Contracción del crédito, expansión del descrédito en El Salvador

En efecto, el total del financiamiento bancario al sector privado pasó de US$ 13,403 millones en el cuarto trimestre de 2008 a US$ 12,358 millones en el segundo trimestre de 2010. Una caída cercana al 8%.

Hay algunas explicaciones que, aún teniendo cierta validez, son simplistas e incompletas: a) una menor demanda de financiamiento por parte del sector privado; b) una supuesta falta de identificación de la banca, ahora internacionalizada, con las necesidades de las empresas locales, y c) el cambio de gobierno de 2009.

Pero hay otra explicación de la cual se habla poco: el deterioro del perfil de riesgo de los clientes. Que inexorablemente impulsa al alza los intereses.

En efecto, la mora crediticia, indicador del perfil de riesgo, pasó de 2.8% a 4.3% en dicho período. Es decir, creció un 35%.

Por su parte, las tarjetas de crédito, hoy en la picota, siguieron la misma tendencia: el saldo total financiado a través de ellas bajó más de US$ 100 millones entre 2008 y 2010. Y el costo de incobrables en ciertos segmentos alcanzó el 16%.

Sin embargo, el decreto aprobado por la Asamblea, lejos de intentar mitigar esa tendencia decreciente, avanza en la dirección equivocada. Con un entusiasmo digno de mejor causa. Perdiendo la oportunidad de corregir cosas que sí hay que corregir.

Sus impulsores no pueden alegar falta de información: con fecha 3 de septiembre de 2009 fue enviada a la Comisión Financiera de la Asamblea una carta firmada por el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), el Superintendente del Sistema Financiero (SSF), y el presidente de la Defensoría del Consumidor. Llevaba por adjunto un documento elaborado por el BCR y la SSF durante la actual administración.

Bajo el título: "Mercado de tarjetas de crédito en El Salvador", ese escrito destila solidez técnica y criterio a lo largo de sus 29 páginas. Es una pena que sus destinatarios no lo hayan leído por entonces, cuando estaba en discusión la Ley del sistema de tarjetas de crédito. La que ahora quieren reformar.

En las conclusiones del documento se indica que "la experiencia internacional demuestra que la intervención en el mercado para fijar una tasa de interés máxima en las tarjetas de crédito provoca incentivos fuertes a los emisores para excluir a los deudores cuya prima por riesgo no se vea compensada con el techo…". Así es en este planeta.

El trabajo sugiere con acierto impulsar ciertas medidas de transparencia e información, citando el caso de México donde "existe la obligación de desagregar en los estados de cuenta el dato de intereses, comisiones, capital y CAT (tasa de referencia conocida como Costo Anual Total)".

Además, recomienda obligar a los emisores de tarjetas a entregar información sobre "las consecuencias para el tarjetahabiente de hacer únicamente los pagos mínimos". Una asignatura pendiente de la banca salvadoreña.

Quienes también tienen asignaturas pendientes son las casas comerciales que venden al crédito, pues tal como indican las observaciones presidenciales al decreto "existen otras entidades comerciales que no siendo emisoras ni co-emisoras de tarjetas de crédito, según lo definido en la Ley, otorgan créditos incluso a tasas más onerosas que los mencionados emisores y pese a esto, no serían objeto de regulación…". Sin dudas.

De haber leído el documento del BCR y la SSF, recibido hace ya más de dos años…, los promotores de este insólito decreto se hubieran informado sobre las legislaciones de México, los Estados Unidos, y varios países de Sudamérica. Y hubieran evitado poner al presidente Funes en la incómoda situación de tener que observarlo.

Además, claro, se hubieran evitado a sí mismos seguir expandiendo su descrédito.

Hasta la próxima.

El autor es Ingeniero,  Máster en Economía (ESEADE, Buenos Aires) y columnista de El Diario de Hoy.