¿Despenalizar qué?

El Nuevo Herald

Lima. – Postular viene de la palabra latina postulare, que significa solicitar, pretender. Esto es, cuando un ciudadano se postula para un cargo público, lo que hace es solicitarle, pedirle a sus conciudadanos que confíen en él y le voten delegándole transitoriamente su poder. Como contrapartida de ese poder y mandato que recibe, que implican facultades y privilegios (buenos sueldos y beneficios incluidos) de los que no goza el resto de la ciudadanía, el postulante se compromete a manejar los asuntos de la sociedad con total transparencia. Es decir, dando cuenta diaria a los ciudadanos, los dueños del poder, de todo lo que hace.

Ese pacto entre los gobernantes y los ciudadanos mandantes es medular en el sistema democrático. También es un dato clave para cuando se debate el tema de la “despenalización de los delitos de prensa”, como ocurre actualmente en el Perú y otros países de América Latina.

Es bueno precisar, para aventar prejuicios e intenciones aviesas disimuladas, que ese tipo de delitos –difamación, injuria, calumnia– que atacan el honor o pueden lesionar la imagen y trayectoria de las personas, no son “de prensa”, sino de comunicación. Se pueden cometer por carta, en asambleas, en reuniones públicas o privadas, en un bar, meramente a viva voz, y por supuesto a través de los “medios de prensa”.

También es preciso advertir que cuando se habla de “la despenalización”, no se pretende una patente de corso para los periodistas y desamparar a los ciudadanos comunes. De ningún modo, éstos deben estar protegidos y quienes abusivamente atentan contra sus derechos y libertades deben ser castigados con todo el peso de la ley.

Cuando las víctimas son los ciudadanos comunes no hay discusión ni excepciones, lo que desbarata el argumento de que con la “despenalización” se deja sin defensa al ciudadano común, de a pie, frente al “inmenso poder de los medios”.

Lo que se reclama, concretamente, es que este tipo de situaciones no se puedan canalizar por la vía criminal –para poder meter preso y amordazar al presunto culpable– cuando la presunta víctima es un funcionario público –cualquiera sea su cargo y posición– o personas que son públicas y notorias por su propia voluntad.

De eso se trata, de que no existan leyes escudos –llamadas de insulto o desacato– para que los funcionarios y personas públicas puedan evitar el escrutinio ciudadano y que a la vez constituyan una espada de Damocles para la prensa y una forma de incentivar su autocensura para cuando deben informar a los ciudadanos sobre lo que hacen sus representantes con el poder que le delegaron.

Y no pasa por meter presos a los periodistas. Hay que cumplir con el pacto, con lo asumido cuando se es postulante. Cada candidato sabe que pretender gobernar y estar por sobre los ciudadanos comunes implica informar de todo lo que hacen y también en gran medida sacrificar su privacidad.

No significa, empero, que se anule totalmente su intimidad. Cuando esta efectivamente es violada es de derecho que exijan una reparación por la vía civil, pero sin escudos y ni con esa opción de meter preso y callar al comunicador, al que quiere saber qué pasa y que en realidad lo que quiere es decir al resto de los ciudadanos qué es lo que está pasando con aquellos que le están manejando sus asuntos.

Los funcionarios, las personas públicas pueden recurrir a la justicia civil y estarse a los que los jueces decidan, que es como tiene que ser en un sistema democrático donde existen tres poderes y cada uno de ellos es independiente y autónomo y se equilibran y contrapesan entre sí.

No nos estamos refiriendo, por supuesto, a lo que ocurre en esa materia en el Ecuador de Rafael Correa. Eso es otra cosa.