Argentina: La tiranía multiplicada

Economía Para Todos

Si no fuera por la gravedad del tema, el pedido de un
juez a periodistas para que informen sus contactos desde 2006 cuando
escribieron de inflación, movería a risa. Digo que movería a risa porque
mientras un juez pretende multar, poner preso, sancionar o lo que sea a un
periodista por informar una inflación que no es la oficial, otros jueces le han
pedido a economistas privados que le informen cual fue la tasa de inflación por
ellos estimada, para ajustar los valores en los juicios por alimentación a los
hijos de matrimonios separados. Es decir, unos jueces requieren la información
privada porque no confían en los datos del INDEC y otro quiere sancionar a los
que informan datos diferentes al INDEC. ¡De locos!

A esta altura del partido resulta muy difícil afirmar
que estamos en una democracia republicana. Más bien nos encontramos en un
régimen que abusa del monopolio de la fuerza para imponer sus criterios e
intimidar a quienes opinan diferente. Utilizar una mayoría circunstancial de
votos para quedarse con el monopolio de la fuerza y luego usarlo para
intimidar, hostigar y hasta expoliar a la población se acerca a una tiranía. Un
tirano puede tomar el poder por las armas o por los votos y luego usar las
armas para imponer la tiranía y, recordemos, que las tiranías no están
dispuestas a entregar el poder. Por el contrario, usarán al máximo el monopolio
de la fuerza para retenerlo y neutralizar a sus oponentes políticos.

Cuando uno ve el comportamiento del gobierno que
ignora fallos de la justicia, intimida a quienes piensan diferente usando todos
los instrumentos que tiene a su disposición (entes recaudadores, poder de
policía, etc.) llega a la conclusión que tal vez estaría más seguro en el medio
de la selva africana con armas para defenderse, que en el medio de una
organización política que no le da oportunidades de defenderse porque o los
jueces dicen cualquier barbaridad, o el ejecutivo ignora los fallos de la
justicia cuando le son adversos, con lo cual, en esta última opción, la
justicia queda en algo simplemente abstracto. Bajo una organización social de
este tipo, desde mi punto de vista, es más justa la ley de la selva, porque al
menos uno tiene chances de defenderse porque las reglas de juego son parejas
para todos. En cambio, ¿quién puede defenderse del monopolio de la fuerza de un
gobierno que es arbitrario y prepotente?

La pregunta que uno puede formularse es: ¿por qué
alguien estará dispuesto a formar parte de una comunidad en la cual se desarma
y paga impuestos para sostener la administración de esa sociedad? La respuesta
sería que estoy dispuesto a sacrificar parte de mi derecho a la legítima
defensa si considero que la organización social en la cual me incorporo me
proporciona el servicio de defender mi derecho a la vida, a la libertad y la
propiedad. Como dice Roberto Cortés Conde, una persona está dispuesta a
permitir que el Estado le quite parte de su patrimonio e ingresos si a cambio
el Estado le da algo y, además, la cantidad de impuestos que debe pagar lo
determinan representantes elegidos por los ciudadanos. La gente tiene derecho a
elegir a sus representantes para que definan qué parte de su patrimonio le
quitarán para darle el servicio de protección. Pero el problema es cuando esos
representantes, o una parte de ellos, una vez en el poder se juntan con el
Ejecutivo y terminan siendo socios en la expoliación y en la violación de los
derechos individuales.

Basta ver como en los últimos tiempos, a resultas de
las elecciones del 14 de agosto pasado, ex kirchneristas devenidos en
antikirchneristas vuelen al ruedo kirchnerista. Este comportamiento me da la
pauta de estar en presencia de mercenarios que “trabajan” de políticos porque ven
en esa actividad un negocio personal.

Otro ejemplo al respecto, más de un candidato opositor
ha dicho que no puede bajarse de su candidatura a presidente porque si lo
hiciera todos los que están en sus listas de candidatos a intendentes,
legisladores, etc. quedarían sin chances. Pregunta: ¿y cuál es el problema si
un cargo público debería ser transitorio para administrar la cosa pública? Si
un candidato no se presenta y esto implica que el resto de la lista también
debe bajarse no hay ningún drama. Los candidatos a intendente, legisladores o
concejales deberán buscar otro trabajo, que por cierto se supone que debería
ser transitorio, como cualquier hijo de vecino. ¿O acaso los políticos tienen
que tener un puesto sí o sí porque no pueden hacer otra cosa? En definitiva, si
el oficialismo es peligroso, buena parte de la oposición es deprimente.

Pero volviendo al tema de inicio, mi impresión es que
hemos entrado en un terreno muy peligroso. Ya no se trata de errores en la
política económica, educativa o de relaciones exteriores. Aquí no está en juego
solamente el patrimonio y los ingresos de cada uno de nosotros. Acá están en
juego libertades tan elementales como la de expresión o la de ejercer toda
industria lícita. Si hoy constituye un delito hacer una estimación de inflación
que no coincida con el paladar del gobierno, mañana toda expresión contra el
oficialismo será tomada como traición a la patria con condenas penales. Típicos
casos de tiranías.

Seguramente en la Alemania de Hitler muchos alemanes
no habrán sufrido persecuciones, pero los que la pasaron mal, la pasaron muy
mal. En Argentina ocurre lo mismo. Mucha gente disfruta de la fiesta artificial
de consumo y, al no tener opinión política ni exposición pública, la pasa bien.
Pero otros que sí expresan su disconformidad con el régimen la pasan mal y
pueden llegar a pasarla peor.

Personalmente, y sin ánimo de transformarme en
víctima, he tenido tres inspecciones de la AFIP en 5 años y vivo pendiente del
próximo telegrama para una nueva inspección. Algún estúpido dirá que si tengo
todo en orden no tengo por qué preocuparme. La realidad es que es obvio que
tengo todo en orden, porque no voy a ser tan estúpido de tener un lío en mis
impuestos y escribir contra el régimen. Pero es evidente que mientras yo tengo
3 inspecciones en 5 años, los Kirchner lograron que la justicia les diera por
aprobado un incremento patrimonial injustificable y Boudou declara tasas de
rentabilidad envidiables. Mientras tanto yo, como tantos contribuyentes,
pagamos impuestos infernales para que el gobierno dilapide el fruto de nuestro
trabajo bajo supuestos planes de solidaridad social, planes que, en muchos
casos, terminan en escándalos de corrupción sin que la justicia encuentre
culpables. Es decir, no solo el Estado nos expolia impositivamente, nos
amedrenta con sus organismos de control, los escándalos de corrupción se
suceden uno atrás del otro sino que, encima, no se puede opinar diferente.

Me niego a aceptar que una mayoría circunstancial
tenga derecho a usar el Estado para violar mis derechos. Como dice Edmund
Burke: “La tiranía de una multitud es una tiranía multiplicada”.

Lamentablemente en Argentina hemos dejado de utilizar
el voto como un mecanismo de elegir a nuestros representantes para que ejerzan
un gobierno limitado y lo transformamos en un sistema para ver quién logra
retener el monopolio de la fuerza para oprimir a sus semejantes.

La legitimidad de un gobierno no se mide solamente por
la forma en que llega al poder, sino por el ejercicio que hace del mismo.
Tomando este segundo concepto digamos las cosas sin más rodeos: el kirchnerismo
ha perdido legitimidad por la forma en que usa el poder. El gran desafío de los
argentinos es volver a tener gobiernos que sean legítimos en su origen y en el
ejercicio del poder.