Argentina: Primeros indicios de un giro hacia el realismo económico

La Prensa, Buenos Aires 

Néstor Kirchner fue el único presidente argentino en más de medio siglo que recibió la economía en crecimiento. El costo político por el feroz ajuste de 2002 lo había pagado Eduardo Duhalde y a mediados de 2003 cuando su "elegido" entró a la Casa Rosada Roberto Lavagna ya comandaba un proceso de recuperación con dos pilares: superávit fiscal y superávit comercial altos con un dólar muy competitivo, salarios bajos, capacidad instalada disponible e infraestructura ociosa.

La deuda pública no se pagaba y más tarde fue repudiada en su mayor parte. Pero lo que la crisis había reacomodado con un tremendo costo social la política no tardó en volver a desacomodarlo. Kirchner despidió a Lavagna y aumentó el gasto público de manera exponencial.

Estimuló el consumo artificial, desató un proceso inflacionario crónico y puso la economía al servicio de sus necesidades electorales. Todos los políticos pretenden hacer eso, sólo que "él" lo encaró en una escala nunca vista. El plan funcionó como se preveía: produjo fuerte crecimiento del consumo y la actividad, amplio respaldo popular y un igualmente rápido deterioro de las variables macroeconómicas.

Durante años el kirchnerismo justificó el "modelo" con dos herramientas: la falsificación estadística y un discurso populista nacional y popular. Pasadas las elecciones al menos una de esas herramientas -el blablablá ideológico- parece haber sido reemplazada por un más saludable sentido del realismo económico. Hay menos Amado Boudou y más Julio De Vido para ponerlo en términos personales. El ministro de Infraestructura es el mejor interlocutor de los empresarios y de Hugo Moyano; es a quien se recurre cuando se necesitan soluciones concretas e infundir confianza.

En realidad, la primera semana que siguió al triunfo electoral de Cristina Fernández constituyó un llamado al realismo imposible de desatender. La presión sobre el dólar llevó a la Casa Rosada a cometer un error cuyo costo sólo se conocerá en el futuro: cerró de hecho el mercado cambiario con medidas restrictivas disfrazadas de lucha contra la economía en negro. Intimidó a los compradores "chicos" y a los que no pudo intimidar directamente les negó los billetes verdes. Hasta la justicia intervino para frenar el drenaje de reservas. Las medidas policiales pueden tener un éxito transitorio, pero a la larga demuestran debilidad y siembran desconfianza. La prohibición fue un error político que tratan de achacarle a Mercedes Marcó del Pont, pero ningún funcionario se opuso en público a la medida.

Más realista fue en cambio la decisión anunciada el miércoles de recortar subsidios a empresas de servicios. El tijeretazo alcanza a una parte ínfima de lo que el Estado gasta en ese rubro (menos del 1%) pero constituye una reacción positiva. Los subsidios crecieron 20 veces desde 2005. Pasaron de 3.500 a 70 mil millones proyectados para este año. No sólo son una bomba de tiempo; con la crisis mundial la bomba tiene la hora adelantada.

El miércoles también anunció el gobierno que quería transferir los subterráneos a la ciudad de Buenos Aires. El subsidio de este servicio es de 700 millones anuales y Mauricio Macri se curó en salud: si los subtes vienen sin fondo habrá aumento de tarifas, vaticinó. Todos se protegen ante el ajuste inevitable que traerá costos políticos también inevitables.

Otra señal de los tiempos que vienen fue la negativa a modificar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. En épocas de ajuste fiscal el gobierno no puede resignar ingresos. Que el reclamo lo haya hecho Hugo Moyano agrega un condimento político al asunto: la confrontación que viene servirá para medir el liderazgo real de la presidenta, para saber si los votos se trasmutaron en poder efectivo y puede controlar al camionero.

Por último, otro indicio elocuente del nuevo rumbo oficial es la súbita luna de miel con Barak Obama. El gesto del presidente norteamericano de llamar a su colega argentina "gran amiga" y su promesa de abrir los mercados a nuestro país (que, dicho sea de paso, prohibe importaciones por problemas de balance comercial) es sólo el primer paso de lo que pretende el gobierno "k". La idea de fondo es volver, con la ayuda de Washington, al mercado de capitales y emitir deuda. Si consigue eso, la presidenta no tendrá sobresaltos financieros por los próximos cuatro años.