Las ONG y la corrupción en Guatemala

Siglo 21

De dos realidades se deriva una conclusión y una recomendación que merecen un análisis sosegado. Primero, en 2010, el 6 por ciento del presupuesto del país (US$390 millones) fue manejado por 255 Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Segundo, el Ministerio Público detectó un mal manejo en 56 ONG. Conclusión:  las ONG son un foco de corrupción estatal. Recomendación: que las ONG no intervengan en la realización de obras públicas. 

La prensa reporta el protagonismo de ONG en una larga lista de astucias que incluye la malversación de fondos gubernamentales, nacionales y extranjeros, por agrupaciones novatas carentes de experiencia; directivos vinculados estrechamente con funcionarios que asignan los recursos; dudosas intermediaciones entre entidades gubernamentales, y más. Para colmo, ¡ostentan irónicos nombres como Ángeles en Misiones Especiales Nacionales (AMEN)!

No obstante, es falaz concluir que toda y cualquier ONG tiene cachos y escupe fuego. La realidad es que, una vez instituida la oportunidad para desviar fondos estatales hacia fines particulares, surgirán grupos que compitan por apropiarse de una tajada del apetitoso pastel. Sobre todo si es más cómodo mamar del erario público que agenciarse de ingresos privados. Dado que el rédito supera los costos, se corrompen ONG y empresas preexistentes, y se invierten recursos y tiempo para establecer ONG fachada. 

Si lo que queremos es asignar culpa, deberíamos examinar, sobre todo, la arbitrariedad y discrecionalidad de los funcionarios en el manejo del gasto público. Además, deberíamos revisitar los mecanismos de evaluación de proyectos, desde su concepción hasta su entrega final, así como los procesos de fiscalización y rendición de cuentas. Si existen controles, ¿por qué no se cumplen? ¿A quiénes conviene la falta de transparencia? Además, no podemos obviar la advertencia de George Stigler, con su teoría de captura: los regulados (aquí, entes privados que manejan fondos públicos) tenderán a lograr la aprobación de controles y reglamentos que, lejos de perjudicarlos, los protegen y benefician. Las normas existentes no necesariamente garantizan la satisfacción del interés general.

Es importante no caer en la trampa de asumir que la corrupción desaparecería si el Gobierno hace todo por su cuenta y deja de contratar ONG. La competencia por dichos fondos seguiría existiendo, aunque se trasladaría al seno del sector público. Incluso podría aumentar la severidad y magnitud de la corrupción, en la medida en que grandes monopolios públicos, alejados del escrutinio ciudadano, manejen abultados e inescrutables presupuestos.   

Prohibir la formación de ONG sería suicida. Una importante razón de ser de las organizaciones benéficas privadas es la histórica deficiencia en la provisión de servicios esenciales por el Gobierno.  Es indispensable que coexistan múltiples asociaciones libres y voluntarias, sostenidas con aportaciones privadas y administradas con transparencia, que atiendan problemas puntuales con creatividad y eficacia.