lo contrario. Los tres escores más altos han correspondido a Alberta, Nevada y Saskatchewan. Chile se encuentra en el octavo puesto con alrededor de 80 puntos, un par de puestos debajo de Finlandia y Suecia. 

¿Qué jurisdicciones cree usted, estimado lector, que están en el otro extremo? Sí, adivinó: Guatemala, Bolivia, Honduras y Venezuela ocupan cuatro de los cinco últimos puestos del ranking. Es más, el promedio latinoamericano baja notablemente debido al punteo de estos países. 

Por tanto, esa idea de que Guatemala está “regalando” sus recursos naturales no renovables y que las compañías mineras se los están llevando por nada, no es más que un mito. La situación es al revés: a nadie le interesa invertir aquí en un proyecto minero, si puede hacerlo en cualquiera de las otras 74 jurisdicciones que ofrecen mejores condiciones, en términos del PPI. 

Alguno pudiera replicar que esas otras jurisdicciones seguramente carecen de ciudadanos e instituciones con conciencia ambiental o mentalidad democrática, pero eso sería absurdo pues se trata de países como Canadá, Finlandia, Suecia, Estados Unidos o Australia. También son de los países de más altos ingresos per cápita y de mayor desarrollo institucional. 

Creo que lo más probable es que la “mitología minera” guatemalteca seguirá siendo la mentalidad predominante pues los motivos ideológicos de los enemigos de la minería son, simplemente, irracionales y el Estado no está dispuesto a hacer valer las leyes de la República. No pretendo ser irrespetuoso con quienes se oponen a la industria minera, tan sólo afirmo que no lo hacen sobre bases racionales. 

La legislación actual, tanto la específica como la fiscal, seguramente es perfectible y debiera revisarse para que Guatemala deje de estar entre los cinco últimos puestos del PPI, sobre todo porque hace falta inversión, empleos e ingresos fiscales para luchar contra la desnutrición infantil, la delincuencia, la ignorancia y la enfermedad. Además es indispensable que, una vez revisado, el marco jurídico de la minería sea aplicado firme y consistentemente por el Estado y que se hagan valer y respetar los derechos de todos y no solamente de los que vociferan y protestan sin bases racionales.