Ecuador: El Estado en el agro

El Universo

La intervención estatal en el agro ecuatoriano ya se practicó en el país durante 1970-1990, cuando existían la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización (ENAC), la Empresa Nacional de Productos Vitales (Enprovit), entre otras. Esa estructura supuestamente iba a lograr garantizarle a los productores un precio mínimo y un precio máximo a los consumidores. El sistema nunca logró ni lo uno ni lo otro, colapsó y se empezó a desmantelar a principios de los noventa.

Pero en 2008 el actual Gobierno decidió que el Estado debía intervenir en el agro nuevamente. Los resultados empiezan a verse:

¿Se acuerdan que en 2008 el Estado se convirtió en el único exportador de arroz y fijó el precio en $ 28 (por debajo del precio del mercado en ese momento)? “80 mil toneladas de arroz tienen dos años en bodega”, decía el titular de este Diario hace algunos días. Esa noticia citaba al Ministro de Agricultura, Stanley Vera, explicando que no se ha podido vender el arroz porque el precio está en $ 28 y el Estado lo compró en $ 31. Según un informe previsional de la Contraloría General del Estado (CGE), el Estado perdió $ 8,7 millones en la venta de arroz (con gorgojo) a Venezuela entre el 13 de agosto de 2009 y el 27 de mayo de 2010.

Para mayo de 2010 el Gobierno reconoció que no hay capacidad para guardar arroz en los centros de acopio de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA). El entonces presidente del Centro Agrícola de Daule, Lautaro Arreaga, declaró que “había que coimar a los funcionarios de la UNA para que les compren el arroz pilado”. En enero de 2010 la UNA constató que habían 7 centros de almacenamiento infestados de “gorgojo, gusano blanco, palomilla, polilla, roedores y palomas”.

Otra intervención de este Gobierno fue la de subsidiar la úrea. Con esto se pretendía asegurarle a los agricultores fertilizantes a buen precio. Naturalmente, surgió un mercado negro y hay indicios de corrupción. Por ejemplo, en octubre de 2010 diario Expreso reportó el “Desvío incontrolable de la úrea subsidiada”. El reportaje mencionaba la presencia de nombres falsos en la lista de beneficiarios del subsidio y citaba a agricultores que decían haber tenido que pagar el precio de mercado para obtener la úrea “subsidiada”.

Mientras tanto, las autoridades evaden responsabilidad por lo sucedido bajo su supervisión.

A organismos del Estado les correspondía verificar que la condición de las bodegas de almacenamiento sea adecuada, que el producto recibido o enviado esté y permanezca en buena condición, entre otras cosas importantes para evitar que aparezcan cosas como el gorgojo. Sin embargo, ahora cuando salen a la superficie indicios de una mala gestión ellos explican que lo que necesitan es “más poder”. Por ejemplo, el gerente de la UNA, Freddy Aguilar, ha declarado que el problema es que el Estado necesita tener más bodegas.

Claro, si el Estado no ha podido mantener en condiciones adecuadas 50 mil toneladas de productos, seguramente podrá hacerlo cuando tenga a su cargo 150.000.