Quieren cambiar ley antiinmigrante solo para eximir a ejecutivos

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Tenía que pasar.

Durante meses, los críticos repetían que la ley antiinmigrante de Alabama, la HB56 es demasiado estricta, que discrimina, que dañará aún más la ya doliente economía del estado al eliminar a aquellos trabajadores "baratos" que son esenciales para su agricultura y servicios.

La ley HB56 fue rubricada y puesta en efecto por el gobernador republicano Robert Bentley en junio, aprovechando que su partido ganó, en las elecciones de noviembre de 2010, la mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas.

Sus principales incisos se comenzaron a aplicar a partir del 15 de noviembre. Desde entonces, funcionarios estatales defendieron con fiereza su creación, llamándola una solución para los graves problemas económicos, incluyendo un 10% de cesantía.

Rechazaron cualquier tipo de crítica. Arrestaron a manifestantes que durante días protestaban en las calles de la capital Montgomery al grito de "Indocumentado y sin miedo".

Negaron que la nueva ley constituyese un incremento en violaciones a los derechos civiles.

No escucharon cuando se les confrontó con las consecuencias lógicas de implementar la ley, como un estudio que demostraba que su aplicación demolería sectores enteros de su economía.

Dieron la bienvenida cuando leyes similares avanzaron en otros estados: Georgia, Mississippi, Carolina del Sur, Texas.

Recibieron el apoyo de grupos antiinmigrantes nacionales.

Sin éxito, organizaciones tales como el Concilio Nacional de La Raza (NCLR) lucharon contra la HB56, diciendo que "Las familias hispanas en Alabama están confrontando la discriminación en la vivienda luego de que se aprobó esta ley draconiana".

Considerada la ley migratoria más severa del país, la HB 56 requiere a la policía pedir documentos de todos aquellos de quienes un agente sospeche que puedan ser indocumentados y demanda de las escuelas públicas recolectar información sobre el estado migratorio de sus estudiantes; ordena que los "ilegales" porten con ellos documentos de registro de extranjeros en todo momento y permite demandas en caso de que un residente del estado crea que los funcionarios públicos no están aplicando la ley de manera adecuada.

Todo hasta que el mes pasado, un agente de policía, fiel a la letra y el espíritu de la HB56, arrestó a un ejecutivo alemán de Mercedes Benz porque precisamente carecía de documentos migratorios adecuados.

Mercedes Benz tiene una importante planta de producción de automóviles cerca de Tuscaloosa, donde detuvieron al administrador. "La decisión del fabricante de carros de abrir una fábrica en 1993 en Alabama fue considerada una importante contribución a los esfuerzos estatales de desarrollo económico y crearon una tendencia entre otros fabricantes y proveedores de partes, que también abrieron fábricas en el estado, tales como las de Honda, Toyota y Hyundai", dice un informe de AP.

A fines de noviembre, otro ejecutivo automotriz, esta vez de la Honda japonesa, fue interceptado por la policía y acusado, siguiendo la nueva ley, de no poseer una licencia de conducir del estado. El funcionario tenía pasaporte japonés y licencia de conducir internacional. No fue suficiente.

Esta vez, sin embargo, la reacción fue diferente. Es cierto que los agentes de policía solamente estaban aplicando la ley estatal. Pero para los políticos de Alabama, preocupados por la atención internacional generada por ambos casos, las detenciones fueron demasiado.

Es que en vez de concentrarse en inmigrantes mexicanos y pobres, como ellos querían, los agentes estaban enfocándose en empresarios europeos y ricos.

De pronto, los políticos de Alabama comenzaron a hablar sobre la necesidad de hacer cambios y ajustes a la ley.

"Los líderes republicanos de Alabama vuelven a pensar de manera diferente sobre inmigración", dijo el título de una historia de AP en el Bloomberg Business Week este viernes.

El único problema fue que esos nuevos pensamientos no tenían nada que ver con la inmigración, pero sí con la raza, la imagen, los negocios y las inversiones.

"El gobernador Robert Bentley, quien rubricó la ley, dijo que llamó a ejecutivos extranjeros para decirles que ellos y sus compañías todavía eran bienvenidos en Alabama", dijo el informe de AP.
"No estamos en contra de compañías extranjeras. Estamos muy a favor de compañías extranjeras", insistía el mandatario, agregando que la ley era "muy complicada".

Además, el procurador estatal Luther Strange recomendó en una carta "anular algunas secciones de la ley que criminalizan a un inmigrante ilegal "por no llevar documentos de identidad o que requiere de las escuelas públicas recolectar información sobre el estado legal de sus alumnos", según la nota de marras.

"La carta… representa la primera vez que el fiscal estatal expresa preocupación desde que comenzó a defender en un tribunal federal la ley, después de que ésta fuese apelada por 30 organizaciones e individuos".

Por supuesto, Strange conoce la situación, porque él es quien está defendiendo la ley y la corte ya suspendió la aplicación de ambas cláusulas.

Además, Business Week informó que "el jefe de la bancada republicana en el senado estatal Gerald Dial dijo que los legisladores tienen quejas de gente de que les piden documentos para demostrar que son residentes legales cada vez que quieren renovar sus licencias profesionales o reportar la compra de un automóvil".

Al parecer, el cambio de actitud fue iniciado por un grupo empresarial, la Alianza de Negocios de Birmingham, cuyo presidente, James McManus es también el principal ejecutivo de la corporación Emergen, cuya sede está en esa ciudad y que "posee aproximadamente 900 millones de barriles de petróleo".

Organizaciones hispanas tales como LULAC, la Liga Unida de Ciudadanos Latino Americanos, establecida en 1929, llamaron a la "industria del automóvil y empresas de proveedores relacionados a reconsiderar las provisiones punitivas de la ley HB 56 antes de hacer negocios con Alabama".

El documento de LULAC proporciona una lista de compañías que han ampliado recientemente o que piensan ampliar sus operaciones en Alabama.

Pero a los políticos no les importó hasta que se dieron cuenta de que su bello estado encabeza la competencia extraoficial por ser el más raro, el estado más paria del país. Es que los miden por su trato a la inmigración, que después de todo es una cuestión de política nacional, federal.

Aprobaron la ley en un abrir y cerrar de ojos, sin pensar en su contenido
ni considerar sus consecuencias. Lo hicieron montados en una ola de sentimiento antiinmigrante y emociones contra la gente a que ellos llaman simplemente "ilegales".

Ahora que tienen "nuevos pensamientos", van a tratar de enmendar la ley, para que siga atacando a familias de imigrantes latinos, pero no a ejecutivos y hombres de negocios alemanes o japoneses.

Pero podrían, una vez más, fracasar.