Guatemala: Nuestro marco constitucional

Siglo 21

Nuestra Constitución es muy extensa. Es una de esas constituciones llamadas “desarrollada” por los especialistas de la materia, pero esta no es una clasificación que explique mayor cosa sobre las implicaciones que acompañan a este tipo de constitución. Es desarrollada porque abarca muchos aspectos y en bastante detalle: los pueblos indígenas, la educación superior pública y privada, el trabajo, la familia, los bienes del Estado, su régimen financiero, la salud, el Ejército, la seguridad social, etcétera. Pero, ¿qué implica esto? ¿Es bueno, es malo, es indiferente? Son cuestiones opinables y eso es lo que me propongo hacer aquí: opinar. 

La Constitución establece los cimientos del edificio del Estado, de su gobierno, de su régimen jurídico público y fija los límites principales al ejercicio del poder político. Todo esto tiene que ser muy estable en el tiempo para que las instituciones derivadas del marco general puedan irse desarrollando paulatinamente y para que la ciudadanía pueda adquirir la experiencia de vivir dentro de dicho marco general. Aunque toda constitución sea perfectible y a veces sea necesario reformarla, es imposible pensar en un régimen político estable y serio si su norma fundamental se modifica constantemente. Es por esa razón que, por flexible que sea una constitución, por lo general es más difícil reformarla que a las leyes ordinarias del Estado. 

Ahora bien, ¿puede una constitución desarrollada pensarse para regir por cien años? ¿Puede siquiera esperarse que se ajuste fácilmente a los cambios sociales y políticos que se desarrollen en un cuarto de siglo? Yo lo creo muy poco probable pues, sobre todo en la era de la Internet, de la globalización, de la explosión tecnológica, muchas de las circunstancias de hace tan solo veinticinco años hoy en día son muy distintas. 

Es bastante bien conocido que nuestra Constitución es así de extensa, en buena medida, porque los diversos partidos, sectores y facciones que intervinieron en su preparación y promulgación necesitaban llegar a pactos, a compromisos y a entendidos en los que, si bien cedían algo a favor de otros grupos, por lo menos la médula de sus intereses quedaba protegida. Por consiguiente, no son pocos los aspectos de nuestra norma fundamental que ofrecen enormes dificultades interpretativas. Algunos parecen casi contradictorios. 

Es así que en cierto modo somos prisioneros de aquel pacto político de 1985 y que lo somos en tal cantidad de aspectos esencialmente cambiantes de nuestras vidas, que esa especie de corsé constitucional ya no aguanta con las tensiones sociales, económicas y políticas de la Guatemala de hoy.  No las hubiera aguantado en condiciones “normales”, mucho menos después del conflicto armado interno que ha dejado heridas tan profundas y muchas todavía abiertas. 

Nuestra Constitución debe reformarse, principalmente, para darle a la justicia institucional su lugar. Pero ni siquiera un Poder Judicial y de control de la constitucionalidad con las características adecuadas —que brillan hoy por su ausencia— podría ser capaz de convertir ese figurativo corsé en una túnica blanca, holgada y fresca para nuestra república. Creo que es necesario sacar de la Constitución todos esos aspectos sobre los cuales las visiones cambian, las preferencias se muestran diferentes a lo largo del tiempo, y la ciencia y la tecnología abren nuevas puertas.